Un tribunal dicta una sentencia para que la entienda un discapacitado al que estafó su ‘amiga’

El tribunal, presidido por el magistrado David Cubero, tomó dos decisiones: por un lado, buscar a una persona que estuviese con él durante la vista y le explicase lo que allí estaba sucediendo; y, por otro, redactar una sentencia lejos de los tecnicismos jurídicos. Intentar que la víctima entendiese la resolución a través de un fallo de los llamados de lectura fácil. “El juez es quien decide si se pone un castigo o no a la persona que ha hecho daño a alguien; la sentencia judicial tiene que ser obedecida por todos, una denuncia es contarle a la policía o a un juez lo que ha pasado”, rezan otros pasajes de la sentencia. Este fallo es el primero del ámbito penal que se dicta en España.

La víctima, cuyas iniciales son A. S. G., tiene 47 años. En 2012 conoció a una chica, M. G. M., y se enamoró de ella. Y ella aparentó estarlo de él. Entre la chica, de edad similar, y la madre de esta, P. M. B., “manipularon” su voluntad y le esquilmaron sus ahorros. Hasta le embarcaron en un préstamo hipotecario que él debía pagar a lo largo de muchos años con la nómina de 734 euros que percibe por su trabajo en un supermercado. El engaño se destapó pronto, aunque para entonces había firmado un crédito hipotecario de 86.000 euros en favor de ambas mujeres y les había transferido otros 24.000 euros.

"Una denuncia es contarle a la policía o a un juez lo que ha pasado", señala la sentencia de lectura fácil

A. S. G. notó que crecía el desafecto de la chica hacia él a la vez que desde el banco le avisaban de descubiertos en su cuenta, lo que le ponía muy nervioso. El banco empezó a restarle mensualmente 437 euros y le avisó de que sus ahorros se estaban esfumando. A. S. G. no entendía bien qué pasaba, ni por qué le llamaban desde el banco. Un allegado suyo destapó la estafa. Y el asunto acabó en los juzgados.

Antes del verano se celebró el juicio en la Sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid. A. S. G. asistió como víctima. El tribunal, consciente de sus limitaciones intelectivas, le proporcionó un “facilitador” que le explicó por qué estaban allí sentadas esas personas (su amiga y la madre de esta) y el papel de los diferentes actores: jueces, abogados, fiscal... Y no solo eso. Los tres jueces del tribunal (David Cubero, ponente, Pilar Alhambra y Javier Ballesteros) tomaron otra decisión: realizar ellos la sentencia oficial, la que dirigen a las partes, y enviar una copia original a la Fundación A La Par, dedicada a ayudar a personas con discapacidad, para que redactase una en la modalidad de lectura fácil. Y, hecho eso, la remitiesen al tribunal para ponerle ellos el sello de la Audiencia y el aval de los jueces y entregarla a la víctima.

En el documento judicial entregado a A. S. G. se le explica qué es una denuncia: “Contarle a la policía o a un juez lo que ha pasado para que puedan ayudarle”; qué es un juez (“una persona que juzga si una situación es justa”) y qué es un juicio (“el proceso donde un juez valora la situación y toma una decisión”).

El tribunal, consciente de  las  limitaciones intelectivas de la víctima, le proporcionó un “facilitador”, quien le explicó por qué estaban allí sentadas en el estrado esas personas

Tres delitos

La sentencia de lectura fácil también entra en el fondo de los hechos. Los jueces explican a A. S. G. que su denuncia recayó en un juzgado y que allí otro juez “reunió pruebas para investigar lo que había pasado” con su dinero y con las mujeres acusadas. Y que un fiscal entendió que su amiga y la madre de esta habían cometido “un delito continuado de estafa, otro de estafa agravada en tentativa y otro delito de falsedad documental”.

Los jueces le detallan que la persona que conoció en 2012 se aprovechó de “su vulnerabilidad” para “obtener su dinero”. En los fundamentos de derecho, explican que “las acusadas han reconocido los hechos probados”, es decir, los tres delitos. Y le indican que, debido a que ellas han aceptado las penas, estas han sido rebajadas y no tendrán que ir a la cárcel, pero, eso sí, con la condición de que devuelvan 3.000 euros en la siguiente semana a la publicación de la sentencia y que paguen 300 euros mensuales, entre los días uno y cinco de cada mes, hasta saldar el total del dinero que le estafaron. La hija ha aceptado una pena de dos años y dos meses de prisión y la madre de 15 meses.