¿Es Madrid una región en vías de desarrollo?

Dice la propuesta de Vox para apoyar la investidura de Isabel Díaz Ayuso que “se gestionarán los recursos destinados a la Cooperación al Desarrollo de la Comunidad de Madrid dando prioridad a proyectos de desarrollo de la región”. Sorprende que este texto lo haya aceptado el PP pues, como explica la página web de la Comunidad de Madrid, que gobierna dicho partido, “los proyectos de cooperación para el desarrollo son aquellos que tienen por objeto contribuir” al progreso humano o la disminución de la pobreza “en los países en desarrollo”.

No puede ser de otra forma, ya que la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) la fiscaliza la OCDE y los países donantes no pueden destinar estos fondos a lo que quieran. Y mucho menos a “frenar la despoblación” o “mejorar las zonas marginales” de sus propios territorios, como ha pedido Vox y aceptado PP y Ciudadanos.

Si Madrid no es una región en desarrollo, la única lectura posible de este párrafo es que la comunidad recortará los fondos de cooperación y el dinero que hasta ahora destinaba a ayudar a los países pobres lo dedicará a ayudar a los pobres españoles. Lo mismo que ha venido demandando el grupo neonazi Hogar Social.

Hay otros puntos del acuerdo que son de imposible cumplimiento o de confusa interpretación. Por ejemplo, cuando asegura que “se introducirán mecanismos que garanticen la no injerencia de los poderes públicos en la educación de los hijos”. ¿Qué quiere decir? Esa injerencia se basa en el artículo 27 de la Constitución, que consagra una enseñanza básica, gratuita y obligatoria, cuyo objetivo es “el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Al proclamar la no injerencia, lo que reclama Vox, como constaba en su propuesta original, es “que los padres puedan excluir a sus hijos de aquella actividad que sea contraria a sus convicciones”. Curiosamente, fue el actual portavoz de Vox en la Comisión de Educación del Congreso, Joaquín Robles, quien alertó en su día del riesgo de que integristas islámicos pudieran ejercer esta objeción parental para impedir, por ejemplo, que sus hijas se formen en igualdad.

La inmigración es la otra bandera de Vox. El acuerdo garantiza que las Fuerzas de Seguridad del Estado “tengan acceso directo a la información de que dispone la Administración Regional sobre los extranjeros en situación irregular”. A esta frase se ha añadido una coletilla que no figuraba originalmente: “De acuerdo siempre con la Ley de Protección de Datos”. Era imprescindible, pues los expertos ya habían advertido de que dar a la policía datos indiscriminados sobre inmigrantes irregulares es ilegal. Lo único que permite la ley, y ya se hace, es dar información concreta para investigaciones en curso.

Puede pensarse que los acuerdos son inaplicables y, por tanto, irrelevantes. No es así. Lo que importa no es el contenido, sino el continente. La agenda de Vox ya es la agenda del Gobierno de Madrid.