Sánchez e Iglesias buscan consensuar las devoluciones en caliente

La coalición de Gobierno PSOE-Unidas Podemos se enfrenta en su primer mes de vida a una prueba de fuego importante: la necesidad de consensuar una posición sobre las devoluciones en caliente de inmigrantes que entran por las vallas de Ceuta y Melilla, después de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que las avala. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias se reunieron ayer en La Moncloa para buscar un pacto sobre este asunto. De momento se ha acordado acatar la sentencia.

La cuestión era muy delicada, y no en vano fue el propio presidente, Pedro Sánchez, quien presidió en La Moncloa una reunión, que ya estaba prevista, según fuentes del Gobierno, pero que se convirtió rápidamente en una cita con algunos de los referentes del núcleo duro del Ejecutivo en la que se analizó el contenido y las consecuencias prácticas de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ampara las devoluciones en caliente de inmigrantes que tratan de entrar irregularmente en España por las vallas de Ceuta y Melilla. En la cita, según fuentes gubernamentales, se acordó acatar la sentencia, aunque el Ejecutivo no ha opinado sobre ella.

A la reunión asistieron los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, pero también los ministros de Interior, Fernando Grande Marlaska, Exteriores, Arancha González Laya, y Justicia, Juan Carlos Campo, según fuentes del Ejecutivo. La cita, pese a ser ordinaria, se centró así en la situación generada por la sentencia de Estrasburgo y la necesidad de fijar una posición común entre Sánchez e Iglesias sobre un asunto especialmente sensible para el electorado progresista.

El Ejecutivo insiste, según fuentes de La Moncloa, en que seguirá adelante con su línea en política de inmigración, aunque en los últimos meses algunos sectores habían criticado un endurecimiento de esta política encabezado por el ministro del Interior, Grande Marlaska. Fuentes de Interior señalan que la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán actuando en la frontera igual que hasta ahora, porque ellos defienden que solo se estaba aplicando la legislación vigente, pero admiten que ahora los agentes tendrán más “seguridad jurídica” porque entienden que su actuación está amparada por el tribunal de Estrasburgo.

Montero en la reunión

Sin embargo, desde el punto de vista político, ahora la situación es más compleja porque en el Gobierno está Unidas Podemos, que siempre reclamó otro tipo de política de inmigración. Por eso es importante destacar que en la reunión, además de Iglesias, estaba Irene Montero, ministra de Igualdad y dirigente clave de Podemos.

Sánchez e Iglesias buscaron con sus equipos un equilibrio entre la posibilidad que permite la sentencia de expulsar sobre la marcha a los extranjeros que traten de entrar ilegalmente en España y la necesidad de buscar una política de inmigración de corte progresista. El PSOE y Unidas Podemos tienen ahora la posibilidad de llevar este asunto como reforma legal al Congreso, pero para eso tendrían que acordar una posición. Por tanto de momento no habrá cambios, salvo que la Policía Nacional y la Guardia civil se sentirán más legitimados en su actuación.

Cuando se negoció la coalición ya quedó claro que el de la inmigración sería uno de los asuntos de fricción entre el PSOE y Unidas Podemos porque su visión es muy diferente. Ayer, antes de la reunión, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, lamentó la resolución de Estrasburgo. “Respetando las sentencias, no comparto la resolución que se ha tomado”, dijo en una entrevista en RNE, en la que aseguró que España “debe estar a la altura de las exigencias de los derechos fundamentales”. Díaz no estaba convocada a la cita en La Moncloa.

El fin de las devoluciones en caliente ha sido una bandera electoral del PSOE cuando ha estado en la oposición, pero en el Gobierno ha continuado ejecutándolas. En su programa electoral de 2016, los socialistas se comprometían a asegurar “la efectiva protección internacional de aquellas personas que lo necesiten, retirando las concertinas de nuestras fronteras y rechazando las devoluciones en caliente”. La promesa cambia en 2019 cuando el PSOE, ya en el Gobierno, se compromete a adecuar su política a la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La posición de Podemos en esta cuestión es mucho más tajante: “Garantizaremos el respeto absoluto a los derechos humanos en la frontera sur, de acuerdo con la normativa internacional, y vigilaremos que no se produzca ninguna devolución en caliente o exprés ilegal”, se lee en su programa electoral para las últimas generales.