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Los colectivos de juristas feministas aplauden la futura ley de libertad sexual

La norma prevé reducir las penas por agresiones y castigar el acoso callejero

Cadena feminista por Madrid, el pasado 8 de febrero.
Cadena feminista por Madrid, el pasado 8 de febrero.

Los principales colectivos de juristas feministas apoyan las líneas maestras de la nueva ley de libertad sexual que prepara el Gobierno. Tal y como adelantó ayer EL PAÍS, la norma eliminará el concepto de “abuso” para considerar todos los casos como agresiones sexuales. Además, reducirá las penas por ese delito y añadirá como agravantes tanto las violaciones dentro de la pareja como aquellas que se producen cuando la víctima tiene anulada su voluntad por haber ingerido fármacos o drogas.

Lucía Avilés, de la Asociación de Mujeres Juezas de España, interpreta que existe una voluntad política de un cambio con perspectiva de derechos humanos y enfoque de género. Pero también reclama dotación presupuestaria y medios para que las mejoras vayan más allá de las tipificaciones penales. “Hay que estudiar qué formación se les va a dar a los diversos operadores jurídicos y, si se va a aumentar la atribución de competencias a los juzgados de violencia sobre la mujer [algo que incluirá la nueva norma], lo tenemos que ver como positivo, son los que tienen más formación y mejor predisposición, pero se tiene que acompañar con un aumento de los recursos judiciales”, opina la jurista. Con respecto a la rebaja de penas a los agresores, Avilés también está de acuerdo: “Desde el movimiento feminista tratábamos de hacer entender que no queríamos un aumento de penas, sino llamar a las cosas por su nombre”.

En la misma línea opina Elena Ocejo, presidenta de la Asociación de Abogadas por la Igualdad. “Por lo que sabemos, sin conocer el detalle, habrá un delito único de atentado sexual. Cuando se produzca no será necesario probar la violencia y la intimidación porque se considerará que ya existe en el tipo penal. Eso supone un salto cualitativo importante. Las palabras son básicas porque configuran realidades y la palabra abuso ofende a una mujer que se ha sentido profundamente agredida en su libertad sexual”. Ocejo también aplaude que se fomente la formación de los juristas, pero su asociación reclama que no sea simplemente presencial, sino que haya evaluaciones. “Quien la reciba debe poder demostrar que ha logrado un aprendizaje de contenidos mínimos en igualdad, en no discriminación, que es capaz de identificar los estereotipos de género, que puede introducir la perspectiva de género en delitos de libertad sexual”, dice.

Un sector del feminismo, sin embargo, no está de acuerdo con estos cambios legislativos. Blanca Estrella, presidenta de la Asociación Clara Campoamor, rechaza que se hable de “agresión”. “Las mujeres te cuentan: ‘A mí no me han agredido, me han violado”, asegura. También está en contra de que se rebajen las penas: “El problema que tenemos es que el asesinato es muy barato. Matar a una mujer o un niño es barato. Pero para eso la solución no es rebajar las penas del resto de delitos y mucho menos ampararse en que se hace por el movimiento feminista”.

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