El Pacto contra la Violencia de Género obtiene fondos casi un año después de su aprobación

El gran acuerdo para combatir la violencia de género salió adelante en septiembre con gran respaldo, pero sin fondos. Casi un año después, el nuevo Gobierno acaba de aprobar el reparto de los 100 primeros millones para las comunidades, que disponen de poco más de tres meses para gastarlos. También será inminente la devolución de competencias a los Ayuntamientos para tratar a las víctimas. Y un cambio legal que evite que sea necesario contar con el permiso de los maltratadores para que sus hijos reciban atención psicológica.

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Desde que en 2003 comenzó el recuento oficial, 202 niños han quedado huérfanos y 949 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas, las últimas 23 en 2018. Es un goteo incesante para el que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó un nuevo pacto que debía completar los efectos de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004. Obtuvo casi unanimidad. Solo Podemos se abstuvo al considerar que el pacto se quedaba corto. Pero los primeros fondos para ponerlo en marcha se han hecho esperar, pese a que los 200 millones anuales previstos apenas suponen el 0,06% de los Presupuestos Generales del Estado.

La vicepresidenta y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, ha acordado este martes con las comunidades autónomas el reparto de los 100 millones previstos para mejorar las redes de recursos y servicios sociales, la inserción sociolaboral de las víctimas, campañas de sensibilización y prevención, los protocolos de colaboración y los servicios de apoyo a los menores hijos de las víctimas, entre otros aspectos. El reparto se ha hecho atendiendo criterios de población e insularidad, con especial atención a las mujeres mayores de 65 años, con discapacidad, paradas o las que viven en zonas rurales. Las comunidades respaldaron por unanimidad el reparto aunque alertaron de las dificultades para ejecutar y justificar en apenas tres meses unos fondos que debían haber recibido en el primer trimestre de 2018.

El Gobierno prometió flexibilidad en los plazos para justificar el gasto. Las que más dinero reciben son Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana, las más pobladas. Andalucía, por ejemplo, destinará parte de los 15,3 millones que le corresponden a la incorporación de los hijos dentro de las valoraciones policiales de riesgo o a mejorar con alquileres la red de viviendas para víctimas, según explicó la consejera andaluza María José Sánchez Rubio.

La Junta acaba de aprobar una ley propia que prevé la atención a potenciales víctimas sin necesidad de que presenten denuncia policial, solo con el aviso a servicios sociales o de otras instituciones implicadas. La Comunidad Valenciana sugirió que en futuros repartos de fondos se considere también el número de denuncias y las órdenes de protección en vigor por comunidad, explicó Mónica Oltra, vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. Destinarán sus 8,9 millones a reforzar el personal que atiende a las víctimas y adquirir más viviendas. En la Comunidad de Madrid aún deben decidir cómo gastarán los 10,2 millones que les corresponden, aunque la viceconsejera Miriam Rabaneda señaló que se usarán principalmente para políticas de prevención. También se aprobó el reparto de una partida de 9,5 millones que quedaban pendientes en la Delegación de Gobierno para la Violencia de Género que deberán destinar a víctimas de agresiones y violencia sexual.

Reunión con municipios

Calvo se reunirá este miércoles con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para repartir 20 millones de fondos municipales previstos en el pacto. La vicepresidenta ha anunciado este martes que este viernes se llevará al Consejo de Ministros un decreto urgente para devolver competencias en materia de violencia de género a los Ayuntamientos y que puedan así atender "mejor a las mujeres en cualquier punto del país".

En 2019, doblarán la partida hasta 40 millones. Se incluirán en los Presupuestos y, en caso de que la minoría parlamentaria impida sacarlo adelante, no descartan una modificación presupuestaria para garantizarlos. Este viernes se aprobará además la primera modificación legal de las incluidas en el pacto. Es un cambio del Código Civil para permitir que los hijos de maltratadores con condena reciban atención psicológica sin necesidad de contar previamente con el permiso paterno. El Gobierno pretende que todos los cambios normativos incluidos entre las 213 medidas del acuerdo estén listos antes de que acabe el año.

Eso significa modificar, entre otras, cuatro leyes orgánicas. La primera, la del Poder Judicial para mejorar la formación de los jueces, magistrados y fiscales en violencia de género. Casos como el de Juana Rivas, en cuya sentencia el juez la acusa de haber "explotado el argumento del maltrato", han provocado una amplia reacción social contra las decisiones judiciales. El Gobierno anterior, liderado por Mariano Rajoy y con Dolors Montserrat al frente de Igualdad, incumplió su promesa de sacar adelante los 200 millones del pacto para 2018 en el primer trimestre del año. Tampoco incluyó toda la partida prometida en los Presupuestos, aprobados en julio, hasta que decenas de asociaciones feministas salieron a la calle a reclamarlos. La diputada Ángeles Álvarez, del PSOE, impulsó una negociación en el Congreso y consiguió que todos los grupos respaldaron en mayo incluir los 200 millones comprometidos.