El despliegue del Ejército de Brasil en la Amazonia no logra frenar la deforestación

Cinco áreas críticas concentran casi el 45% de toda la deforestación que se ha practicado en la selva amazónica en 2020. La Operación Verde Brasil 2, iniciada en mayo bajo el mando del vicepresidente Hamilton Mourão, con el objetivo de prevenir y reprimir los delitos ambientales en la Amazonia, sabía desde el principio cuáles eran. Desde febrero, el Instituto Nacional de Estudios Espaciales (INPE, por sus siglas en portugués) los controlaba con la ayuda de imágenes satelitales: cada 24 horas se genera una foto de alta definición, aunque esté nublado. Estas fotografías permiten analizar la evolución de la deforestación y los incendios de una forma hasta ahora inédita, una iniciativa desarrollada en conjunto con el Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (Ibama). Un control efectivo en estos cinco puntos se traduciría en más extensión de selva. Pero no es lo que ha sucedido. En junio, hubo un récord histórico de deforestación e incendios.

EL PAÍS ha entrevistado a cuatro inspectores del Ibama que estaban, directa o indirectamente, relacionados con la Operación Verde Brasil 2. Todos han querido ocultar su identidad para evitar represalias, ya que están subordinados al Ejército. Sus relatos apuntan contra la falta de efectividad de los militares a la hora de elegir los objetivos: dan prioridad a acciones que no atacan directamente los focos de deforestación y los incendios activos, como bloquear carreteras e incautar troncos ya talados. A las explotaciones mineras ilegales —los grandes villanos ambientales—, no las tocan. Los funcionarios del Ibama señalan además la falta de experiencia a la hora de realizar controles, ya que se centran en acciones de patrullaje, que no son efectivas para preservar la Amazonia.

¿Cuál es el resultado de este desajuste entre lo que hay que hacer en materia de controles y lo que prioriza el Ejército, según estos funcionarios? Además del récord histórico de deforestación e incendios en junio, la tala acumulada en el semestre aumentó un 25% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las imágenes satelitales indican una devastación de más de 3.000 kilómetros cuadrados. El Ministerio de Defensa, al ser cuestionado sobre esto, respondió que la operación “ya cuenta con números significativos”. “Se han llevado a cabo 16.104 inspecciones, patrullas, registros y revisiones, y se incautaron 107 equipos, como motores de explotaciones mineras ilegales, balsas, tractores, excavadoras, vehículos, entre otros. También se han embargado 33.012 hectáreas y se han realizado 153 arrestos”, dice en un comunicado.

Aunque contaban con la información precisa de los puntos críticos, los inspectores del Ibama dicen que estaban atados de pies y manos. ”Como la coordinación era del Ejército, proponíamos los objetivos y ellos tenían que aprobarlos. Me fijé en que las explotaciones mineras ilegales nunca se tocaban; si estaban en la lista que les pasábamos, las eliminaban”, cuenta uno de los inspectores. Los funcionarios del Ibama afirman que el Ejército, a pesar de ser un gran aliado en el apoyo logístico de las operaciones contra los delitos ambientales, no tiene vocación ni entrenamiento para realizar controles. “Desde hace años colaboran en las operaciones. Pero hay una falta de objetivos sobre lo que se hace en el terreno, como si el control fuera solo patrullar y circular”, explica un inspector. “Bloquear las carreteras no evita la devastación de la selva. Eso lo hacíamos hace 10 años”, agrega. El propio vicepresidente Hamilton Mourão confirmó que la deforestación en la Amazonia ”sobrepasa lo que puede considerarse aceptable”.

Un éxito del Ibama

En el lanzamiento de la Operación Verde Brasil 2, los números impresionaron: se desplazarían al lugar 3.815 militares, 110 vehículos terrestres, 20 buques y 12 aviones. Todo esto a un coste de 60 millones de reales (11,5 millones de dólares), prácticamente el presupuesto anual del Ibama para realizar controles. Esta cantidad aún puede aumentar: el Gobierno ha redactado un proyecto de ley para invertir 410 millones de reales (78,6 millones de dólares) más.

A pesar de la cantidad de recursos humanos, financieros y tecnológicos que tiene a su disposición, la operación no ha sido un éxito en la lucha contra la devastación de la Amazonia. Sí lo ha sido el Ibama, con una operación que realizó entre el 15 de enero y el 30 de abril en el sur del Estado de Pará, cerca de la ciudad de Altamira. La situación allí, un área que concentra cuatro tierras indígenas -Ituna, Itatá, Apyterewa y Trincheira Bacajá-, era dramática. En una de las tierras, los ocupantes ilegales habían construido una pequeña aldea para atraer a más invasores, había hasta un cobertizo con tinas para almacenar combustible para aviones. “Estas tierras indígenas fueron las más deforestadas en Brasil en 2019, según las imágenes por satélite. Había varios focos de deforestación activa allí”, cuenta un inspector del Ibama que participó en la operación. El objetivo era audaz: acabar con la devastación en aquel lugar.

Los efectivos fueron modestos, en comparación con los números de la Operación Verde Brasil 2: entre siete y 10 inspectores al mes y un total de 40 profesionales. El resultado logrado difiere muchísimo del alcanzado por el Ejército: “Acabamos con la deforestación en la región durante el período en el que operamos. El impacto fue tan grande que, al eliminar la devastación en esas áreas, redujimos el número total de deforestación en tierras indígenas en Brasil en un 58%”.

Para este inspector, hay que entender qué hay detrás de la deforestación. “No es algo disperso. Es una cuestión de crimen organizado”, dice. “Cuando actúas en un área crítica, desmantelas una organización criminal, desmantelas toda la estructura de crimen ambiental, de usurpación de recursos y tierras públicas. No vas para multar a una sola persona”.