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La industria cultural aboga por limitar sólo el ancho de banda para evitar las descargas

Olcese tiende la mano a los operadores para retomar las negociaciones

Era el más deseado. Y hasta ahora no se había pronunciado. Pero el enconamiento de las negociaciones para regular las descargas le ha hecho salir de su silencio. Aldo Olcese, presidente de la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, la plataforma que engloba a la industria cultural y audiovisual española, ha hablado hoy y lo ha hecho para ofrecer la pipa de la paz a las operadores de acceso a Internet, que se niegan en redondo a ejercer de policías para vigilar lo que se descargan sus clientes.

No habrá desconexiones para los internautas que realicen descargas masivas por Internet mediante los programas de intercambio de archivos p2p. En su lugar, la industria cultural propone una fórmula mucho más suave y sencilla de castigo: reducir la velocidad de acceso a los internautas que persistan en descargarse archivos (música, películas, videjuoegos y software) protegidos por derechos de autor.

La medida es más asumible jurídicamente que la desconexión y muy fácil de adoptar técnicamente, porque de hecho, los operadores ya realizan este tipo de prácticas, bien para controlar el tráfico de la red cuando está saturada, bien como penalización cuando se pasa del consumo, como ocurre en los móviles.

De esta forma, tal y como adelantó EL PAÍS , la industria cultural renuncia al llamado modelo Sarkozy, el modelo francés de la persecución de las descargas de archivos, que había sido hasta ahora su santo y seña, y que prevé la desconexión a Internet para los que realicen descargas masivas y no atiendan a los avisos para que dejen de hacerlo.

El gesto de Olcese, que participó en el VI Foro de las evidencias electrónicas, supone tender la mano a Redtel, donde se agrupan los principales operadores de acceso (Telefónica, Vodafone, Ono, Orange), tras el bloqueo de las negociaciones que se produjo el pasado mes, y que dejaba en manos del Gobierno la patata caliente de regular por decreto este espinoso tema. El Ejecutivo trata de evitar a toda costa esta solución porque sabe que cuenta con gran parte de la opinión pública en contra de cualquier restricción en Internet. Y, por si acaso no se ha enterado, el PP se encarga de recordárselo, y ha hecho bandera política del tema, anunciando a través de Mariano Rajoy, que si se aprueba una ley antidescargas recurrirá al Tribunal Constitucional.

La propuesta de consenso de la Coalición pasa también por acuerdos para la autorregulación de la oferta de contenidos digitales de Internet, como el desarrollo de una campaña educativa para los usuarios de Internet, la creación de un portal interactivo para la promoción de la oferta legal de contenidos digitales, y la creación de un sello distintivo para sitios webs con oferta legal de contenidos digitales en España.