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El Supremo ratifica la prisión permanente revisable para el hombre que violó y asesinó a una niña de cuatro años en Valladolid

El alto tribunal condena a la madre de la menor a 13 años de cárcel por el delito de asesinato en la modalidad de comisión por omisión

Juan Navarro
Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.
Fachada del Tribunal Supremo, en Madrid.efe

El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León por la que condenaba a prisión permanente revisable a un hombre, Roberto Hernández, por la violación y asesinato de una niña de cuatro años en Valladolid. La menor, que se llamaba Sara, falleció el 3 de agosto de 2017 tras varios días ingresada en el Hospital Clínico de la ciudad por un traumatismo craneoencefálico al que se añadieron, tras la exploración del cadáver, múltiples contusiones y signos de agresión sexual anal y vaginal.

El condenado era en el momento de los hechos la pareja de Davinia Muñoz, la madre de Sara, fruto de una relación anterior. El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia original del TSJCyL, que redujo la pena para Muñoz de los 27 años de cárcel propuestos inicialmente a 15 años y 11 meses: 13 por un delito de asesinato en la modalidad de comisión por omisión y otros dos años y 11 meses por varios delitos de maltrato.

El hombre está condenado además a otros 15 años de prisión por la agresión sexual y a siete por los malos tratos continuados a la niña, quien según los investigadores mostraba múltiples contusiones y moretones en la piel, además del fuerte golpe en la cabeza que presentaba a causa del “impacto contra una superficie roma”. La Junta de Castilla y León asumió en su momento la tutela de la hermana de la fallecida, que tenía 12 años cuando ocurrieron los hechos y no sufrió ningún ataque.

El Supremo ha confirmado también la agravante al asesino por actuar “por motivos racistas o discriminatorios en relación a la nación”, pues la niña y su madre son de origen rumano. Las pesquisas judiciales demostraron también tintes xenófobos en los mensajes de WhatsApp que Hernández, que pertenecía a una asociación neonazi, le mandaba a la madre y que contenían expresiones como “mi rumanilla” para referirse a Sara o alusiones a agresiones sexuales a la menor.

La primera vez que hubo sospechas de malos tratos fue el 11 de julio de 2017, cuando Davinia Muñoz llevó a su hija al pediatra por unos hematomas en la boca. Los especialistas notificaron también más lesiones por el cuerpo de la menor y activaron un protocolo de malos tratos que fue obstaculizado por la propia Muñoz. La única entrevista que tuvieron con ella los funcionarios de la Junta, al día siguiente, no pudo repetirse por las negativas de la madre, una militar que estaba destinada en el Palacio Real de Valladolid.

El 28 de julio y el 1 de agosto, trabajadores de los servicios sociales se personaron en el domicilio de la mujer, aunque esta no les abrió la puerta. El mismo día 28, el hombre le había enviado un WhatsApp a la madre de la niña diciéndole que Sara tenía un fuerte golpe en la sien, según recoge la sentencia. El 2 de agosto, el hombre llama al 112 porque la niña estaba “muy blanca y sin respirar”. La trasladaron al hospital. Ese mismo día los trabajadores de servicios sociales llamaron a la madre para notificarle que se quedaban con la custodia de la menor. Es entonces cuando la mujer les comunicó que se encontraba en muerte cerebral. Falleció apenas 24 horas después.

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Sobre la firma

Juan Navarro
Colaborador de EL PAÍS en Castilla y León, Asturias y Cantabria desde 2019. Aprendió en esRadio, La Moncloa, en comunicación corporativa, buscándose la vida y pisando calle. Graduado en Periodismo en la Universidad de Valladolid, máster en Periodismo Multimedia de la Universidad Complutense de Madrid y Máster de Periodismo EL PAÍS.

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