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El Seprona halla una media de 20 pozos ilegales al mes por provincia

“A quien cava un acuífero le sale más caro regularizarlo que pagar la multa”

Imagen del pozo en el que cayó el pequeño Julen de dos años.
Imagen del pozo en el que cayó el pequeño Julen de dos años.

La construcción de pozos ilegales, como en el que cayó el pequeño Julen el pasado domingo, es una práctica habitual y generalizada en la provincia de Málaga: “Cualquiera que tiene un terreno en el que quiere construir una nave de aperos, que muy posiblemente acabará siendo con el tiempo una vivienda ilegal más, cava un pozo para tratar de obtener agua”, asegura un agente del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la zona. “Si no la encuentra, lo tapa con una piedra y ahí se queda”. A falta de datos oficiales de la Jefatura del Seprona en Madrid, fuentes de ese servicio de la Guardia Civil estiman que se localizan una media de “entre 20 y 30 pozos al mes en cada provincia española. Y calculan que eso supone una media de 3.000 denuncias al año, “ya que cuando se localiza un pozo hay que tramitar varias denuncias: en el ayuntamiento correspondiente, en la confederación hidrográfica y en la consejería de Medio Ambiente, en el área de Minas y Energía”, explican. Es precisamente el estudio de ingeniería que exigen desde los departamentos de las comunidades autónomas para legalizarlo lo que más encarece el trámite de la regularización, “hasta el punto de que quien cava un acuífero ilegal prefiere arriesgarse a ser denunciado y pagar la multa que ponerlo en regla”, aseguran agentes del Seprona.

 Miguel Ángel Escaño, alcalde de Totalán, el municipio en el que se realizan las tareas de rescate del pequeño de dos años, asegura que “ante el importante gasto que puede suponer la elaboración de un pozo, lo habitual es elaborar el proyecto técnico y presentarlo a la administración autonómica para conocer su opinión sobre el tema”.

Desde la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía, aseguran que en la provincia de Málaga “puede haber pozos ilegales de dos tipos: de prospección (los que se hacen para ver si hay agua) y de extracción de aguas (bien porque no esté autorizado ese aprovechamiento o porque se esté usando un mayor caudal del concedido)”.

En el caso del pozo donde está Julen, fue construido a finales del año pasado por el novio de la prima de su padre. Supuestamente habían ido a la finca precisamente porque sus familiares acababan de empezar unas obras en esos terrenos. “Como ese hay cientos, tapados con piedras, nadie piensa que por ahí se puede colar alguien”, señalan agentes del Seprona malagueño.

Málaga cuenta con unos 40 guardias en ese históricamente raquítico Servicio de Protección de la Naturaleza, lo que convierte en común que una pareja de agentes tenga que cubrir toda una comarca, más de 20 municipios. “Caza, pesca, residuos, construcciones ilegales...”, enumeran sus responsabilidades los guardias que aseguran que no dan abasto.

A la picaresca habitual, se suma el hecho de que “en algunas comunidades se dan subvenciones a la explotación agrícola por goteo, por lo que la gente se está lanzando a cavar acuíferos”, aseguran las mimas fuentes.

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