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ANÁLISIS i

Ministros juristas y la libertad de Junqueras

El criterio compartido es que existe base legal para la petición del líder de ERC

Imagen de Oriol Junqueras en el congreso de ERC.
Imagen de Oriol Junqueras en el congreso de ERC. EUROPA PRESS

Los ministros juristas del Gobierno están interviniendo activamente en la fijación de la postura que finalmente se adopte sobre las consecuencias de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre la inmunidad de Oriol Junqueras. La idea principal sigue siendo que hay que solicitar el suplicatorio a la Eurocámara, sin que eso implique riesgo alguno para la firmeza del fallo del procés dictado por el Tribunal Supremo. Y el criterio compartido es que existe base legal para la petición de libertad del líder de ERC mientras se tramita dicho suplicatorio.

Desde el punto de vista procedimental, es obvio que el documento que contará ante el Supremo será el que finalmente redacte, apruebe y firme la Abogacía del Estado. Pero el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha querido contar a fondo con el parecer de los ministros juristas o procedentes de la carrera judicial. La propia vicepresidenta, Carmen Calvo, encabeza este grupo, del que forman parte Dolores Delegado (Justicia), Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior), con participación también de otros altos cargos del Ejecutivo que son juristas.

No ha habido una atribución formal de funciones, porque no se trataba exactamente de constituir una especie de comité de crisis jurídicas, pero el presidente ha querido que su opinión se tenga muy en cuenta en los pasos que se den para definir la posición sobre el fallo de Luxemburgo. Todo ello desde el convencimiento de que el pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) constituye una auténtica innovación legislativa, en la medida en que fija criterios nuevos sobre cómo y cuándo los eurodiputados adquieren la inmunidad. Esto es, con su elección en las urnas.

El nudo de la cuestión a resolver es en qué situación debe quedar Junqueras durante el período —entre dos y seis meses— que discurra entre la petición del suplicatorio y la respuesta del Parlamento Europeo. Los juristas del Gobierno están de acuerdo en que la sentencia del Supremo tiene plena legitimidad y no se debe anular. Pero al mismo tiempo el TJUE ha declarado que Junqueras gozaba de inmunidad desde el pasado 13 de junio. ¿Qué implicaciones debe tener y garantizar esa inmunidad? De las respuestas posibles a esta pregunta deriva que no se descarte la petición de que Junqueras quede en libertad hasta que el Parlamento Europeo conceda, en su caso, el suplicatorio. Y no ya porque lo pidan los negociadores de ERC para facilitar la investidura, sino porque la Abogacía del Estado asuma la defensa de que esa es la consecuencia razonable del fallo del TJUE.

En lo que se está ahora en los laboratorios jurídicos del Gobierno es en el cálculo de riesgos. Existe plena conciencia de que carece de fundamento pedir la nulidad de la sentencia del procés. Pero se estima que hay margen para sostener la procedencia de la libertad de Junqueras, mientras se tramita su suplicatorio, sin que la respuesta del Supremo, sea cual fuere, pudiera constituir un varapalo jurídico. De ahí que lo previsible es que la Abogacía acabe encontrando el modo de sostener esa tesis.

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