Greenpeace denuncia que los puertos son la mayor amenaza del litoral español
La organización ecologista advierte que el crecimiento desproporcionado de las dársenas y muelles está generando una burbuja infraestructural que sustituye a la inmobiliaria
Más de doscientos kilómetros, el equivalente a la distancia que existe entre Valencia y Mallorca. Eso es lo que ocupan los puertos del Estado en el litoral español, una superficie nada desdeñable si se comparan los 20 kilómetros de la dársena de Vigo con los 2,3 que tiene el complejo Marina d'Or, símbolo de la desnaturalización del litoral. Sin embargo la infraestructura portuaria sigue creciendo y casi el total de los muelles (20 de 28) está ejecutando o tiene planificados proyectos de ampliación, 14 de los cuales implican ganar terreno al mar, en contra de la política de racionalización de infraestructuras que propugna el ministerio de Fomento.
La organización ecologista Greenpeace ha realizado un análisis de la situación de estas instalaciones en su informe anual Destrucción a toda costa y ha concluido que el exceso de proyectos portuarios está generando una burbuja infraestructural que da el relevo a la especulación inmobiliaria. "Muchos están tan próximos que compiten entre sí para acaparar el comercio marítimo, lo que terminará por gestar puertos fantasma que no tendrán barcos en el futuro", señala Pilar Marcos, responsable de la campaña de Costas de la ONG. El documento revela que solo cuatro autoridades portuarias -Valencia, Algeciras, Barcelona y Bilbao- concentran más del 70% del tráfico de mercancías. Esto contradice la alerta de autoridades portuarias que lleva anunciando desde 2004 el colapso de estas instalaciones, tal y como señala Marcos.
El Plan Estratégico de Infraestructuras (PEIT) prevé aumentar de aquí a 2020 la superficie portuaria en un 75% con una inversión de 22.000 millones de euros. Sin embargo, de este porcentaje solo un 38% se destinará a uso portuario y el resto quedará inutilizado, según la información que maneja Greenpeace. Sólo en el año 2010 Fomento ha invertido 911 millones de euros en grandes obras portuarias a pesar de que en 2009 el transporte marítimo internacional bajó un 4,5%, situándose en un nivel inferior al de 2007. También la Unión Europea financia muchos de estos proyectos, concretamente entre los años 2007 y 2013 va a otorgar a los Puertos del Estado una cantidad superior a los 800 millones de euros. "Los Fondos Europeos no deben continuar financiando la destrucción ambiental, sino integrar políticas transversales de medio ambiente con las de desarrollo de infraestructuras", defiende Pilar Marcos. "No sólo la generosidad europea ha contribuido a la financiación de los proyectos, también la especulación ideada por ayuntamientos y puertos ha contribuido en gran manera a financiar puertos y a destruir el litoral", ha añadido. Puertos del Estado se defiende de esta acusación y remite al ministerio de Fomento que mantiene que todos los proyectos de ampliación respetan la normativa vigente.
Intereses políticos y especulación del suelo
La responsable de la campaña de Costas de Greenpeace ha denunciado que los puertos del Estado están regidos por lo que denomina "puertas giratorias". "El nombramiento del director de la Autoridad Portuaria es político y lo realiza el Gobierno de la comunidad autónoma en la que se encuentra. Estas cabezas visibles cambian con las elecciones y carecen de un conocimiento profundo de la logística y el tráfico marítimo", recuerda Marcos. Como ejemplo de la falta de independencia política, la ONG destaca el caso de Corina Porro (PP), alcaldesa de Vigo entre 2003 y 2007, que después fue presidenta de la Autoridad Portuaria para pasar después a la cabeza de lista del Partido Popular de Vigo en los comicios de 2011. Citan también a Miguel Buen, diputado por el PSOE en el Parlamento vasco entre 2004 y 2007, y presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia desde 2009 a 2011, cuando dejó la presidencia para presentarse a las elecciones para Diputado General por Guipuzkoa mientras un pacto entre PSOE y PNV insta a la ampliación del puerto exterior de Pasaia.
"Es necesario un cambio de la actual política de hormigón en el litoral. Seguimos invirtiendo dinero público en infraestructuras nocivas que son pan para hoy y hambre para mañana. No se están analizando las necesidades reales del sistema portuario ni se tienen en cuenta los costes ambientales ni daños a otros sectores claves para España como el turismo o la pesca", ha declarado Miren Gutiérrez, directora de Greenpeace. Gutiérrez sostiene que una costa sana puede dar hasta 41 euros por hectárea al año y lo hace basándose en el informe de Valoración de los activos naturales de España, realizado por el ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marítimo.
La destrucción costera también afecta a las especies de la zona y elimina la capacidad natural de la costa de amortiguar y adaptarse a los efectos de la subida del nivel del mar por el cambio climático. Por ese motivo, Greenpeace solicita un cambio de modelo en el que se apruebe la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa para armonizar todas las actividades en la franja costera (turismo y pesca), se ponga freno a los fondos europeos que financian infraestructuras de gran impacto ambiental, se apruebe una Evaluación Ambiental Estratégica del Plan Sectorial de Puertos que evalúe el impacto de las dársenas y sus estructuras asociadas y que se apueste por una reforma fiscal verde para que las actividades más dañinas sobre el litoral tengan un coste extra.
La situación de los puertos del Estado por Comunidades Autónomas
El informe destaca a Andalucía por la privatización de playas de uso público del Puerto de Almería, el dragado del Guadalquivir o los intentos por destruir el Parque natural del Estrecho en Algeciras. Greenpeace ha denunciado cómo los puertos han privatizado la primera línea de la costa y algunos municipios netamente marineros han perdido el acceso a la fachada marítima, como los puertos de Málaga, Algeciras y Alicante.
Cataluña es un caso a tener en cuenta por la constante expansión del puerto de Tarragona sobre espacios protegidos como Els Prats de Vila Seca y la privatización en Barcelona de suelo portuario para la construcción de hoteles de lujo como Port Vell.
La Comunidad Valenciana es el ejemplo más claro de "despilfarro y construcción desmedida". Greenpeace lamenta "los planes faraónicos" de su autoridad portuaria para ampliar el puerto, ocupando una superficie mayor que el de Hong Kong pese a que moverá "un volumen de contenedores diez veces menor".
En la Región de Murcia, el informe alerta sobre el impacto ambiental del muelle de Escombreras, que ha destruido 50 hectáreas de fondo marino, y se hace alusión al proyecto de macropuerto en El Gorguel con 1.500 millones de euros de presupuesto, promovido por la AP de Cartagena.
Pasaia es el puerto exterior más preocupante del País Vasco, ya que los planes de construcción incluyen la destrucción de varios espacios naturales protegidos como el monte Jaizkibel.
En Galicia se hace referencia al presupuestario para la construcción del puerto exterior de Langosteira en A Coruña, que ha pasado de un presupuesto inicial de 479 millones de euros a unos 1.000 millones; así como el relleno ilegal de hormigón ejecutado por la AP de Marín o la depredación sin parangón del AP de Vigo con 20 kilómetros de la ría ocupados por sus infraestructuras.
Por último, en las islas Baleares se menciona el impacto ambiental de la ampliación del puerto de Ibiza y las inviables medidas correctoras sobre la Posidonia oceanica que está siendo destruida con la obra; mientras que en Canarias, el puerto de Granadilla promovido por la AP de Santa Cruz de Tenerife, se considera "el mejor ejemplo de todo el país" de una infraestructura portuaria sin justificación ambiental ni económica.
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