La diócesis de Cartagena pagará indemnizaciones a las víctimas de pederastia

“La Iglesia sale al paso para ayudar y dar una atención cercana ante un acto criminal”. Esta ha sido la repuesta del obispo de Cartagena, José Manuel Lorca, durante la presentación este jueves de la delegación episcopal que ha creado en su obispado para combatir los abusos sexuales a menores y adultos vulnerables. A diferencia de otros obispos, e incluso de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Lorca ha dejado claro con su plan de actuación que pagará indemnizaciones a las víctimas, incluso si los delitos han prescrito, y que informará públicamente del número de casos cometidos por clérigos y denunciados en su obispado. “Entre los objetivos principales estará el de escuchar a las víctimas y, si no es posible llevar a juicio a sus agresores, establecer mecanismos de justicia restaurativa”, especifica el prelado a través de un comunicado publicado en la web del episcopado. La cantidad de las reparaciones económicas no será impuesta por la diócesis, sino que se establecerá de mutuo acuerdo entre el abogado del obispado y el de la víctima, según ha informado a EL PAÍS la diócesis.

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Para liderar dicha tarea, Lorca ha nombrado al vicario judicial Gil Sáez como delegado de este nuevo departamento. Sáez, experto canonista en abusos sexuales, fue uno de los primeros jueces eclesiásticos en denunciar públicamente que la Iglesia española llevaba siglos encubriendo los casos de pederastia en su seno. También forma parte de la asociación nacional de acompañamiento de víctimas Betania como asesor canónico. La primera tarea de la delegación, especifica la diócesis, es redactar un protocolo propio de prevención y reparación para los afectados conforme a lo que indican las últimas modificaciones de la legislación española y a las marcadas por el Papa Francisco. En esta norma se incluye comunicar alas autoridades competentes los delitos cometidos y apartar al acusado hasta que haya un veredicto. La CEE lleva trabajando más de un año y medio en la elaboración de un protocolo general, pero hasta ahora solo dispone de un borrador en el que, según informó el pasado noviembre no contempla indemnizar a las personas abusadas. La norma actual, publicada en 2010, no obliga a los obispos a comunicar los casos de los que tuviera constancia a la Fiscalía.

El obispado también ha mencionado que trabajará en la recopilación de este tipo de delitos en el pasado. “[El protocolo] establecerá el número de casos en los que se haya dado abuso sexual por parte de sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos en la diócesis de Cartagena desde 1950”, añade el comunicado. Una investigación que, por otro lado, ya han realizado de manera conjunta todas las diócesis de otros países (Alemania, Irlanda y Australia, entre otros) y que la CEE lleva más de un año negándose a hacer. En el caso del obispado de Murcia ya se ha comenzado a rastrear documentos para encontrar casos que se hubiesen tapado. “Pedimos a todas las víctimas a que den el paso y denuncien el calvario que vivieron para que podamos esclarecer lo que pasó. Nosotros las apoyaremos y resarciremos, y ellas nos ayudarán a encontrar a los abusadores”, explica el delegado del departamento.

El grupo dirigido por Sáez también realizará un informe anual sobre los casos atendidos, otro económico de gastos e ingresos y una evaluación anual “para mejorar el funcionamiento de la delegación”. La delegación estará compuesta una decena de personas cercanas a la diócesis y de distintas áreas: psicólogos, psiquiatras, canonistas, abogados y religiosos, que acompañarán al denunciante durante todo el proceso penal y canónico. “Cada uno de estos profesionales estudiará la denuncia y explicará a la víctima, con total transparencia, los pasos a seguir a la hora de denunciar su caso”, subraya el texto.

Las víctimas podrán contactar con la delegación por vía telefónica (608279190/608 279 191) o correo electrónico (ayudavictimas1@diocesisdecartagena.org / ayudavictimas2@diocesisdecartagena.org) y podrán elegir si quiere que “su primer contacto con la diócesis” sea a través de un hombre o una mujer. El obispado también ha anunciado que ofrecerá gratuitamente cursos de formación permanente, destinados tanto a clérigos como a los laicos que lo deseen, sobre cómo actuar frente a los casos de abusos a menores.

“Demasiadas comisiones y sigo sin ver nada de justicia”

La asociación nacional de víctimas Infancias Robadas considera que la acción de la diócesis de Cartagena es un gran paso, aunque insiste en que la ausencia de representantes de los afectados en estas comisiones “empañan la posible brillantez" de dichas medidas. “Si la voz de las víctimas no se escucha, cualquier paso que se dé será en falso. No hay que olvidar que la Iglesia se ha movido al golpe de las víctimas, que son las que están haciendo un trabajo incansable para conseguir que se les reconozca", afirma Juan Cuatrecasas, presidente de la asociación y padre de un afectado. La entidad recuerda que, de momento, la CEE no ha ejecutado la agenda de actuación sobre los casos de pederastia, del presente y del pasado, que le prometió hace un año.

A Javier, víctima de abusos del sacerdote José Manuel Ramos de la diócesis Astorga (León) en los noventa, la noticia de que se investigue el pasado le parece buena. Pero reconoce que es pesimista. “A nivel personal estoy muy cansado y estas noticias alteran aún más la poca paz que tengo. Nunca he visto acciones concretas. Demasiadas comisiones y sigo sin ver nada de justicia por ninguna parte”, cuenta. Su caso fue encubierto y cuando lo denunció décadas después, silenciado por el obispo. No obstante, subraya que la decisión del obispo de colocar a Sáez al frente de la delegación es una garantía para las víctimas de Murcia.