Golpe a una ‘narcourbanización’ ilegal de La Línea

La odisea comienza al poco de entrar por cualquiera de las calles de acceso a El Zabal, la barriada donde viven buena parte de los narcos de La Línea de la Concepción (Cádiz). Es fácil perderse en el intrincado laberinto de carriles sin asfaltar, a veces anchos y otras estrechos, que serpentean y acaban en callejones sin salida. A ambos lados de los caminos solo hay tapias altas, amplias cancelas de hierro y cámaras de seguridad. Es en este galimatías urbanístico ilegal donde la policía ha detenido a 16 personas acusadas de haber lavado dinero del hachís construyendo 14 chalés en más de 11.000 metros cuadrados de terrenos rústicos.

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Los 16 propietarios levantaron la narcourbanización sin un solo permiso municipal en un suelo no urbanizable y de especial protección agrícola. La ilegalidad no fue un problema para edificar 14 villas, de 800 metros cuadrados de terreno cada una, equipadas con piscinas y “zonas ajardinadas con todo lujo de detalles que denotan un nivel de vida no acorde con los ingresos declarados por sus moradores o propietarios”, como han explicado fuentes de la Policía Nacional.

Desde la vía que da acceso a la urbanización ni una sola de estas cualidades es apreciable porque una alta tapia rodea todo el complejo. Solo una foto aérea permite apreciar las 14 edificaciones, algunas a medio construir, con impolutos tejados y amplias piscinas. Sin embargo, lo que se estaba levantando dentro “era un clamor popular y la gente empezó a hablar”, reconocen fuentes del grupo de blanqueo de la comisaría de La Línea, creado en septiembre de 2018 como parte de los refuerzos de la lucha contra el narcotráfico en el Campo de Gibraltar.

Hubo más pistas que la rumorología. Los investigadores detectaron que, a finales de 2017, el antiguo propietario y los nuevos moradores realizaron la compraventa del solar agrícola. Pagaron 28.000 euros, unos 2.000 euros por cada parcela resultante de la posterior división ilegal. Para ocultar sus identidades, los investigados crearon hasta dos sociedades limitadas. Estas, a su vez, estaban administradas por familiares de personas que ya “eran objeto de interés policial por sus presuntas vinculaciones con el tráfico de drogas en la comarca del Campo de Gibraltar”, según explican fuentes policiales.

La mayor parte de los detenidos son mujeres, según apuntan fuentes de la investigación, que figuraban como propietarias, pese a que ni siquiera tienen actividad laboral declarada. La vinculación con los traficantes del hachís y la ausencia de recursos económicos propios hace sospechar a los investigadores que el dinero procedía del narcotráfico de hachís con Marruecos. Los nuevos moradores parcelaron el solar, de algo más de 11.000 metros cuadrados, y lo edificaron con rapidez.

En nada les obstaculizó la prohibición que impide tanto dividir como construir en este tipo de terrenos agrícolas. “Hicieron caso omiso a toda advertencia por parte de las autoridades competentes en materia de disciplina urbanística”, según explica la policía. Los investigados —ya están en libertad con cargos— se enfrentan a delitos contra la ordenación del territorio, con penas de uno a tres años de prisión. Sin embargo, lo más probable es que los detenidos acaben pagando sanciones económicas y con el derribo de las edificaciones, que “será complicado”, según reconocen fuentes de la investigación.

Los delitos de blanqueo no se dirimirán en el juicio a estos investigados. Pero fuentes de la comisaría de La Línea advierten: “Esto no quita que de forma paralela se esté haciendo algo”. De hecho, la vinculación entre el tráfico de drogas o el contrabando de tabaco y el urbanismo ilegal es bien conocida por quienes luchan contra estos delitos. Ya en su memoria de 2017 la Fiscalía Antidroga de Cádiz advirtió: “En muchas ocasiones nos encontramos ante viviendas o naves construidas por las organizaciones sin licencia urbanística y sin ajustarse a ningún planeamiento”.

Para el ministerio público, la proliferación de barriadas ilegales de narcos, como las que existen en La Línea, Algeciras o Sanlúcar de Barrameda, crea “una situación que se retroalimenta, pues a mayor número de construcciones ilegales, más se concentra y cronifica el problema, estableciéndose guetos en los que los traficantes campan a sus anchas, dificultando enormemente la labor policial en la zona”.

En el Ayuntamiento de La Línea son conscientes del problema existente con las casas ilegales de los narcos en El Zabal. Tanto es así que su Delegación de Urbanismo ha resultado clave para culminar la investigación a los 16 detenidos, según apuntan fuentes de la comisaría linense. El Ayuntamiento tiene identificadas —gracias a informes previos al nuevo plan general para la ciudad— en torno a 1.000 edificaciones ilegales en la barriada, algunas de ellas con infracciones que ya están prescritas.

En total, el Consistorio tiene abiertos hasta 400 expedientes por infracciones urbanísticas en El Zabal que están siendo gestionados apenas entre un abogado, un auxiliar administrativo y un arquitecto a media jornada. Como el Ayuntamiento está sujeto a un plan de ajuste, no puede reforzar la plantilla, según denunció el alcalde Juan Franco a EL PAÍS en una entrevista publicada en septiembre del año pasado. Mientras la burocracia avanza a paso lento, parte de la laberíntica barriada de El Zabal construye el silencio a base de ladrillos pagados con droga.