La policía detiene a otros diez trabajadores de la funeraria de Valladolid

La Policía Nacional ha detenido la mañana de este jueves a otros diez trabajadores de la empresas funeraria El Salvador de Valladolid que presuntamente habrían colaborado en la estafa por la venta de ataúdes cometida durante 20 años, según ha informado la Delegación del Gobierno. Con estas nuevas detenciones se elevan a 26 los implicados en el marco de la Operación Ignis, de los cuales el dueño y dos de sus hijos se encuentran en prisión: el padre (Ignacio M.) sin fianza, uno de los hijos bajo fianza de 800.000 euros y una hija de 400.000 euros.

Los nuevos detenidos son trabajadores de la empresa que, en menor o mayor grado, habrían colaborado con la trama y, por lo tanto, se les considera autores de sendos delitos de estafa continuada y de organización criminal. Las previsiones de la Policía Nacional indican que podrían pasar este viernes a disposición judicial.

Hasta el momento se han presentado más de 300 denuncias de personas que se sienten perjudicadas en el caso que se investiga. La juez que lleva el caso estima que en la funeraria El Salvador, con cinco tanatorios en la provincia, se pudieron cambiar entre 1995 y 2015 hasta 6.000 ataúdes antes de proceder a la cremación de los cuerpos. 

Los empleados de la funeraria intercambiaban presuntamente los ataúdes de alta calidad pagados por los familiares de los fallecidos por otros mucho más baratos justo antes de la incineración, revendiendo después los más caros. La caja es el elemento que más encarece un sepelio, ya que puede costar entre 600 y 4.000 euros. Los investigadores no descartan que hicieran lo mismo con las coronas de flores desechadas tras los velatorios.`

La empresa, un negocio familiar que nació en 1985 y que hoy es una sociedad anónima con tres pilares (Agencia Funeraria Castellana y Tanatorio El Salvador, ambos en en Valladolid, y Cementerio-Jardín Parque El Salvador, en Santovenia de Pisuerga), pero que además gestiona cementerios municipales, cuenta con una plantilla de 70 trabajadores. Al parecer la investigación arrancó hace dos años, cuando los propietarios denunciaron a uno de sus empleados por chantaje y este aportó pruebas de supuestas prácticas fraudulentas que la empresa desarrollaba desde hace dos décadas.

Según datos de la concejalía de Medio Ambiente y Sostenibilidad, que tiene las competencias en cementerios, en 1995 se incineraron 76 cuerpos en la capital pucelana. Y el año pasado lo hicieron cerca de 1.000, de los casi 4.000 fallecidos en la provincia.