Terrorismo: la duda que emerge en la causa a los CDR

Las dudas de la Audiencia Nacional sobre si a los miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos y encarcelados puede atribuírseles un delito de terrorismo han permitido suavizar su situación. Los abogados de los CDR sostienen que se trata de un “cambio de rumbo” en la investigación judicial, ya que choca con la posición que hasta ahora mantenían la Fiscalía, la Guardia Civil e incluso el juez instructor. El optimismo de las defensas se alimenta de un auto de la Sala de lo Penal que, por primera vez, cuestiona que los investigados integren un grupo terrorista, aunque no lo descarta ni exonera de responsabilidad penal a los investigados.

El 23 de septiembre, la Guardia Civil lanzó la Operación Judas. Los agentes detuvieron a nueve miembros de los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), una rama muy activa de los CDR catalanes que planeaba acciones violentas coincidiendo con la sentencia del procés. Días después, el juez Manuel García Castellón envió a siete de ellos a prisión provisional por delitos graves: pertenencia a organización terrorista, tenencia de explosivos con fines terroristas y conspiración para cometer estragos. Desde entonces, sus abogados han tratado de sacarles de allí con el argumento de que en ningún caso puede hablarse de terrorismo, digan lo que digan los informes policiales. Tres meses después, han logrado que cinco de ellos eludan la prisión con el pago de una fianza.

“Si fueran peligrosos terroristas de Al Qaeda no saldrían con fianza”

El último de los excarcelados es Alexis Codina, de 41 años. Una fotografía suya con un fusil de asalto (simulado) y una senyera obra en el sumario. Junto a los dos CDR que siguen presos —también pedirán que se suavicen las medidas cautelares—, Codina forma parte presuntamente de lo que el juez instructor llama el “núcleo productor” de sustancias explosivas. García Castellón rechazó su puesta en libertad como había rechazado la de sus compañeros; el jueves, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal le enmendó la plana de nuevo. Codina no tuvo explosivos en su poder, sino “sustancias que debidamente mezcladas” mediante unos procesos técnicos “pueden llegar a convertirse en explosivos”, según el auto. El presidente catalán, Quim Torra, se felicitó por la decisión y exigió “disculpas” a Pedro Sánchez por “difamar” a los CDR.

La resolución, que resuelve un recurso de la defensa de Codina, va más allá de su caso particular y entra al fondo del asunto más controvertido de la Operación Judas: ¿forman los siete detenidos un grupo terrorista de nuevo cuño? ¿Pueden considerarse atentados terroristas en fase de preparación las acciones —ocupación del Parlament, sabotaje de torres de telefonía, lanzamiento de artefactos junto a un cuartel de la Guardia Civil— que habían planificado en conversaciones telefónicas?

El tribunal se muestra prudente. Por un lado, cree que hay “indicios suficientes” de los hechos investigados y de su calificación jurídica provisional. Por el otro, se ve incapaz de “emitir un juicio definitivo suficientemente fundado sobre la naturaleza o no terrorista de los hechos”. Sobre todo teniendo en cuenta que no existe una “previa organización” que haya sido declarada como tal “judicialmente”. Tampoco está claro que, ni por fines ni por estructuras, pueda acreditarse que existe una organización terrorista.

Las partes discuten si los planes de los CDR son atentados o solo desórdenes

Las dudas chocan con la absoluta certeza que han mantenido en este asunto la Guardia Civil, la Fiscalía y el juez instructor, que definió los ERT como una nueva “organización con estructura jerarquizada, que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta”. Aunque no se ha opuesto a las salidas de prisión bajo fianza, la Fiscalía mantiene que los arrestados integran una organización terrorista, por más que hoy tengan una “conformación distinta” que las tradicionales, como ETA.

La Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que ejerce la acusación popular, lamenta la decisión y piensa recurrirla. Su abogado, José María Fuster-Fabra, dice que los CDR formaban un grupo “embrionario, con visos de convertirse en organización terrorista” y advierte de los riesgos de que los que han quedado en libertad “se den a la fuga”.

La defensa de los CDR replica que pedirá el archivo y que “se depuren responsabilidades”. “Dijimos desde el principio que no cabe hablar de terrorismo; esta causa pretende colgar esa etiqueta y aplicar delitos graves a la disidencia política”, dice Xavier Pellicer, portavoz de Alerta Solidària, el colectivo que defiende a la mayoría de arrestados. Pellicer dice que el auto de la Audiencia Nacional que cuestiona el delito de terrorismo supone “un giro importante” en el proceso penal.

El abogado critica la “contradicción” de la Fiscalía al no oponerse al pago de fianzas y, en cambio, mantener la tesis del terrorismo. “Si fueran terroristas peligrosos de Al Qaeda sería impensable que pudieran salir bajo fianza”, ironiza. En sus escritos, la defensa ha argumentado que el debate jurídico debe moverse, a lo sumo, en los desórdenes públicos. “Subvertir el orden constitucional no puede ser, de forma automática, un delito de terrorismo”.