Lepe estrena un hospital concertado a medio gas y tiene uno público cerrado sin carretera de acceso

Tomás Antonio Almansa se despertó el pasado 27 de mayo en su casa de Lepe (Huelva, 27.000 habitantes) y la boca no le respondía. Cuando llegó al Hospital Virgen de la Bella, los médicos le dijeron que podía ser un ictus, pero se negaban a trasladarle al Hospital Juan Ramón Jiménez, el mayor de esa provincia andaluza, que está en la capital y dispone de unidad especializada para infartos cerebrales. “Pasó una noche en el Virgen de la Bella y a la mañana siguiente se les olvidó darle la medicación para el síndrome antifosfolípido [el cuerpo crea anticuerpos en la sangre] que padece, no bebía porque no tragaba bien y nadie acudía porque no hay neurólogo ni hematólogo. Hasta que mis cuñadas sanitarias intervinieron, no accedieron al traslado. En el Juan Ramón le diagnosticaron una parálisis facial y tres micro infartos que no detectaron en el Virgen de la Bella, ese hospital es terrible”, recuerda Joaquina Gómez, esposa de Almansa.

La mala experiencia de esta pareja ocurrió en el nuevo hospital privado del grupo Pascual para los 96.695 vecinos de la costa occidental onubense con el que la Junta andaluza ha concertado 13 especialidades médicas. Pero seis de ellas no están operativas: no hay pediatras, ginecólogos, neumólogos, oftalmólogos, rehabilitadores y hematólogos, pese a que el convenio firmado el pasado marzo por 2,8 millones al trimestre sí los incluye. Mientras, Lepe tiene desde 2016 un hospital público de alta resolución construido con 60 camas, pero no se puede inaugurar porque carece de carretera de acceso, pendiente de que el Ministerio de Fomento la construya desde hace cinco años.

“Es una tomadura de pelo. Una población de 95.000 personas que se triplica en verano tiene que viajar entre 30 y 60 kilómetros, con señores que fallecen y embarazadas que dan a luz en el camino. Huelva es la provincia andaluza con menos matronas, camas, enfermeras y pediatras, que solo atienden al 40% de nuestros niños [el 60% son atendidos por médicos de familia]. Los agravios son brutales”, se lamenta Diego Mora, presidente de la asociación onubense Unidos por una Sanidad Pública de Calidad y médico intensivista en el Hospital Juan Ramón Jiménez.

Almansa mezcla la alegría de que hoy su parálisis mejora poco a poco con un agrio sabor de boca: “A la médica que me atendió le hice una pregunta para que me contestara con sinceridad: ¿qué haría usted? ‘Yo me iría a la unidad de ictus’, me respondió. Si esto no tiene neurólogo ni hematólogo, ¿por qué me mandaron aquí? Solo pido que no le pase a nadie más”.

Atención previa gratuita

El grupo Pascual abrió el Virgen de la Bella en 2017 y ha atendido durante cuatro años a la población general de manera gratuita, pese a carecer de concierto con la Junta. Es una táctica comercial puesta en práctica en anteriores localidades andaluzas como Villamartín o Sanlúcar de Barrameda ―ambos en Cádiz―, por la que tras generar la necesidad en la población, la presión popular de alcaldes y vecinos obligaba a la Junta a concertar los hospitales.

Hace un mes, cuando saltó a la luz el documento interno del Servicio Andaluz de Salud (SAS) que detallaba las seis especialidades que no se prestan en Lepe, el Gobierno andaluz matizó: “Evidentemente, la Junta no puede pagar al centro por servicios o asistencias que no preste o no oferte”. Sin embargo, hace un año el Gobierno andaluz pagó 43 millones a Pascual por servicios no prestados, escudándose en que los contratos estipulaban un pago por “disponibilidad asistencial” a 14 municipios gaditanos, según informó La Voz del Sur. Ahora la Junta ha rechazado opinar para este reportaje.

El director médico del hospital, Carlos Hernández, alega que Pascual ha cumplido el convenio con la Junta: “El contrato no obligaba a tener 13 especialidades, sino que nos las daba [la Junta] para cumplir esos actos médicos contratados como intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias, consultas externas o urgencias, que se han cumplido en estos tres meses con las especialidades que teníamos”.

La población de la comarca costa occidental onubense, que ronda las 300.000 personas en verano, atañe a Lepe, Ayamonte, Isla Cristina y Cartaya. La alcaldesa de este último municipio, Pepa González (PSOE) censura: “Tras una reunión de varios alcaldes con el consejero [Jesús Aguirre, de Salud y Familias] para pedirle que abriera el hospital público, asombrosamente salió el contrato con el Virgen de la Bella con la mitad de los servicios concertados. No puedo entender cómo nos dice que se abrirá un hospital y luego concierta. La única explicación es la privatización de la sanidad por parte del PP”.

El grupo Pascual es el más potente de la sanidad privada concertada con la Junta andaluza y dispone de privilegios como recibir 207 euros por cada acto médico concertado, mientras que el precio medio en la región ronda los 140 euros, según denuncian fuentes de la Inspección de Servicios Sanitarios de la Junta. “No se hacen inspecciones, ni antes ni después de los conciertos, tampoco evaluaciones al azar de algunos conciertos y ni siquiera de los facultativos que deben cubrir las unidades asistenciales. Es todo muy opaco”, censuran dichas fuentes.

La plataforma Marea Blanca en Defensa de la Sanidad Pública ha criticado “el uso desleal e ilegal de su posición de dominio de mercado, de una empresa litigante y hostil respecto a la sanidad pública”. En 2018 el Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía impuso dos multas a Pascual de 5,3 millones por “conductas anticompetitivas y precios abusivos en Cádiz y Huelva”, pero los conciertos perduran.

El pasado septiembre el hospital de Pascual en El Puerto de Santa María (Cádiz) atendió dos brotes con 46 ancianos positivos por coronavirus. “Llegué a tener 27 pacientes a mi cargo, jugabas con tu salud y la de los pacientes, era un trato inhumano. Pascual desprestigia la profesión porque se enriquecen a costa de los trabajadores y cuando denunciamos al comité de empresa [de UGT] nos tildó de rojos”, denuncia un enfermero que exige anonimato. La ratio habitual es de 18 pacientes por cada enfermero en Pascual, cuando el Servicio Andaluz de Salud tiene una media de nueve pacientes y la media europea ronda los cinco. José María Manzano, presidente del comité de empresa de UGT en los siete hospitales del grupo, admite que la ratio “no le preocupa especialmente” y está centrado en la mejora salarial de la plantilla, de unos 1.800 trabajadores.

Un hospital público sin pacientes y construido hace cinco años

Lepe dispone desde 2016 de un hospital público con 60 camas y que costó 28 millones ―el 80% pagado por fondos europeos―, pero que aún espera su inauguración por carecer de una carretera de acceso de 1,5 kilómetros. Casi 17 años después de firmarse el primer convenio, la vía de acceso es un camino de tierra. En 2016 el Ministerio de Fomento firmó otro acuerdo para ejecutar las obras, pero cinco años después solo están construidas las glorietas.

¿Por qué no realizó Fomento las rotondas y la vía de acceso en paralelo para acabar las obras cuanto antes? El departamento no responde. Los casi 100.000 onubenses de la costa occidental deberán esperar al menos otro año más porque el proyecto de la vía de acceso está licitándose ahora y aún se deben ejecutar las expropiaciones de terrenos.