El juez abre una causa contra Manuel Chaves por malversación

El juez instructor del caso ERE, José Ignacio Vilaplana, ha dictado dos autos este martes en los que, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, acuerda incoar diligencias previas contra 15 personas, entre ellos el expresidente Manuel Chaves y cinco ex consejeros por prevaricación y malversación. El motivo de la investigación abierta es el préstamo de 5.829.817 euros concedido en 1999 a la empresa Campocarne Andalucía —antes conocida como Hijos de Andrés Molina (Hamsa)— por el antiguo Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta el 9 de noviembre de ese año.

En un primer auto, dictado el día 3 de diciembre, el magistrado acuerda abrir diligencias previas para investigar a esas 15 personas, entre ellos además de Chaves, los ex consejeros de la Junta Gaspar Zarrías, Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera, Antonio Fernández y Francisco Vallejo; el ex viceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román; el ex director de Trabajo Javier Guerrero; el ex presidente del IFA Salvador Durbán; el exdirector de la agencia Idea Miguel Ángel Serrano, y cinco directivos de la empresa.

En un segundo auto de la misma fecha, el instructor atiende la petición de la Fiscalía Anticorrupción y considera que los hechos relatados en su escrito del 20 de noviembre, "podrían presentar características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”, y ordena abrir una causa separada para "determinar y verificar los indicios racionales de criminalidad que se desprenden de la concesión” a Campocarne Andalucía S.A. del préstamo de 5,8 millones de euros.

Siete de los investigados en esta nueva causa, entre ellos Chaves y Zarrías, han sido condenados en la pieza política de los ERE, que se dio a conocer el pasado 19 de noviembre. Un día después, la Fiscalía Anticorrupcíón presentaba su escrito en los juzgados pidiendo la imputación de los ex altos cargos por el préstamo a la mercantil cárnica.

El juez entiende que a través de esa concesión, otorgada por el antiguo IFA y aprobada en virtud de un acuerdo del Consejo de Gobierno de la Junta celebrado el 9 de noviembre de 1999 y formalizado en escritura pública de 22 de diciembre de 1999, “podría haberse simulado una ayuda pública directa, otorgada sin sujeción a los principios y procedimientos legalmente aplicables, con el consiguiente menoscabo de los fondos públicos comprometidos”. El magistrado concluye, asumiendo la tesis de la Fiscalía, que "podría deducirse que bajo la apariencia formal de un contrato de préstamo se decidió disponer arbitrariamente de los fondos públicos, sin sujeción a procedimiento alguno, para beneficiar directamente a Campocarne Andalucía".

En su auto, el juez sostiene, que del análisis de los documentos es "factible deducir que no habría existido nunca voluntad de devolución ni de cobro del préstamo, pese a la efectiva realidad y vigencia del mismo", una tesis que también defiende la Fiscalía Anticorrupción.

El magistrado considera, al igual que los fiscales, que los hechos investigados no han prescritos dado que "a fecha 1 de febrero de 2005, el préstamo no habría sido amortizado y que aún entonces no habría sido declarado impagado o fallido –ni considerado un gasto/pasivo para IFA/IDEA-“. El juez, en este segundo auto, acuerda solicitar distinta documentación a la agencia Idea, a las consejerías de Presidencia y Empleo, y a la Intervención de la Junta, para que la aporten “a la mayor brevedad posible”. Además, declara la complejidad del procedimiento y señala un plazo de 18 meses para la instrucción del mismo, “sin perjuicio de lo que pueda acordarse posteriormente”.

El consejero de Presidencia, Elías Bendodo (PP), ha criticado al finalizar el Consejo de Gobierno de este martes: "La ayuda se dio sabiendo que no se iba a cobrar dado que la empresa atravesaba dificultades. Además, no fue al consejillo —reunión que analiza los temas elevados al Consejo de Gobierno— ni tuvo informe presupuestario, jurídico o de lntervención General de la Junta (...) Hasta ahí llegaba el nivel de impunidad de la anterior Junta, que actuó a sabiendas de que no lo podía hacer".

Para el PSOE, Bendodo, "miente y manipula" al atribuirse la localización y remisión a la justicia de una documentación sobre la ayuda que la Junta dio en 1999 a la empresa cárnica, pues esta fue requerida a la Agencia Idea en noviembre de 2018 desde la Consejería de Empleo. El partido socialista asegura que desde Empleo se requirió dicha documentación a la Dirección General de la Agencia Idea el 27 de noviembre de 2018, cinco días antes de que se celebraran las elecciones autonómicas.