"Ahora el juez ya lo sabe todo. Sor María merece el mayor castigo"
Marisa Torres y su hija Pilar, supuestamente robada en 1982, declaran en el juzgado Por este caso la fiscalía denunció por detención ilegal a una monja, María Gómez Valbuena
Estaban muy nerviosas y muy emocionadas. Marisa Torres y su hija Pilar, a la que conoció el año pasado, 29 años después de dar a luz, entraron y salieron llorando del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde este martes contaron su historia, la que ha llevado a la Fiscalía de Madrid a denunciar a una monja, sor María Gómez Valbuena, de 80 años, por detención ilegal. El caso, el primero judicializado por el robo de bebés en España entre los años cuarenta y noventa, ha esperanzado a decenas de mujeres que han visto archivadas sus denuncias.
“Esa monja ha hecho mucho daño a muchas familias. Si no hay cárcel, con que todo el mundo sepa quién es, me doy por satisfecha. Y si no lo paga aquí lo va a pagar arriba”, declaró Pilar antes de entrar al juzgado. Salió dos horas después, llorando y abrazada a su padre adoptivo, Alejandro.
“Ha sido muy duro. Me han dolido mucho las preguntas del juez. He tenido que revivirlo todo otra vez”, decía, también entre lágrimas, Marisa Torres, tras su declaración. “Ahora el juez ya lo sabe todo. Espero justicia. Sor María merece el mayor de los castigos”.
Madres que acusan
a la misma monja confían en que este caso impulse los suyos
Marisa Torres quiere que sor María pague por los 30 años que se ha perdido de la vida de Pilar. “El tiempo perdido es tiempo perdido. Nadie me va a devolver esos años sin mi hija”. Marisa cuenta que acudió a aquella monja tras ver un anuncio en una revista en la que sor María, una especie de asistente social en la clínica madrileña de Santa Cristina, prometía ayuda para madres en apuros. Ella lo estaba. Acababa de separarse de su marido, con el que tenía otra niña de dos años, y su nuevo novio no quiso saber nada en cuanto le dijo que estaba embarazada. “Fui a verla y me dijo que me podía ayudar porque tenía guarderías donde podría dejar a la niña”. Pero después del parto, sor María, denuncia, le quitó al bebé. “Me amenazó con denunciarme por adulterio y me dijo que me quitaría también a mi otra hija”. Marisa se asustó. Salió de la clínica sin su bebé.
Este martes, 29 años después, atravesaba otra puerta, la de los juzgados, “muy satisfecha” porque cree que ahora está más cerca que nunca de la justicia. Rompió a llorar en cuanto se le abrazaron un par de madres que siguen buscando a sus hijos y que ven el reencuentro de Marisa y Pilar como un triunfo propio y el único motivo para la esperanza entre un sinfín de casos archivados en los dos últimos años por los fiscales, incapaces de tirar de un hilo para investigar tanto tiempo después.
A las puertas del juzgado se habían concentrado una veintena de afectados, madres que siguen buscando a sus hijos e hijos que buscan a sus madres. Muchos llevaban colgada del pecho la fotografía con la que este diario ilustró la información del reencuentro entre Marisa y Pilar el 10 de julio del año pasado, y un mensaje: “Todos somos María Luisa”.
Entre las madres que esperaban a Marisa, algunas están especialmente pendientes de este caso porque creen que fue también sor María quien se quedó con su hijo y confían en que el juez la haga hablar. Como Enriqueta Pelayo. “Me da escalofríos solo oír el nombre de esa monja. Después de dar a luz, me dijo que mi bebé había nacido muerto, pese a que yo lo oí llorar. Y que yo no llorara tanto, que era mejor que se me hubiera muerto aquel y no las tres niñas que ya tenía. Fue en la clínica San Ramón, en 1980”.
“Marisa está ahí dentro [en el juzgado] y es como la representante de todos porque su caso es el que único que sale adelante”, explicaba Paloma Mollat. “A mí también me robó a mi hija una monja en la clínica O’Donnell en 1980. Me pusieron una inyección, me durmieron y ya no la vi más. Dijeron que había muerto, pero no me dejaron enterrarla. Ellos ya se encargaban de todo, dijeron. Yo pensé que me la habían quitado y mi propio marido, que me había trastornado”. Su caso también ha sido archivado.
“Marisa es nuestra representante”, dice una afectada. “Solo su proceso prospera”
A su lado, Carmen Pulido rompe a llorar. “Todo mi barrio sabía que iba a tener una niña porque se lo había dicho a todos. Pero volví a casa sin ella...”. También llora Antonio, de 80 años. “Debí haber peleado más porque me dejaran ver y enterrar a mi hijo, pero entonces no lo pensé. No se me pasó por la cabeza que algo así pudiera ocurrir. Era 1957...”.
Camino escucha a todos. Sospecha que pudo ser robada. “Nací en San Ramón en junio de 1979. A mis padres sor María les dijo que para adoptar antes tenían que llevarle a una embarazada que no quisiera quedarse con su hijo, porque ella hacía luego intercambios. A través de unos amigos mis padres dieron con la chica”, relata. “Ahora estoy buscando mi expediente de adopción para ver la carta de renuncia de mi madre biológica, pero no aparece por ningún sitio. Me da miedo pensar que puedo ser una niña robada. Quiero quedarme tranquila”.
Frente al juzgado también está Marimar, a la que unas pruebas de ADN le dieron el chasco de su vida tras convencerse, al ver un reportaje en este diario, de que Randy Ryder, un niño nacido en Málaga y vendido a un matrimonio estadounidense, era su hermano. Ahora él ha encontrado a su madre biológica. “Estoy feliz por él, pero me preocupa que perdamos el contacto. Para mí y para mis padres es como si fuera mi hermano”, explica. “Paso muchos altibajos. Cada vez que se archiva un caso es un golpe tremendo. Ahora me alegro mucho por Marisa, pero me da miedo que la monja se niegue a declarar y todo quede en nada otra vez”.
Soledad Luque busca a su hermano mellizo, Francisco. “Nacimos el 25 de enero de 1965 en O’Donnell. Él era el hijo número 10 de mis padres. Pasó unos días en la incubadora hasta que le anunciaron a mi madre que al día siguiente se lo podía llevar. Pero entonces le dijeron a mi padre que había muerto. Mi madre esperaba en casa a su bebé y lo que recibió fue la noticia de que ya no vivía. Cuando pidieron el cuerpo, les dijeron que ya lo habían incinerado y cuando pidieron las cenizas, que ya no las tenían. La fiscalía nos archivó el caso. Por eso para nosotros el caso de Marisa significa muchísimo”.
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