Un juzgado de Alicante condena a Sanidad por no proteger a los médicos en la primera ola de la covid
La consejería que dirige Ana Barceló estudia la sentencia a una demanda del Sindicato Médico con la intención de recurrirla
El juzgado de lo Social 5 de Alicante ha condenado a la Consejería de Sanidad Universal de la Comunidad Valenciana por generar “un grave riesgo para la seguridad y salud” de los médicos de la provincia de Alicante [salvo los de Elche y Benidorm, pendientes de juicio], al permitir que trabajaran sin las medidas de protección necesarias para atender a los pacientes de la covid-19 y “provocando su exposición directa al contagio”. El fallo, contra el que cabe recurso, insta a los afectados a solicitar la indemnización correspondiente por la vía contencioso-administrativa y obliga a Sanidad a suministrar los materiales necesarios.
La sentencia, que se apoya en un caso similar juzgado en Aragón, considera que tras la declaración de emergencia “y continuando con el Estado de Alarma y sucesivas prórrogas” decretados por el Gobierno durante la primera oleada de primavera, el gabinete que preside Ana Barceló incumplió, “en el ámbito de su gestión, la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales”. La magistrada Rosario Puig detalla que los médicos carecían de “batas impermeables, mascarillas FPP2 y FPP3, gafas de protección, calzas específicas y contenedores de grandes residuos”, los componentes de los equipos de protección individual (EPI) indispensables para la atención sanitaria de enfermedades infecciosas.
El sindicato médico CESM, que interpuso la demanda, celebra el fallo y cree que solo puede conducir a la “dimisión inmediata” de Barceló, según su secretario general en la Comunidad Valenciana, Víctor Pedrera. “Las autoridades sanitarias despreciaron al colectivo médico durante a primera ola de covid-19”, manifiesta Pedrera, quien asegura que en el sindicato están “satisfechos” porque sus derechos laborales “hayan sido reconocidos en los tribunales”.
También avisa el CESM de que su gabinete jurídico no va a parar. “Esta sentencia deja sin lugar a dudas la necesidad de investigar la responsabilidad penal de la consejera y todos los directivos de Sanidad”, declara su responsable, Guillermo Lago. El abogado sindical confía que “de forma urgente se proceda a la admisión de la querella interpuesta” en abril ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV). Igualmente, Lago señala que “en próximas fechas” están previstos juicios similares en los dos municipios alicantinos que quedan excluidos en esta sentencia, Elche y Benidorm, así como en Valencia y Castellón. Finalmente, el CESM anuncia que presentará nuevas denuncias contra Sanidad, “por su negligente gestión y el grave perjuicio que les ha ocasionado de forma directa”, subrayan.
Fuentes de la Consejería de Sanidad apuntan que los servicios jurídicos ya están analizando la sentencia “con la intención de recurrirla”. Aseveran también que el sindicato médico “está en su derecho de pedir la dimisión de quien quiera”, pero avanza que Barceló “no va a dimitir” por la resolución dictada por la magistrada.
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