Unos funcionarios con mala salud de hierro

Del tópico del cafetito a mediodía al de que los funcionarios se ponen enfermos mucho más que el resto de los ciudadanos. Estos y otros lugares comunes han servido a los sucesivos Gobiernos para añadir argumentos a varias iniciativas que penalizan a los trabajadores públicos: bajadas de sueldo, aumento de la jornada laboral, suplencias y contratos interinos sin cubrir. La última, la propuesta de que estos empleados no cobren su salario íntegro durante los primeros 90 días de baja por enfermedad, ataca una de las partes más sensibles y más incontrolables: la salud. Y además lo hace sin una base estadística que acredite que los funcionarios, en su conjunto, abusen del sistema. El plan presentado esta semana en el paquete enviado a Bruselas, y que ya funciona —aunque con matices— en algunas comunidades, como País Vasco, Galicia o Madrid, para su propio personal, no solo siembra la duda sobre los trabajadores públicos. También pone en la picota el criterio de los médicos, que son quienes otorgan las bajas por enfermedad.

La medida, pensada teóricamente para reducir el absentismo, es de gran calado, pero su justificación no está clara. Al menos, no se sustenta en datos. “Es muy difícil hallar cifras para comparar el absentismo entre los trabajadores públicos y los del sector privado”, explica Jesús Cruz Villalón, catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla. Ni siquiera Octavio Granado, quien fue secretario de Estado de Seguridad Social con el PSOE, tiene cifras globales. Afirma tajantemente que “es imposible” comparar si los funcionarios se cogen más bajas que el resto. De los cinco millones de incapacidades temporales (bajas) que la Seguridad Social registra al año, con una incidencia mensual de 23,60 por cada 1.000 trabajadores, no se especifica cuántas corresponden a los públicos. Y ello, a pesar de que la mayoría de los funcionarios se incluyen ya en el régimen general de la Seguridad Social.

Tampoco se puede llegar a conclusiones a través de las cifras de las mutuas que dan prestaciones a algunos trabajadores públicos y sus familias —como los militares, personal docente o de justicia. Según la memoria de 2010 de Muface —una de esas entidades—, ese año tuvo 12.083 notificaciones de incapacidad temporal, riesgo en el embarazo y riesgo de lactancia. Teniendo en cuenta que tenía 971.540 afiliados titulares, esto quiere decir que registró 12,48 bajas por cada 1.000 personas, la mitad que la media mensual de la Seguridad Social. Es decir, que los funcionarios tienen una salud de hierro.

Un 75% de los procesos que se revisan son correctos

¿Es eso verdad? Granado lo desmiente: “Lo que sucede es que los funcionarios con ese sistema cobran lo mismo estén de baja o no; y para eso no hace falta darles de baja. Solo se hace en los casos en que hay que contratar un sustituto”. La diferencia con el resto de los trabajadores es que estos, al menos en teoría, no cobran los tres primeros días de baja, “aunque la inmensa mayoría de los convenios establecen que les pague la empresa, por lo que no lo notan”, aclara. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la opinión del Ministerio de Administraciones Públicas.

Fernando García Benavides, director del Centro de Investigación en Salud Laboral en la Universidad Pompeu Fabra, explica que los únicos datos que hay son indirectos. “De los casos de baja que son revisados por la inspección médica, que suelen ser ya de larga duración, se confirman aproximadamente un 75%. De lo que se deduce que tres de cada cuatro casos están justificados”, explica, independientemente de quién contrate.

En el sector privado, explica Cruz Villalón, es la empresa la que paga al trabajador durante los 15 primeros días de baja (por una enfermedad no laboral) y solo tiene obligación legal de cubrir el 60% del sueldo; tras este tiempo empieza a ser la Seguridad Social quien paga al empleado (también solo debe pagarle el 60% del sueldo). A partir del día 20 la obligación es que la Seguridad Social pague al trabajador el 75% del salario. ¿Qué pasa con el resto del salario? Que suele compensarse, explica Benavides, a través de acuerdos y mejoras voluntarias que en algunas empresas suelen cubrir hasta el 100%. Algo que, sin embargo, están empezando a dejar de hacer. Y con el plan del Gobierno, que se acerca más al modelo del sector privado, las empresas pueden encontrar un argumento comparativo para retirar esos beneficios de sus convenios.

Puesto en cuarentena el argumento de que hay un abuso generalizado de los funcionarios, queda acudir a quienes les dan —o no— las bajas: los médicos de primaria. Y en ellos tampoco se encuentran argumentos que avalen la medida. El presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Josep Basora, tiene una opinión contundente: “Mi percepción es que los funcionarios tienen las mismas bajas que el resto de los trabajadores, sean por cuenta ajena o autónomos, y no existen estadísticas que digan lo contrario”. Además, “en época de crisis las bajas se cogen con menos frecuencia. En eso han cambiado mucho las actitudes”, afirma el médico. Un hecho cierto. Benavides muestra como ejemplo el caso de Cataluña, donde existe un sistema de información exhaustivo. Ahí, la incidencia por cada 100 afiliados ha disminuido un 10% entre 2008 (33,8) y 2010.

Para Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médica Colegial, el plan del Ejecutivo de Mariano Rajoy es sencillamente “un disparate”. “Puede ser que haya colectivos de funcionarios con mayor porcentaje de bajas, que además habría que estudiarlo, pero no se pueden hacer medidas generales que afecten a todos por igual y penalizar de igual forma a quien se comporta bien que a quien no lo hace. Tampoco comparar patologías. Qué pasa con una enfermedad crónica, como un cáncer, o una indiscutible, como la rotura de un hueso. Es una propuesta injusta”, opina. El presidente de los médicos españoles recuerda que no se puede penalizar ni discriminar al enfermo. Cree, además, que hay otros mecanismos para ver de manera inequívoca si hay abuso, como poner más mecanismos de inspección. “Nos parece bien que se limite el absentismo, pero no así”, añade.

Si se pregunta a los afectados, la respuesta es igual de rotunda. Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), la mayoritaria entre los trabajadores públicos, cree que, igual que ha pasado con los inmigrantes en situación irregular, a los que se va a retirar la prestación por el abuso de alguno, se pretende hacer lo mismo con los funcionarios. “Parece que lo único que le interesa a los Gobiernos, este o el anterior, es resaltar esos casos”, dice Borra, “cuando las bajas tienen la misma ratio que las del resto”. “Si hubiera un abuso, habría estudios que lo demostrarían. Cuando no los hay es que no se han producido”, añade.

La secretaria de Política Social de UGT, Carmen López, cree que todo el plan está basado en la idea de que los funcionarios son unos corruptos a los que hay que amonestar. “Es lamentable que ponga en la palestra a los trabajadores públicos y a los médicos que les están dando la baja”, dice. López afirma que esto puede tener varias consecuencias. La económica para los propios afectados y la implicación en la salud de estos trabajadores y los ciudadanos que les rodean. Es decir, la medida puede fomentar lo que se conoce como presentismo: que el trabajador, por miedo a perder su empleo o a que le descuenten de su salario, acuda a su puesto enfermo. “Esto puede suponer un problema para muchas personas porque los funcionarios cubren gran parte de los servicios fundamentales, como educadores, trabajadores sanitarios, bomberos. Lo que puede llevar a poner en riesgo a aquellos a quien cuidan”.

López recuerda que el plan del Gobierno ya funciona en comunidades como la madrileña, donde los empleados de baja pueden perder hasta el 40% de su sueldo. “La propuesta presentada por el Gobierno de Rajoy a Bruselas lo que hace es generalizarlo y que se pueda aplicar no solo al personal laboral, como en esas regiones, sino también al estatutario”, explica. No obstante, el plan presentado en la UE es todavía algo opaco. No queda claro si afectará a todos los trabajadores públicos ni si será distinto en función de las enfermedades. Como ocurre, por ejemplo en el País Vasco, donde la regulación, aplicada a 67.000 trabajadores, incluyó muchas excepciones: “Crónicos, graves, accidentes de tráfico, laborales... Al final quedaron solo las enfermedades leves, como las gripes”, explica el exresponsable de Seguridad Social Octavio Granado. A pesar de esto parece que no ha ido del todo mal: el absentismo se ha reducido un 22%.

Los facultativos
afirman que las bajas caen con la crisis

Ese resultado, sin embargo, no convence a los propios afectados. Como Choni G., técnica especialista en Educación de la Comunidad de Madrid y por tanto personal laboral a quien ya afectó la medida. Esta profesional de 52 años que estuvo de baja 15 días por una neumonía vírica recibió el mes pasado 200 euros menos como consecuencia de esa incapacidad temporal. De los 1.300 que suele cobrar al mes pasó a cobrar 1.100. “¿Quieren que vaya a trabajar enferma? Eso repercute en mi salud y en la de los niños que están en contacto conmigo”, se queja. Pero como este caso hay muchos más. En Madrid, una trabajadora que esté de baja dos semanas puede llegar a perder 500 euros.

Estos argumentos contribuyen a alimentar las dudas que siembra la medida entre los expertos, que sin embargo sí coinciden en una cosa: la necesidad de mejorar el sistema de bajas. “Primero habría que ver los datos de absentismo y después discutir con más calma las medidas para abordarlo, saber si no funcionan los controles para frenarlo en la Administración pública y por qué. Puede que no se tengan esos instrumentos”, analiza el catedrático de la Universidad de Sevilla Cruz Villalón.

“El sistema es antiguo”, dice el presidente de los médicos de familia

Esa es una de las partes fundamentales y más desatendidas. Lo asume José María Morán, médico inspector y vicepresidente de la Federación de Asociaciones de Inspección de Servicios Sanitarios (Faiss). Morán afirma, por ejemplo, que el sistema que utiliza Muface necesita mucho más control, y que los mecanismos de vigilancia de las bajas del régimen general también es mejorable. “Si tienen indicios de fraude lo que deberían hacer es potenciar la inspección. Pero hay pocos inspectores”, opina.

La función de profesionales como Morán es analizar las bajas. “Tenemos un sistema informático en el que vemos las bajas que dan los médicos y el tiempo de duración de los procesos. Una baja de dos meses por una gripe, por ejemplo, chirría. Es cierto que hay médicos que dan muchas bajas, igual que los hay que recetan muchos genéricos. Así que lo suyo es establecer mecanismos de control para ver qué hacen estas profesionales y también conocer los procesos que duran más de la cuenta”, explica. Para él es “poco científico” decir que de forma general los funcionarios abusan. Su asociación ha elaborado un informe con datos de la Comunidad de Madrid del que se desprende, por ejemplo, que las bajas médicas del personal público duran menos, de media, que las del resto de trabajadores (16,5 frente a 28 días).

“La reforma debe negociarse”, opina un catedrático en Derecho

También el presidente de la Semfyc opina que los sistemas de control son anacrónicos. “El que tenemos es del siglo pasado. Está excesivamente burocratizado. El método de partes semanales [que el empleado debe entregar en su lugar de trabajo] no se sostiene”, afirma Basora, quien cree que hay que dejar margen a la confianza en los profesionales y la concienciación de los trabajadores. “Donde se ha dado mayor capacidad al clínico, como País Vasco y Navarra, se han conseguido mejoras económicas”, dice el médico. El presidente de CSIF también admite que puede haber mayores controles, aunque sean para todos.

El tema tiene muchas aristas. Tanto que no parece lo más correcto abordarlo de forma unilateral. “Una cosa es reducir el absentismo injustificado, y otra es que se haga de manera universal a todo el que se encuentre enfermo. Es un asunto suficientemente delicado como para que se haga un proceso previo de consultas y con evidencias científicas”, opina Cruz Villalón.

Una visión que también comparte el exresponsable de Seguridad Social, Octavio Granado, que cree que este tipo de cambios legislativos deben hacerse con mucho más cuidado. “Al final podría pasar que mandáramos un soldado a Afganistán, le explote una mina, pierda una pierna, y, encima, le vayamos a rebajar el sueldo”, ironiza.