El comisario Villarejo pide otra vez su libertad al juez

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión provisional desde noviembre de 2017, solicitó este miércoles de nuevo al juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea, que investiga sus supuestos negocios ilegales, que lo ponga en libertad. La defensa del policía argumenta que la causa contra él se ha debilitado al archivar el magistrado tres de las cinco piezas separadas de que consta la llamada Operación Tándem.

En un escrito presentado ayer, el abogado de Villarejo, el penalista Ernesto Díaz-Bastién, añade que sus actividades mercantiles estaban “autorizadas materialmente por sus superiores” en la Policía, informa Europa Press. En anteriores ocasiones, la excarcelación ha sido rechazada tanto por el juez instructor como por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En su alegato, el letrado de Villarejo insiste en la inocencia de su cliente y recuerda que tres de los superiores —el subdirector general adjunto operativo entre 1986 y 1994, Agustín Linares; el subdirector general operativo entre 1996 y 2004, Pedro Díaz Pintado y el director general adjunto desde 2012 a 2016 Eugenio Pino— han acreditado por escrito que autorizaron las actividades de la sociedad Cenyt, con la que Villarejo hizo sus negocios.

Estas declaraciones fueron aportadas por la defensa del comisario jubilado al juzgado en enero. Ahora, Díaz-Bastién solicita al magistrado que cite como testigos a los tres antiguos altos mandos policiales para que ratifiquen esas versiones.

Nuevas declaraciones

El empresario Juan Muñoz, esposo de la periodista Ana Rosa Quintana, pasará este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional Diego de Egea. El magistrado citó ayer también al propio Villarejo y al abogado Rafael Redondo, también encarcelado desde noviembre, dentro de la pieza separada sobre la contratación del policía para un presunto chantaje, que se abrió el pasado viernes y que fue bautizada como Pintor.

Muñoz, su hermano, y el abogado de ambos, Ricardo Álvarez Ossorio, fueron detenidos el martes por orden de la Fiscalía Anticorrupción. En la operación se registraron sus domicilios y despachos en Madrid, Marbella y Sotogrande, donde los agentes se incautaron de abundante material informático, según fuentes del ministerio público.