Las Tablas de Daimiel abre los pozos de emergencia para salvar las lagunas

La sequía se abate desde hace seis años sobre el parque nacional de las Tablas de Daimiel, la única llanura de inundación de clima semiárido que sobrevive en Europa ubicada en la cuenca alta del río Guadiana, en Ciudad Real. La falta de lluvias unida a la sobreexplotación por la agricultura del acuífero 23 que abarca 5.000 kilómetros cuadrados, y del que depende el humedal, ha provocado que el parque se encuentre, una vez más, en una situación crítica con solo 36 hectáreas encharcadas de un total de 1.700. En esta época se prevé que haya al menos 600 hectáreas con agua. Para evitar que el delicado ecosistema acuático colapse, el viernes de la semana pasada la Comisión Mixta de Gestión de Parques Nacionales de Castilla-La Mancha, de la que forma parte el Ministerio para la Transición Ecológica, autorizó el bombeo de agua desde los pozos de emergencia.

El sistema, construido en 2009 cuando las turberas del subsuelo entraron en autocombustión, se utilizó por primera vez en marzo pasado porque se temía que con la llegada del calor se repitiera el dantesco escenario que amenazó con acabar con el humedal. Entonces, el suelo se resquebrajó por la sequía y la turba, una especie de carbón vegetal, comenzó a arder sola al entrar oxígeno por las grietas y calentarse. La situación del parque era peor que la actual, estaba seco y tan solo se mantenían inundadas cinco hectáreas de un recorrido para los visitantes. En esta ocasión, con el recuerdo de las Tablas humeantes, se actuó antes y de marzo a mayo se bombearon 3,5 hectómetros cúbicos, que inundaron una superficie de 310 hectáreas. No duró mucho; después del verano 274 hectáreas de ellas se habían vuelto a secar.

Los últimos datos del Instituto Geológico Minero de España (IGME) indican que este año el agua subterránea ha bajado una media de un metro, lo que implica una disminución de 125 hectómetros cúbicos menos que en 2019 (un hectómetro cúbico corresponde al volumen del Santiago Bernabéu). “La situación del acuífero es mala y ha disminuido entre cuatro y seis metros con respecto a 2014, cuando estuvo mucho mejor debido a un periodo de lluvias muy intenso”, explica Miguel Mejías, jefe del Área de Hidrogeología del IGME del Instituto Geológico Minero y encargado de controlar el nivel del acuífero desde hace 25 años.

A pesar del lamentable estado del humedal, Mejías asegura que el escenario ha mejorado algo, porque en periodos de sequía semejantes al actual, el almacenamiento de agua disminuía mucho más. El investigador avisó en un informe de febrero de este año de que usar los pozos de emergencia o un transvase del río Tajo —las dos alternativas que permite la normativa— no “suponía en ningún caso la solución definitiva al problema estructural de la falta de recursos hídricos”.

Para llevar agua del Tajo al parque nacional debe haber excedentes en la cuenca y existe el riesgo de que entren especies alóctonas, además de ser una medida muy controvertida. Sus detractores consideran que el río ya tiene suficiente carga con el trasvase al Segura, y sus defensores opinan que extraer agua del acuífero 23 implica una disminución que se suma a las extracciones habituales. Mejías mantiene en su informe que ninguna de las dos opciones es excluyente y que, a corto plazo, se debería usar todos los años alguna de las dos o una combinación de ambas hasta que la situación climatológica permita asegurar la supervivencia del humedal.

José Manuel Hernández, portavoz de la Asociación Ojos del Guadiana Vivo, va más allá y sostiene que no se puede aceptar “que se continúe con estos parches para maquillar un enorme problema”. “Hay que cambiar la política agraria de Castilla-La Mancha, porque no se puede gastar más agua de la que entra. Este es el laboratorio perfecto para emprender la supuesta transición ecológica y cumplir con la directiva marco de agua de la Unión Europea”, declara.

El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, (CHG) Samuel Moraleda, admite la dificultad de controlar 300.000 hectáreas de regadío, pero asegura que el plan de uso y gestión del agua puesto en marcha en marzo está ayudando. Con los refuerzos que han recibido de personal han podido llevar a cabo 5.000 inspecciones en las explotaciones agrícolas y han tramitado 100 denuncias, “triplicando las del año pasado”.

Han descubierto, además, 30 caudalímetros manipulados. “Es extremadamente complicado detectar ese fraude por el que los infractores se enfrentan a multas de como mínimo 50.000 euros”, puntualiza. Los controles han sacado a la luz también 3.500 hectáreas de riegos ilegales. En el Alto Guadiana existen unas 60.000 captaciones de agua legales, según datos de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, a las que se suman 1.648 censadas que no se normalizaron con el plan especial de 2008, en el que se legitimaron miles de pozos.