Ciudadanos registra una ley para que los altos cargos no puedan ser nombrados a dedo

Una ley "antidedazos", la han bautizado. Ciudadanos acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de colocar a "más de 500 enchufados" desde que llegó a La Moncloa (un dato discutido por el Ejecutivo y difícil de comprobar) y propone atajar por ley los nombramientos discrecionales. El partido de Albert Rivera ha registrado este jueves una propuesta legislativa para que el nombramiento de altos cargos y directivos en la Administración —entre ellos los ministros, secretarios de Estado, directores generales, etcétera— sean fiscalizados por un organismo independiente que valoraría su idoneidad en función de sus competencias profesionales. "Queremos acabar con el ejército de ocupación que entra en la Administración con un cambio de Gobierno", ha argumentado el portavoz parlamentario, Juan Carlos Girauta.

Profesionalización versus ocupación, defiende Ciudadanos. El partido ha recibido con gran escándalo algunos nombramientos del Ejecutivo socialista, como el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos (sociólogo pero exmiembro de la ejecutiva del PSOE); o el director de Correos, Juanma Serrano (anterior jefe de gabinete de Sánchez), que considera producto de amiguismos y de una politización intolerable.

"40 años de bipartidismo han invadido y colonizado masivamente las instituciones", ha censurado Toni Roldán, portavoz económico en el Congreso, en la presentación de una ley cuya principal novedad es la creación de un organismo independiente encargado de evaluar la idoneidad de las personas propuestas para un alto cargo, que juzgaría sobre la base del currículum y una declaración de principios.

Este organismo, la Autoridad Independiente de Integridad Pública en la propuesta de ley de Ciudadanos, tendría un presidente designado por el Pleno del Congreso por mayoría de dos tercios de los diputados. La institución tendría que formular una resolución sobre la idoneidad de los ministros, secretarios de Estado, secretarios generales, delegados del Gobierno y otros altos cargos, sin la cual estos no podrían ser nombrados. 

La ley establece una protección mayor para la independencia y profesionalidad de lo que llama altos directivos, en los que encuadra a los subsecretarios, directores generales, y presidentes de las entidades del sector público estatal. Esto es, donde se encuadran el CIS o Correos. Estos directamente deberían ser nombrados con criterios de "mérito y de capacidad" a través de "un procedimiento que garantice la publicidad y concurrencia", que no se detalla en la norma.