El derecho a una información fiable

La libertad de opinión y de expresión, que es una parte constitutiva de la democracia, se enfrenta hoy a grandes peligros. Este derecho fundamental se basa en la posibilidad de acceder a una información libre, plural y fiable. Ahora bien, los medios de comunicación, que verifican los hechos y asumen la obligación de comparar los puntos de vista, se encuentran debilitados por la transformación digital. La desinformación masiva en Internet aumenta y trata de orientar los debates, e incluso intervenir en las elecciones para falsear los resultados. En todas partes, los intereses particulares siguen controlando la información y, en numerosos países, el control político de la prensa y las amenazas contra los periodistas experimentan un empeoramiento significativo.

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En este contexto, existe la necesidad urgente de que nuestras democracias se movilicen. No deben caer en la resignación. Existe la necesidad urgente de proteger nuestro acceso a una información independiente, plural y basada en los hechos, que es una condición indispensable para que las personas se formen libremente una opinión y participen legítimamente en el debate democrático. Por esa razón aplaudimos el trabajo de la Comisión Internacional Independiente sobre la Información y la Democracia que presentó el resultado de sus trabajos el pasado 11 de noviembre de 2018 en el Foro de París sobre la Paz.

Esta comisión, creada por iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, nos insta a considerar el espacio mundial de la comunicación y de la información un bien común de la humanidad, en el que se deben promover la libertad, el pluralismo y la integridad de la información. Propone que los actores que están en condiciones de estructurar este espacio global, en particular las plataformas digitales, tengan responsabilidades en materia de neutralidad política e ideológica, de pluralismo y de transparencia. También insta, y es algo muy novedoso, a que se reconozca que las personas tienen derecho no solo a una información independiente y plural, sino también fiable.

Estas propuestas son estimulantes e innovadoras. Partiendo de esta base, hemos decidido iniciar un proceso político. El objetivo es que, en los próximos meses, nuestros Estados establezcan su propia hoja de ruta para promover el ejercicio de la libertad de opinión y de expresión en el contexto tecnológico y político del siglo XXI. También es importante que se una a esta iniciativa el mayor número posible de Estados. Setenta años después de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reiteramos así nuestro compromiso a favor de los derechos más fundamentales de nuestros ciudadanos.

Junto a Justin Trudeau, primer ministro de Canadá, y el presidente francés Emmanuel Macron, firman este artículo los presidentes de Costa Rica, Carlos Alvarado; Senegal, Macky Sall, y Túnez, Beji Caid Essebsi, y los primeros ministros de Líbano, Saad Hariri, y Noruega, Erna Solberg.

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