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Los maestros ahogan al Gobierno de Portugal tras lograr el milagro educativo

Los partidos se alían contra los socialistas y en defensa de que los profesores recuperen la antigüedad laboral congelada por la crisis

Manifestación de profesores en Lisboa, en marzo.
Manifestación de profesores en Lisboa, en marzo.

Portugal vive una singular paradoja educativa: el país se considera en el entorno PISA una estrella emergente debido a reformas educativas que han conseguido reducir el abandono escolar de un 44% a un 12,6%. Se ha concedido autonomía a las escuelas, reducido la financiación a los centros privados y articulado asignaturas extraescolares. El presupuesto bajó 1.000 millones de euros durante los peores años de crisis, que el Gobierno ha logrado restablecer. Los maestros, sin embargo, no han recuperado la antigüedad laboral congelada (nueve años, cuatro meses y dos días) y ahora han puesto contra las cuerdas al Gobierno. Si no lo consiguen, amenazan, no habrá exámenes en junio.

El ultimátum es para el Gobierno y para el Parlamento, que durante dos días ha discutido cinco propuestas, todas favorables a los profesores, planteadas desde la derecha a la izquierda más extremas. La excepción es el gobernante partido socialista.

Por primera vez en cuatro años, tanto los partidos que apoyan al Gobierno —Bloco y PC— como los de la oposición —SD y CDS— están de acuerdo: hay que devolver a los profesores los beneficios perdidos por la congelación de sus carreras. La única divergencia entre ellos es cuándo y cómo. Después de meses de negociaciones con los sindicatos, el Gobierno ha reconocido y aprobado por decreto ley menos de tres años de descongelación. Y las huelgas continúan.

La reivindicación de devolver la antigüedad laboral en la función pública se arrastra desde la llegada al poder del partido socialista, a finales de 2015. Su eslogan electoral y de gobierno fue “pasar página a la austeridad”. En estos cuatro años ha subido el salario mínimo un 20%, ha descongelado pensiones y rebajado la semana laboral de 40 a 35 horas, lo que la izquierda ha llamado “recuperación de derechos”. Pero no ha sido por igual para todos los funcionarios de la Administración, pues quedaron excluidas las llamadas “carreras especiales”: educación, justicia, seguridad y defensa, donde solo parte del tiempo congelado cuenta para la progresión en sus categorías profesionales y, consecuentemente en las escalas salariales. La Federación de Profesores exige todo el tiempo y ya lo ha conseguido en Madeira, donde el gobierno autónomo les recupera 1,5 años desde 2019 hasta 2025.

La lucha de los profesores va a cumplir tres años y va a más. Sus constantes huelgas se amplían en estas semanas a los trabajos extraescolares y reuniones administrativas de los centros docentes y también a los tribunales, donde denuncian al Estado porque los años congelados han dejado un contrasentido: 11.000 profesores que ingresaron en la carrera después de 2011 tienen más antigüedad que 56.000 que ingresaron antes de 2010.

La larga negociación entre el Gobierno y los sindicatos se ha ido enredando en contradicciones y reproches. Y en cuatro años de legislatura se cuentan por cientos las huelgas en colegios y por decenas las manifestaciones de los profesores convocadas por su principal sindicato, el Fenprop, dirigido con mano de hierro por Mário Nogueira. Su petición no ha variado con los años. Pero, tras meses de negociaciones, la situación ha llegado a un punto muerto, peor aún a una guerra de ultimátums: esto es lo que hay, dice el Gobierno; o hay acuerdo antes del 15 de mayo o no hay exámenes, amenazan los profesores.

Aceptar la reivindicación de los docentes costaría al Estado 800 millones, porque estos derechos deberían extenderse a otras profesiones similares. 635 millones serían para los profesores, según las cuentas del ministerio, es decir, un aumento presupuestario anual de 240 millones de euros para el colectivo. Después llegarían los empleados de juzgados, militares y policías exigiendo lo mismo.
“Como somos Gobierno no tenemos la hipocresía de prometer de todo sin explicar de dónde sacamos el dinero”, se defendió en el Parlamento el ministro de Educación, Tiago Brandão. “La oposición quiere todo y su contrario. ¿Qué impuestos van a aumentar? ¿Qué gasto van a recortar para conseguir este resultado?”. A diferencia de otras ocasiones, la oposición es todo el Parlamento.

El tiempo —con elecciones generales a la vista— tampoco corre a favor del Gobierno. “Ya no cuela la justificación de que no hay dinero para todo”, señalaba el martes en el Parlamento la diputada Heloísa Apolónia, de Los Verdes (partido integrado en la coalición electoral del PC), hasta este asunto aliados fieles del Gobierno. Los comunistas y el Bloco proponen como parte de la solución que ese tiempo de total recuperación contabilice para anticipar la edad de jubilación de los profesores. De momento, el Gobierno no lo acepta.

Aunque derrotadas las propuestas en el pleno de la Cámara, los cinco partidos tienen un mes para negociar un texto común lo que satisfaría a los profesores, pero pondría al Gobierno en la situación más crítica de esta apacible legislatura socialista. Los profesores —y los enfermeros— son los que han puesto al Gobierno contra las cuerdas.

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