Otros 10 detenidos por la red de ‘sextorsión’ con 4.000 víctimas

La Operación Lubido-Hezurra, que desmanteló el pasado febrero la mayor trama de chantaje sexual conocida en España con cerca de 4.000 víctimas, suma nuevas detenciones. La Guardia Civil ha arrestado en los últimos días en Valencia y Madrid a otros diez presuntos integrantes de la red, según confirman a EL PAÍS fuentes policiales y jurídicas. Los ahora detenidos están supuestamente relacionados con la red de cuentas bancarias a nombre de testaferros a través de las cuales la trama cobraba el dinero de las extorsiones y de otras actividades delictivas, como la falsificación de cheques.

Las diez nuevas detenciones se produjeron a lo largo del jueves, según diversas fuentes. Dos de los arrestados quedaron en libertad tras prestar declaración ante la Guardia Civil con la obligación de personarse ante el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Teruel, Jerónimo Cano. Los otros ocho fueron trasladados ayer ante el magistrado, quien, tras tomarles declaración, ordenó el ingreso en prisión acusados de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.Las cuatro fases de la Operación Lubido-Hezurra desarrolladas hasta ahora suman 34 detenciones y cinco imputaciones, entre ellos el futbolista del Levante Toño. Los dos presuntos cabecillas, Ismael Bousnina, Salva, y Massinissa Ferrah, Erik, permanecen recluidos desde su arresto en febrero del año pasado en la prisión de Teruel.

Fuentes cercanas a la investigación vinculan a los 10 presuntos integrantes de la trama ahora arrestados con las finanzas de la trama delictiva y, en concreto, con el entramado de cuentas utilizado para recaudar el botín de sus diferentes actividades delictivas. Estos depósitos bancarios figuran a nombre de lo que en la jerga se conoce como mulas, testaferros que por una pequeña cantidad de dinero se prestan a figurar como titulares de los mismos. De cada 1.000 euros que entran en el depósito, el testaferro recibe 50.

El dinero es retirado casi de inmediato de las cuentas, la mayoría de las veces sin dejar siquiera el rastro de una tarjeta, sino mediante un código. La investigación de la Guardia Civil ha revelado que uno de los implicados en este entramado de cuentas llegó a mover “en unos pocos meses” más de 250.000 euros, de los que 233.000 salieron de manera casi inmediata hacia depósitos abiertos a nombre de personas con pasaportes de Malawi, que los investigadores sospechan falsos.

Denuncia en 2018

La Guardia Civil conoció la existencia de la trama en abril de 2018, cuando una de las víctimas denunció en el cuartel de Sarrión (Teruel) que había recibido llamadas a su móvil exigiéndole el pago de una cantidad de dinero tras haber contactado con la web pasion.com para contratar los servicios de una prostituta. El hombre aseguró que, pese a efectuar un primer pago, la extorsión no cesaba y le amenazaban con contárselo a su familia. En los siguientes meses, otros seis vecinos de la misma provincia denunciaron hechos similares y, poco después, las pesquisas se extendieron a Navarra, Castellón y Gipuzkoa, donde aparecieron nuevas víctimas que denunciaban haber sufrido hechos similares tras visitar la misma página de contactos sexuales.

Las primeras investigaciones apuntaron como origen de los chantajes la provincia de Valencia, donde estaban las sucursales bancarias en las que la trama había abierto las cuentas para recibir el dinero y donde se han producido buena parte de los más de treinta arrestos registrados hasta ahora. Diez meses después del inicio de las pesquisas fueron detenidos como presuntos cabecillas de la trama, Salva y Erik.

Desde entonces, la causa no ha dejado de crecer, según reflejan los informes de la Guardia Civil. En ellos, los agentes destacan que los integrantes de la trama tenían “una actividad extorsionadora compulsiva y depredadora sobre las víctimas”, alguna de las cuales llegó a entregar a la red 25.000 euros. Cuando se produjeron los primeros arrestos, las pesquisas apuntaban ya a que la red de chantaje había conseguido un botín de “cientos de miles de euros”. Recientemente el juez cifró en 4.000 el número de afectados y extendió la actividad de la organización “a la práctica totalidad del territorio nacional”.

De hecho, el juez Cano intentó el año pasado que la Audiencia Nacional se hiciera cargo de las pesquisas a la vista de “la magnitud de la causa”, pero este órgano judicial rechazó la inhibición, con el apoyo de la Fiscalía, al considerar que no era competente al no estar acreditada “la existencia de una generalidad de personas afectadas”. Por ello, el pasado diciembre, el magistrado de Teruel se dirigió al Tribunal Supremo para plantear una cuestión de competencia y que este decida qué órgano debe, finalmente, hacerse cargo de la investigación que cada vez suma más implicados y afectados.