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El juez archiva la causa por la caja b del PP de Castilla y León y sanciona al denunciante

El magistrado afirma que el acusador anónimo tergiversó los hechos de mala fe contra Fernández Mañueco

Alfonso Fernández Mañueco, junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea. Ampliar foto
Alfonso Fernández Mañueco, junto al secretario general del PP, Teodoro García Egea. EFE

El juez decano de Salamanca, Juan Rollán, ha archivado este jueves la investigación abierta la semana pasada sobre la presunta financiación del PP de Castilla y León en el proceso de primarias de marzo de 2017, en el que Alfonso Fernández Mañueco se hizo con las riendas del partido en esa comunidad. El magistrado considera que los hechos relatados por un denunciante anónimo “carecen de tipicidad penal”, y condena a este acusador anónimo a pagar la totalidad de las costas en el momento en que se descubra su verdadera identidad. Rollan entiende que el denunciante “ha obrado con temeridad y mala fe”. La resolución de archivo señala que “el escrito de denuncia relataba hechos de manera tergiversada y subjetivamente interesada para darles una apariencia delictiva”.

La semana pasada, el juez Rollán abrió la investigación tras recibir una denuncia, firmada con pseudónimo, en la que se relataban posibles delitos de coacciones, falsedad documental y financiación ilegal en las primarias en las que Mañueco, entonces alcalde de Salamanca y ahora candidato a presidir la Junta, venció al regidor de León, Antonio Silván, con el 67,5% de los votos. En la victoria de Mañueco en ese proceso interno fue vital la participación de los militantes salmantinos del PP.

La denuncia, firmada con nombre ficticio, relataba que Mañueco, junto con dos concejales salmantinos, supuestamente pagó, en parte con dinero negro procedente de comisiones ilegales, las cuotas de unos 1.500 afiliados del PP provincial. Así, estos pudieron participar en el proceso de primarias, que exigía estar inscrito en el censo y al corriente del pago de las cuotas. El resto de las cuotas se recabó reclamando 500 euros en el caso de los cargos electos y 300 euros en el caso de los asesores.

El magistrado abrió una investigación, que declaró secreta por motivos de prudencia al provenir de una denuncia anónima. Entre otras actuaciones, el juez reclamó al PP salmantino el listado completo de afiliados, que será devuelto a la formación una vez sea firme el archivo de la causa, decretado este jueves. También tomó declaración como testigos a tres concejales del PP de la capital charra en el anterior mandato municipal.

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