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La juez ordena el registro de las sedes de Intervida en Barcelona

La Generalitat nombra a tres administradores para que gestionen la ONG

La sede central y otras dependencias de la Fundación Intervida en Barcelona están siendo registradas hoy por orden de la titular del juzgado de instrucción número 17 de Barcelona, que ha admitido la querella del Ministerio Fiscal contra la ONG por los presuntos delitos de apropiación indebida, delito societario, estafa y asociación ilícita, y que ha decretado el secreto de las actuaciones que se llevan a cabo. El departamento de Justicia de la Generalitat ha nombrado, por orden de la misma juez, a tres administradores para que gestionen la Fundación.

Según ha explicado en rueda de prensa la consejera de Justicia, Montserrat Tura, la juez les ha remitido hoy un oficio en el que les comunica su decisión de suspender temporalmente los cargos de dirección y gestión de la Fundación Intervida y de sus entidades vinculadas y encomienda al Protectorado de Fundaciones, que depende del departamento de Justicia, que asuma la gestión de esta ONG.

Tura ha pedido a los ciudadanos que sigan confiando en la Fundación Intervida, la tercera ONG más importante de España, después de Cruz Roja y Cáritas, que cuenta con 346.561 socios y que obtiene la mayor parte de sus recursos económicos a través de los apadrinamientos, una actividad que el pasado año le reportó un volumen de ingresos de unos 88 millones de euros.

Registros

El registro de la sede central de Intervida, en el número 77-79 de la calle de Pujades, empezó a primera hora de la mañana. A las 14.30, la Policía Judicial seguía registrando la oficina, en la cuarta planta del inmueble.

La juez ha tomado esta determinación una vez admitida a trámite la querella del Ministerio Fiscal contra esta ONG. Según la Fiscalía, los gestores de la Fundación Intervida habrían desviado millones de euros procedentes del apadrinamiento de niños del Tercer Mundo hacia la constitución de empresas e instituciones privadas. Según han confirmado fuentes judiciales, una vez estudiada la querella la juez ha decretado el secreto de las actuaciones.

A petición de la propia Fiscalía, la juez ha ordenado los mencionados registros al grupo de delincuencia económica de la Brigada provincial de Policía Judicial de Barcelona, el mismo grupo que acompañó a la fiscal Carmen Martín Aragón en el viaje que ésta realizó a Perú hace cinco meses para investigar in situ las actividades de Intervida en aquel país.

Supervisión de las actividades bancarias de la ONG

El Ministerio Fiscal ha solicitado también a la juez que estudie a todas las entidades bancarias con las que ha trabajado la Fundación Intervida, para que detallen los movimientos económicos llevados a cabo por la ONG durante los últimos cinco años.

La investigación, hecha pública a principios de abril, comenzó hace cuatro años. Según los datos recabados, durante los ejercicios de 1999 a 2001 se pudieron haber camuflado bajo el epígrafe de "gastos para apadrinamiento" más de 60 millones de dólares que, en realidad, según las sospechas de los investigadores, fueron transmitidos a sociedades como Asociación Solaris Perú, Edpyme Raiz, El Roure Construcciones, Argentia Inmobiliaria, Genéricos Farma-ahorro o Enriquecidos Lácteos. Los directivos de estas empresas son, a la vez, directivos de Intervida.

Según la normativa que en España regula el funcionamiento de las fundaciones, no es ilegal que una fundación benéfica como Intervida pueda constituir empresas. No obstante, debe registrar su existencia y su contabilidad en los libros de cuentas y en el resto de balances sujetos al preceptivo control por parte del Patronato de la Dirección General de Entidades Jurídicas de la Generalitat.

Estas empresas y su actividad no aparecen en esos balances contables en los que sólo se indica que el 94% de las aportaciones de los "padrinos" se dirigen a programas de atención a la infancia, sin más especificación.