Una reforma innecesaria para frenar el vandalismo

Una cosa es que los actos vandálicos sacudan las grandes capitales de vez en cuando y otra, muy distinta, que sea necesario modificar las leyes para frenar la “guerrilla urbana”, según la expresión empleada por dos exponentes de la línea dura tras los incidentes ocurridos en Barcelona durante la huelga del 29 de marzo: el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y su homólogo en la Generalitat catalana, Felip Puig.

La reforma que el ministro planteó este miércoles en el Congreso para endurecer las penas a los alborotadores causa recelos entre los juristas, que sospechan cuando se legisla a golpe de suceso. Los expertos alertan de que la mayoría de medidas son “innecesarias” por reiterativas, y temen por el principio de proporcionalidad. Consideran, además, que algunas medidas pueden llegar a colisionar con derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como los de reunión, manifestación o libertad de expresión.

Aunque está por ver cómo se plasma la propuesta negro sobre blanco, Fernández Díaz dejó claro su mensaje: hay que aumentar hasta los dos años el umbral mínimo para quienes atentan contra el orden público. El objetivo es que, si se demuestra su culpabilidad, los violentos acaben en prisión. O por lo menos que, durante la investigación de los hechos, los fiscales puedan solicitar (y los jueces, acordar) medidas de prisión preventiva que frenen la “alarma social” y restañen “la imagen de España” que, según el ministro, afean los alborotadores.

La resistencia pasiva
será considerada atentado a la autoridad

Diversos juristas consultados por este diario recelan de una reforma que puede acabar “disuadiendo” a los ciudadanos de ejercer su derecho a manifestarse. Y ven en el proyecto una forma de atajar, preventivamente, nuevas protestas ciudadanas ante el previsible aumento de la conflicitivad por la crisis económica y sus devastadoras consecuencias sociales. La reforma, en la que trabajan conjuntamente los ministerios de Interior y Justicia, también ha topado con el rechazo de diversos colectivos, como el del 15-M, que se sienten directamente aludidos por algunas de las medidas más controvertidas. Por ejemplo, el anuncio de considerar miembros de “organización criminal” a quienes convoquen por cualquier medio —especialmente, internet y las redes sociales— manifestaciones o actos violentos. O la idea de tipificar como delito de atentado a la autoridad cualquier forma de resistencia pasiva, como una sentada. Esa resistencia es una de las señas de identidad del colectivo de indignados que el pasado año tomaron las plazas y calles de media España.

“La reforma pretende aplicar de forma preventiva el derecho penal para disuadir a la ciudadanía de ejercer sus derechos fundamentales”, opina José Luis Ramírez Ortiz, penalista y portavoz de la asociación Jueces para la Democracia. Un “riesgo abstracto” —como una posible alteración de la paz social— puede llevar a España a “una situación preconstitucional”, alerta Ramírez. La policía existe sobre todo, recuerda, para garantizar que los ciudadanos puedan disfrutar de sus derechos fundamentales.

El abogado penalista Marc Molins Raich, del despacho Roca Junyent, admite que el fenómeno de la violencia callejera va en aumento. Pero alerta de que el legislador debe ser “especialmente respetuoso” cuando entran en juego derechos fundamentales. “No se trata de ser laxos o benevolentes, pero sí de poner el máximo cuidado” y, sobre todo, mantener “el equilibrio entre bienes jurídicos protegidos”. Así ocurre, en su opinión, con el sistema actual, que gradúa los hechos en función de la gravedad: desobediencia, resistencia y atentado.

“Este Gobierno no
tiene programa de política criminal”, 
se queja un experto

Ese mismo ideal de equilibrio lo comparte el presidente de la Audiencia de Barcelona y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Pablo Llarena, que se muestra prudente porque el proyecto está “escasamente definido”. Según Llarena, el Gobierno pretende añadir comportamientos ahora no sancionados y agravar penas para “atajar desviaciones en el ejercicio del derecho de manifestación”. Uno de los anuncios más discutidos es considerar la resistencia pasiva como delito de atentado, que comporta penas elevadas, de hasta cuatro años. “Habría que distinguir distintos planos de gravedad y buscar la proporcionalidad. No es lo mismo que alguien se siente en la calle o que se encadene a algo e impida celebrar un acto público”, añade el portavoz de la APM.

Las voces más críticas consideran que hablar de “atentado pasivo” es “una contradicción jurídica y del lenguaje”, apunta el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona Joan Queralt. “El atentado implica violencia. Y eso es incompatible con una sentada. En la vida en sociedad hay fricciones. Pero que una minoría violenta quiera generar el caos no puede llevarnos a este tipo de políticas”, quien también cree que el Gobierno pretende “convertir un derecho ciudadano en algo problemático para desincentivar a la población”.

Los indignados interpretan la reforma como un ataque directo al colectivo. “Criminalizan nuestras formas de protesta. Si equiparan estar sentados con arrojar objetos a la policía, entonces veremos más piedras volando”, explica un miembro activo del colectivo en Barcelona, quien prefiere que no se publique su nombre.Ese mismo portavoz cree que el Gobierno pretende “llevar la confrontación social a un campo de violencia”, donde la policía “tiene todas las de ganar”. En su opinión, el endurecimiento de las penas supone un “retroceso a los tiempos de la dictadura”, por lo que reivindica el derecho de los ciudadanos “a estar en la calle”.

La posibilidad de que quienes llamen a actos violentos por internet sean considerados miembros de una organización criminal también preocupa a los indignados y a los juristas. “Se trata de delitos callejeros que nada tienen que ver con el crimen organizado. Se está desnaturalizando el concepto”, opina José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga. A juicio de Julián Ríos, profesor de Derecho Penal de la Universidad Pontificia de Comillas, el asunto es aún más grave: “Se adelanta la barrera penal de forma preventiva y eso es muy peligroso. Iremos hacia un derecho de autor, más que de hechos”.

El magistrado Llarena, por su parte, replica que la mayoría de países occidentales “están desarrollando una política legislativa que consiste en adelantar la respuesta penal al delito mismo”. El objetivo es proteger un bien jurídico; en este caso, el orden público. Para ello, dice, “se sanciona no ya la realización del delito, sino de los actos de preparación del delito”. “El Código Penal prohíbe la responsabilidad por el resultado. Es decir, uno no puede responder por cosas que no puede controlar”, dice Ramírez, en alusión a que se produzcan incidentes violentos tras una convocatoria por internet. “Se puede acabar penalizando la libertad de expresión”, remacha.

El abogado penalista Josep Riba lanza una reflexión: “¿Qué debería considerarse como convocatoria? El que recibe en su twitter una convocatoria violenta y no la borra, de forma que sus seguidores pueden leerla, ¿estaría cometiendo la conducta típica?” Más aún: “¿Cómo debería interpretarse que se convoca a actos violentos? Por ejemplo, insultar o quemar un muñeco se considerarán actos de violencia?”, añade Riba, quien denuncia que la reforma se haga “a impulso de casos y sucesos concretos”.

Al margen de si el Gobierno tiene la mente puesta en el 15-M o pretende disuadir a los ciudadanos de manifestarse, hay un aspecto en el que coinciden la mayoría de expertos: la reforma es innecesaria, pues el Código Penal ya contiene los instrumentos suficientes para combatir con éxito el fenómeno.

Jueces para la Democracia :
“Pretende disuadir
a los ciudadanos”

Así lo ve el catedrático Díez Ripollés. "La novedad es que introduce penas más altas. Pero la mayoría de las propuestas que se hacen ya están en el Código Penal". Cita como ejemplos la "invasión de establecimientos" —que el ministro quiere considerar como una forma más de desorden público— o la intimidación a la autoridad —que, si es grave, ya constituye delito de atentado. El catedrático se muestra preocupado por la “proporcionalidad” entre “penas y conductas” que pueda resultar de la reforma.

El penalista Jordi Pina, de Molins & Silva, también considera que no es necesaria una reforma. Ni siquiera para equiparar, como anunció el ministro, los actos vandálicos con la kale borroka. El artículo 577 del Código Penal, recuerda, ya se aplica a quienes sin pertenecer a organización terrorista, y con el fin de “alterar gravemente la paz pública”, cometan coacciones o daños. Pina considera “desproporcionado” tratar la resistencia pasiva como un atentado, ya que se trata de dos hechos muy distintos. Esa opinión la comparte la profesora de Derecho Penal de la UAB Esther Morón Lerma, que la considera “absolutamente desproporcionada e inatendible” y considera que podría afectar al derecho de reunión.

En general, añade Morón, la popuesta está “poco meditada” y es “poco garantista”, por lo que va a generar “muchos problemas interpretativos y, por tanto, de inseguridad jurídica”. A juicio de Ríos, el Gobierno quiere lanzar “un mensaje firme de que vva a mantener el orden” ante la perspectiva de que la agitación ciudadana se incremente en los próximos meses. Queralt expresa una opinión similar y añade que “el problema es que hay una deficiente persecución policial de esos delitos”.

El Gobierno da a entender, tercia Ramírez, que hay conductas que quedan sin sancionar cuando no es así. Por ejemplo, cuando habla de que se incluya como desorden público irrumpir en un establecimiento público o impedir su acceso. “El delito de allanamiento ya existe”, indica el portavoz de la asociación de jueces progresistas.

El Código Penal ya contiene penas graves por los desórdenes públicos

Molins Raich coincide en que la reforma es prescindible porque el Código Penal ya da respuesta suficiente al fenómeno de la violencia callejera. Y considera que es poco oportuno abordarl propósito de un hecho puntual, como los incidentes de Barcelona el 29-M. Endurecer las penas, añade, es “el recurso fácil”, a pesar de que España ya es uno de los países más duros de la Unión Europea en esa materia. “Estamos ante un Gobierno sin un programa reflexionado de política criminal. Toma decisiones coyunturales ligadas a sucesos conretos. Y en lugar de apaciguar las tensiones sociales por otras vías, intenta resolverlas acudiendo al derecho penal”, precisa el catedrático Díez Ripollés. El portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, dijo que un cambio legislativo se ha de hacer con “templanza, reposo y reflexión”.

Los movimientos sociales consideran que el lenguaje empleado por los responsables políticos indica que los tiempos están cambiando y que “El consejero Puig dijo que ya no vale lo del ‘yo pasaba por allí' y que había que limitar el derecho de manifestación”, opina el miembro del 15-M. Sin ese mar de fondo no se explica que se pretenda equiparar el vandalismo con la kale borroka. “La kale borroka es terrorismo de baja intensidad, y estos chicos de los altercados, de momento, no se dedican a eso”, ironiza Queralt.

Ante el incendio que ha provocado el anuncio, precisamente en las redes sociales, el PP intentó lanzar ayer un mensaje de tranquilidad. Según el ministro, se deberá tener en cuenta “la multirreincidencia” o “el grado de violencia” para pedir una medida cautelar. Defendió que “no hay en el ordenamiento jurídico una respueta a ese fenómeno novedoso”, pero dijo que se aplicará el sentido común y que no será lo mismo “gritar a sangre y fuego en una manifestación que actuar”.