Nubes en un cielo aún sereno

En España la crisis está golpeando con especial dureza a la población inmigrada. Sus niveles de desempleo son aun más astronómicos que los de la población general, y lo mismo ocurre con las proporciones de parados de larga duración y de familias que tienen todos sus componentes en paro. Para no pocos inmigrantes la pérdida del puesto de trabajo conlleva la del permiso de residencia, lo que supone una irregularidad sobrevenida que se extiende a sus hijos. En términos generales, la crisis está suponiendo la agravación de los rasgos que permitían calificar de desfavorecida su inserción en el mercado de trabajo. Las implicaciones sociales de tal deterioro no son menos severas, empezando por el aumento de las situaciones de emergencia y exclusión.

Y, sin embargo, el clima social en el que se desenvuelve el fenómeno de la inmigración en España no registra los grados de crispación observables en países menos castigados por la crisis. Ello puede resultar sorprendente, sobre todo para observadores situados allende nuestras fronteras. Pero lo es menos si se recuerda que el boom inmigratorio casi sin parangón que España experimentó en los años que precedieron a la crisis tampoco fue acompañado de grandes tensiones sociales o políticas. No es de extrañar que tanto el fenomenal crecimiento de la población inmigrada como la acogida sosegada y madura brindada por la sociedad española atrajeran atención internacional. Las razones de esta relativa excepcionalidad no son fáciles de identificar. No debe ser ajeno a ella el fuerte predominio de jóvenes adultos en la población inmigrada, con su elevada tasa de actividad económica, y el amplio consenso existente acerca de su positiva contribución a la economía. También ha debido influir una cultura política profundamente reformulada en los años de la Transición, fuertemente igualitarista y proclive al reconocimiento universal de derechos, que seguramente subyace a los considerables esfuerzos desplegados por diversos poderes públicos en pro de la integración, en estrecha colaboración con un vigoroso tercer sector.

Pese a su extremada severidad, la crisis no ha alterado significativamente el clima social en el que se desenvuelve la inmigración, aunque sin duda ha deparado un contexto mucho más adverso y algunos motivos de preocupación. Ha proporcionado un caldo de cultivo más propicio a los intentos de un puñado de minúsculos partidos populistas xenófobos de capitalizar el malestar existente, pero sus resultados han sido acusadamente magros hasta la fecha. Aunque las orientaciones de la opinión pública no han registrado vuelco alguno, disminuye la proporción de los que basaban su aceptación de la inmigración en las necesidades del mercado de trabajo y en su contribución a la economía; y aumenta la de los que creen que los inmigrantes reciben un trato más favorable que otros grupos desfavorecidos. El aumento de las necesidades en materia de integración coincide con la reducción en las diversas Administraciones de las partidas presupuestarias destinadas a ella, incluyendo las subvenciones a las ONG. Finalmente, medidas como la eliminación del pleno acceso de los inmigrantes en situación irregular a la sanidad y la educación, auténtica pieza maestra de nuestro sistema de integración, junto con indicios que apuntan a un menor compromiso del Gobierno del PP con la inmigración y la integración, constituyen nubes adicionales que ensombrecen un cielo aún mayoritariamente despejado.

Joaquín Arango es catedrático de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid y hasta hace pocos meses fue presidente del Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.