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La fiscalía pide 30 años para los tres acusados de secuestrar y asesinar un empresario canario

El ministerio fiscal sostiene que el móvil de los enjuiciados fue económico

El edificio de la Audiencia Provincial de Tenerife en una imagen de 2018.
El edificio de la Audiencia Provincial de Tenerife en una imagen de 2018. Cristóbal García (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado penas de 30 años de prisión para tres personas acusadas de secuestrar y asesinar a Raimundo Toledo, presidente de Tenerife Gasolineras (TGAS). Según se afirma en el relato de los hechos realizado por el ministerio fiscal y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la investigada Sandra Penton Rodríguez fue el cerebro de una operación, cuyo móvil era económico debido a que temía que el empresario pudiera perjudicar los intereses de su pareja sentimental, que era sobrino del fallecido.

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El fiscal explica que para llevar a cabo sus planes, contó con la ayuda de dos cómplices: Alexander Reyes y Diego Claudio Gutiérrez. Los investigados compraron un vehículo Seat Toledo, y un arma de fuego falsa y emprendieron labores de vigilancia en las cercanías del domicilio del empresario en Santa Cruz de Tenerife.

La rutina de Raimundo Toledo, tío del actor Willy Toledo, era fácil de adivinar. Tenía 68 años y siempre conducía hasta su domicilio en un Honda Civic. Así, en diciembre de 2015, Reyes y Gutiérrez esperaron a que el empresario llegara a las puertas de su domicilio y se introdujeron en su vehículo. Tras un breve forcejeo, lograron reducirlo atándolo con el cinturón de seguridad y se dirigieron al sur de la isla. En un lugar que no ha sido determinado aún por la policía, ataron a la víctima con los cordones de sus propios zapatos y le comenzaron a golpear violentamente hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, Penton acudió a un lugar convenido y proporcionó ropa limpia a los presuntos autores y un bidón de gasolina con la que incendiaron el coche con la víctima en su interior despeñando el vehículo por el mirador de La Centinela en el municipio de San Miguel de Abona. Los intentos de borrar las pruebas fueron infructuosos debido, fundamentalmente, a un aspecto: en su fuga los presuntos autores olvidaron el coche en el que iniciaron la vigilancia de la víctima y en su interior una pistola, guantes y cinta de embalar. Ese detalle proporcionó a los investigadores las pistas que determinaron días después la detención de los tres investigados. Ahora, el ministerio fiscal solicita las penas de 30 años de prisión para cada uno de los acusados por los delitos de asesinato, incendio, detención ilegal y robo de vehículo.

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