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Pocas condenas a España en Estrasburgo, pero de gran impacto

En 2017, de las 1.068 sentencias dictadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, solo seis fueron sobre España

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, durante su comparecencia ante los medios hoy en Bruselas. En vídeo, Estrasburgo dictamina que Otegui no tuvo un juicio justo

En lo que va de año, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España por el trato inhumano y degradante a dos etarras detenidos, ha llevado la contraria a la justicia española al ratificar que quemar fotos del Rey se enmarca dentro de la libertad de expresión y ha considerado, también, que el juicio a Arnaldo Otegi y otros dirigentes abertzales no tuvo todas las garantías de imparcialidad que caben esperar. Por su calado y efectos en la legislación nacional, así como por la alta carga política de algunas de estas sentencias, pareciera que Estrasburgo tiene en su mira a España. Sin embargo, no es este el país sobre el que más se pronuncia el tribunal europeo. Ni al que más tira de las orejas.

Los casos relacionados con ETA han centrado buena parte de la actividad de los jueces este año y también en ejercicios anteriores. Además de la sentencia de este martes condenando a España por vulnerar el derecho a un juicio justo del secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, y otros cuatro dirigentes abertzales, a finales de octubre los jueces europeos analizaron la petición de los etarras Santiago Arróspide Sarasola, Santi Potros; Alberto Plazaola Anduaga y Francisco Múgica Garmendia, Pakito, que reclamaban que se reconociera el tiempo pasado en cárceles francesas y que se les descontara de las condenas españolas.

En esa ocasión, Estrasburgo sí avaló a España en su decisión de no computar a los presos etarras los años de cárcel cumplidos, sobre todo, en Francia. Una decisión que se esperaba con gran inquietud porque una sentencia favorable en este caso podría haber tenido un gran impacto sobre la estancia en la cárcel de 69 de los 234 etarras aún presos en España. En la política pesaba el fallo de octubre de 2013 en el que Estrasburgo tumbaba la doctrina Parot, la jurisprudencia del Supremo que permitía alargar la permanencia en prisión de etarras y otros reclusos por delitos graves. Esa decisión acarreó la excarcelación no solo de la demandante, la miembro de ETA Inés del Río Prada, sino de decenas de terroristas.

Uno de los fallos que más sacudieron a España llegó en febrero, cuando el tribunal condenó al país por "trato inhumano y degradante" durante su arresto de los terroristas Igor Portu y Mattin Sarasola, autores del atentado en diciembre de 2006 en el aeropuerto de Barajas que provocó la muerte de dos personas. Aunque Estrasburgo excluyó claramente que se tratara de un caso de "tortura", como afirmaban los demandantes, obligó a España a indemnizarlos con 30.000 y 20.000 euros, respectivamente, por daños morales.

En años anteriores, Estrasburgo ha condenado a España en varias ocasiones por no investigar denuncias por torturas a etarras. En mayo de 2015 amparó al miembro de Ekin Jon Patxi Arratibel, y en octubre del año anterior hizo lo mismo con los supuestos casos de malos tratos a Beatriz Etxebarria y Oihan Ataun mientras estaban en detención no comunicada. Tres años antes, España fue condenada por no investigar suficientemente la denuncia de torturas del entonces director del diario vasco Egunkaria, Martxelo Otamendi, tras su detención incomunicada ordenada por un juez de la Audiencia Nacional a raíz del cierre del periódico.

A comienzos de 2019, Estrasburgo podría volver a marcar la legislación española. Para entonces se espera que se pronuncie definitivamente sobre un caso de “devoluciones en caliente” en la valla de Melilla: esa sentencia podría determinar la política del Gobierno de Pedro Sánchez en esa materia.

De los 47 países que integran el Consejo de Europa —y por tanto están sometidos al tribunal—, el año pasado España fue el decimoséptimo con menos sentencias dictadas por los jueces europeos. En 2017, ese tribunal emitió 1.068 sentencias: solo seis fueron relativas a España. Muy lejos, por tanto, de las 305 sentencias que acumuló Rusia o las 116 de Turquía. Pero también muchas menos que las de países como Grecia o Suiza que, pese a tener una población mucho menor que la española, suman más sentencias (37 y 10, respectivamente), o las 31 de Italia, las 26 de Serbia o incluso las 13 de Portugal.

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