Cristianos de base sobre los abusos: “Los obispos tienen que ser valientes o pueden destrozar el pensamiento católico”

Carmen Pellería reza a diario. A sus 67 años, esta maestra de Santander ya jubilada, se define como una católica optimista, pero está en pie de guerra contra la posición adoptada por la Conferencia Episcopal (CEE) respecto a la investigación que afronta la Iglesia española de 251 casos de pederastia, de la que se ha desmarcado alegando que es el Vaticano el órgano competente. “Los obispos tienen que ser valientes, pedir perdón, investigar, reunirse con las víctimas y compensarlas económicamente, de no ser así pueden destrozar el pensamiento católico”, defiende Pellería en conversación telefónica desde su casa. Como otros cristianos de base, esta mujer no aprueba algunos de los argumentos sostenidos por los máximos representantes de la Iglesia española, como que los abusos pueden ocurrir en cualquier ámbito de la sociedad. “Ellos son el nombre de Dios y tienen que abrirse en canal y asumir responsabilidades”, señala.

A comienzos de esta semana, después de que EL PAÍS entregara al Vaticano y al presidente de los obispos españoles, el cardenal Juan José Omella, un ejemplar de la investigación, un portavoz aseguraba no saber nada de cómo se va a proceder, ni cuáles son los tiempos, ni si se tomarán medidas cautelares contra aquellos acusados aún en activo. Explicaba que es el Vaticano quien se encarga de la investigación y debe responder a estas preguntas. Esa postura choca con la de la Santa Sede, que tras recibir el informe supervisa la investigación de la Iglesia española. En el Vaticano causa sorpresa que la CEE no se ciña a las reglas canónicas, que indican claramente que quien recibe denuncias tiene el deber de iniciar una investigación. La CEE siempre se ha negado a emprender una revisión del pasado y rechaza una comisión de la verdad independiente como la creada en Francia, Alemania y otros países.

Evaristo Villar, madrileño de 80 años y cofundador de Redes Cristianas ―que agrupa a 200 organizaciones católicas de España―, cree que el episcopado español “está de espaldas a la modernidad y la teología actual” y no está en la línea “de lo que parece que quiere el Papa”. “Han echado balones fuera y al final ha sido una institución civil [en referencia al diario EL PAÍS] la que ha liderado la investigación... No se trata tanto de un pecado como de un delito y se debe llevar ante la justicia civil, al tratarse de niños es más urgente e imperativo”. Villar no es capaz de entender el “ocultamiento” de la CEE cuando “la mayoría de la enseñanza privada está en sus manos” ―más del 60% de los centros concertados en España son católicos―, y, “al fin al cabo, eso son niños”, recalca.

A las puertas de la parroquia de San Cristóbal y San Rafael, en la calle Bravo Murillo de Madrid, Chechu Marcos, de 49 años, ve con mejores ojos que la CEE no tome la iniciativa. Cree que “tal vez lo hayan decidido así para que la investigación sea más imparcial” y está de acuerdo con que sea el Vaticano el que lleve las riendas. No da más explicaciones.

A dos kilómetros de la Puerta del Sol de Madrid, en una glorieta se encuentra la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, que da sentido a la parada de metro allí ubicada: Iglesia. A Conchi Arribas, de 57 años, que se santigua al mirar al altar de la capilla, no le tiembla la voz para pedir “que se investigue” y que “caiga quien tenga que caer”. Pero no está de acuerdo con que tengan que ser “otros” y no la CEE “la que se manche las manos” para llegar a la verdad.

Otro de los argumentos sostenidos por los fieles es el “maltrato indirecto” que los obispos están dispensando a las víctimas al no darles credibilidad. Juan José Tamayo, emérito de la cátedra de Teología y Ciencia de las religiones de la Universidad Carlos III, defiende que no creer en el testimonio de las víctimas supone “minusvalorar a los que han sufrido”. “Esa insensibilidad ante el dolor, falta de compasión al no ponerse de su lado, no compartir su sufrimiento y no aliviarlos con la escucha es monstruoso”. Tamayo rechaza que en lugar de sacar a la luz a los pederastas, la CEE acuse a EL PAÍS de falta de rigor, “una prueba más” de su negativa a conocer la verdad y asumir su responsabilidad. “Están contraviniendo el mensaje de Jesús de Nazaret: la verdad os hará libres”.

De manera parecida piensa la también teóloga Margarita Pintos. “Han tratado de minimizar el escándalo alegando que son pocas las víctimas, como si un solo niño no mereciera la pena, el criterio del número es anti evangélico”. Pintos no cree que esa postura de desentenderse les vaya a pasar factura. “Saben muy bien que sus fieles van a imitar su conducta y van a echar la culpa a las víctimas; algunos obispos han llegado a afirmar que los niños provocaban”.

Emilia Robles, coordinadora desde 2002 de la red cristiana internacional Proconcil, tiene sentimientos encontrados. Por un lado, hace una crítica muy dura a la Iglesia española. Cree que “echar balones fuera diciendo que esto sucede también fuera” no es tolerable. “Evidentemente, allí donde hay abuso de poder no controlado y una sexualidad enferma puede suceder. Pero el que se repita en la Iglesia pone de manifiesto que hay un abuso de poder continuo, sin control”, expone. Robles defiende el celibato voluntario siempre que la persona tenga un buen equilibrio afectivo, se sienta realizada en ese estado y vaya unido al servicio gratuito. Pero cuestiona el “celibato institucionalizado unido a privilegios y a poder, que se quiere poner como ideal de perfección, desvalorizando en la práctica la vida en pareja”. En su opinión, la raíz del problema se remonta al hecho de que “durante décadas en los seminarios ha faltado educación afectivo-sexual”. Por otro lado, pide que no se meta a toda la jerarquía de la Iglesia en el mismo “saco”. “También hay laicos que son proclives a la ocultación e impunidad de los abusos de poder”, argumenta.

Si conoce algún caso de abusos sexuales que no haya visto la luz, escríbanos con su denuncia a abusos@elpais.es