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Familias madrileñas van a demandar a 34 editores “por pactar el precio de los libros de texto”

La federación Giner de los Ríos reclama que se devuelva dinero a los hogares tras sancionar Competencia a los sellos

Una pareja de niños, con libros de primaria, en verano.
Una pareja de niños, con libros de primaria, en verano.

La federación Francisco Giner de los Ríos, que representa en Madrid a 800 asociaciones de padres de la escuela pública, ha empezado el procedimiento para presentar una demanda colectiva contra 34 editores de libros de texto por "pactar el precio" de los manuales digitales entre 2012 y 2018. La entidad pretende que los sellos devuelvan a cada familia el dinero que, en su opinión, han ganado de más con su supuesto acuerdo táctico en esos seis años.

La Giner de los Ríos ha dado el paso después de que el pasado mayo la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) pusiese "fin al pacto de determinadas editoriales para fijar el precio y condiciones comerciales del libro de texto digital". Los editores, que facturan 800 millones de euros cada curso, creen que la resolución de Competencia "no es firme" ni está "debidamente fundada" por lo que han recurrido ante la Audiencia Nacional.

Las sanciones alcanzaron los 34 millones de euros y afectaron a 34 editoriales, porque la comisión concluyó, tras presentar una demanda la editorial Vicens Vives, que con el código de conducta firmado en 2012 no se fomentaron las buenas prácticas, sino que se anuló la competencia. "Se fijaron condiciones como el precio, la duración de las licencias, su no utilización por parte de repetidores y hermanos y el que no se permita descargar contenidos offline", afirmó la CNMC.

Los sellos se comprometieron al firmar el código a limitar los regalos o materiales (pizarras digitales, cañones de proyección, ordenadores portátiles, etcétera) a los centros educativos, una práctica habitual en contrapartida por elegir sus manuales. Para la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza (ANELE), que las agrupa, se pretendía así "cumplir la legalidad y evitar prácticas poco éticas en centros". Pero la CNMC no lo apreció así. "Se ha acreditado que las entidades lo hacían con una finalidad económica y para restringir la competencia", afirmó en mayo.

En mayo, Competencia dijo haber comprobado "un descenso de la cantidad destinada a la entrega de material de las TIC entre 2010 y el curso 2017/2018 a las aulas, sin que ello se haya traducido en bajadas de precios de los libros". ANELE, sin embargo, sostiene que ha reducido las ganancias. En la nota afirma que mientras entre 2006 y 2012 los manuales se encarecieron un 15%, desde ese momento solo han subido un 1% "pese a la inflación y el desarrollo de nuevos proyectos editoriales tras la LOMCE [Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa]".

Santillana —empresa del Grupo PRISA, editor de EL PAÍS— mantiene que el código de conducta pretendía "limitar la entrega de materiales a los profesores que pudieran alterar la toma de decisiones en materia de prescripción de libros de texto". La empresa niega un pacto, "ni siquiera la CNMC determina que las editoriales se hayan puesto de acuerdo para fijar los precios de los libros de texto. Hay que recordar que los libros de texto de la enseñanza obligatoria (primaria y secundaria) están en régimen de libertad de precios. Es decir, el Precio de Venta al Público (PVP) lo fija el punto de venta, no las editoriales".

La Giner de los Ríos calcula que al renunciar a la entrega de estos regalos las editoriales han ahorrado un 32% de los costes (80 millones de euros) y que eso tiene que redundar en el bolsillo del estudiante. "Es una cuestión de justicia social, nos han impuesto unos precios pactados por las editoriales", se queja Camilo Jené, presidente de la Giner de los Ríos. La federación de los padres calcula que cada alumno en total ha pagado en esos seis años 425 euros de más, porque las empresas se lo han ahorrado al prescindir de los regalos. ANELE no entiende estos cálculos. "La resolución de la CNMC está relacionada fundamentalmente con la elaboración, aprobación e implementación de un código ético del sector y, en ningún momento, ha sancionado a las editoriales por el “sobrecoste” en los libros", detalla en una nota de prensa.

 

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