Demasiados ahogados sin socorro

El último episodio se registró este mismo sábado. Una niña de 11 años fallecía en Asturias después de caer el pasado miércoles a un embalse mientras jugaba con una amiga. Celebraban el cumpleaños de una de ellas cuando se precipitaron al agua. Pese a que un piragüista consiguió sacarlas, ambas fueron trasladadas de urgencia hasta el hospital, donde este sábado una de ellas permanecía en estado grave y la otra moría, sumándose a una larga lista de ahogados. Solo en el primer semestre del año, han perdido la vida 135 personas en el agua.

El 1 de junio, por ejemplo, fallecían otras cinco personas. En una sola jornada. Sin acaparar grandes titulares. A las 13.00 de ese día el cuerpo de un hombre de 44 años era avistado flotando en el río Louro, a la altura de O Porriño (Pontevedra). Solo dos horas más tarde, dos hermanos de 47 y 49 años fallecían en la cala de Eretzin (Hondarribia, Gipuzkoa). Eran oriundos de la localidad de Ibarra y, según relataron algunos testigos a los sanitarios que acudieron al rescate, uno cayó al agua en la zona del acantilado del monte Jaizkibel, y el otro se lanzó al mar con la intención de salvarlo. Poco después, la Cruz Roja advertía a los bañistas de que extremaran el cuidado porque hasta el 15 de junio no habría vigilantes en la zona.

Hora y media más tarde, pasadas las 16.30, un hombre de 48 años se ahogaba en la cascada de Pedrosa de Tobalina, en Valle de Tobalina (Burgos). Lograron sacarlo del agua, pero no pudieron reanimarlo. Y hacia las 18.00 los bomberos de Madrid comenzaban la búsqueda de un bañista desaparecido cuando estaba nadando en el río Jarama, a su paso por Aranjuez. Supuestamente, el hombre, que estaba acompañado por un amigo, se metió en el río para darse un baño, pero empezó a mostrar que tenía problemas dando manotazos en el agua, según contaron fuentes del 112. El otro hombre trató de rescatarlo pero no lo consiguió y tuvo que salir del río, también con dificultad, mientras veía hundirse a su amigo, de 37 años, cuyo cuerpo finalmente fue localizado.

Cinco ahogados en un solo día, que se ajustan a las estadísticas: el 88% de todos los ahogamientos registrados entre enero y junio se produjeron en espacios sin vigilancia. La mayor parte de las víctimas fueron varones. Y el 66% de total, mayor de 45 años.

El 29 de junio perecieron otros cuatro bañistas, todos hombres de 34, 35, 50 y 62 años, en la costa de Galicia, en un pantano de Asturias, en un embalse de Ávila y en una playa de Almería. Y desde el pasado 15 de junio, la media es de dos ahogados diarios. Y el verano —la peor época según las estadísticas que elabora la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, dependiente del Consejo Superior de Deportes— no ha hecho más que empezar. Esta entidad, sin ánimo de lucro, y que destina el dinero que obtiene de los cursos de socorrismo que imparte a la prevención y los estudios, es el único organismo que existe en España a escala nacional para la seguridad acuática.

“¿Qué está fallando para que el número de muertes no deje de crecer?”, se pregunta retóricamente Isabel García Sanz, la presidenta de esta federación: “Influyen varios factores, en primer lugar, que no tenemos la conciencia de que el medio acuático sea un medio peligroso, sino de ocio y diversión, y no prestamos las debidas precauciones, que en cambio sí tomamos en otros ámbitos, como la conducción o los deportes de riesgo”, dice. “Pero lo más grave es que en el ámbito acuático no existe ninguna regulación estatal, solo existen normativas a nivel autonómico y solo en lo relativo a las piscinas, no a las playas”. No existe un registro del número de socorristas que hay en España, ni tampoco hay una regulación en cuanto a su formación, señala. “Puedes encontrar empresas que dan títulos de socorristas on line de diez horas y que ni te ven tirarte a la piscina; y otras que piden seis meses de entrenamiento y con unas pruebas exigentes”, describe. “Hay Ayuntamientos que señalizan los lugares peligrosos de un modo y otros de otro, y algunos que no los señalizan para no ahuyentar el turismo”, explica. “Es un auténtico caos en todos los sentidos, es como si en unos pueblos permitieran ir a 200 kilómetros por hora y en otros a 50”, sentencia García, en referencia a unas cifras anuales siempre trágicas.

La federación lleva años demandando que se cree un “plan general de seguridad acuática o un plan estatal de seguridad acuática, algo parecido a la Dirección General de Tráfico pero para el mundo acuático”. Fuentes del organismo reclaman que en él deberían tener participación varios ministerios: “Sanidad, Educación e Interior, porque es un tema de seguridad de las personas”.

Los datos dramáticos y la situación administrativa parecen hacer necesario y urgente que se regule la formación de los vigilantes y que se homologue la señalización en los diferentes espacios acuáticos. “La mayor parte de las autonomías tienen normativas [para regular el ocio acuático] que tienen más de 30 años de antigüedad”, apunta García.

Sin subvenciones

A falta de todo, es la Real Federación Española de Salvamentos y Socorrismo la que hace las veces de organismo coordinador entre ayuntamientos y comunidades valiéndose de voluntarios en muchos casos. “Las subvenciones que obtenemos del Consejo Superior de Deportes solo son para la competición”, aclara García. “Nos valemos de los recursos propios generados con los cursos que impartimos para preparar a 7.000 socorristas al año”.

Mientras llega o no ese ansiado plan estatal, la federación recomienda “no bañarse nunca solo, no hacerlo en zonas no vigiladas o a horas en las que no haya vigilancia, hacer caso de las señales dirigidas a los bañistas, no fiarse —y, menos aún, en el caso de los niños— de los elementos flotantes, que en caso de corrientes pueden arrastrarnos agua adentro, nunca perder de vista a alguien cuando se está bañando, y preguntar e informarse siempre en caso de duda acerca de las condiciones de seguridad del lugar en el que nos encontremos”.

El hecho de que solo el 10% de los ahogamientos se produzcan en piscinas —espacios cerrados, vigilados y con una normativa específica—, hace pensar que, aplicando las mismas medidas en otros lugares, podría reducirse mucho el 90% de muertes restantes que se producen.