Más dinero contra la violencia machista para los Ayuntamientos
El Ejecutivo encarga un informe a la RAE sobre lenguaje “inclusivo” en la Constitución
El Gobierno, con 84 diputados, tiene muchos planes para la igualdad pero aún está por ver si tiene suficiente margen de maniobra. La vicepresidenta Carmen Calvo ha anunciado este martes su intención de acometer cambios de calado de los que no ofreció mucho detalle, como una ley sobre la trata, cambios en la normativa laboral para frenar la brecha salarial o la precarización del trabajo femenino y una normativa que revise los horarios. Ha pedido “reflexionar” sobre el itinerario laboral de las mujeres y modificar el Estatuto de los Trabajadores en caso de que fuera necesario para mejorar las condiciones de las mujeres trabajadoras.
Sus primeras palabras han sido para las víctimas de violencia machista. Entre el viernes y el lunes, en apenas 72 horas, murieron a manos de sus parejas o exparejas cuatro mujeres. Dos de ellas habían denunciado y sus parejas tenían orden de alejamiento. Calvo ha reconocido que en esos casos la protección falló. Y anunció una medida, de carácter simbólico, que sí podrá poner en marcha: ya no se dará cuenta anual de las víctimas. Se sumará desde 2003, cuando empezó la contabilidad oficial. Hay 945 asesinadas desde entonces.
La vicepresidencia ha anunciado más dinero para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, sin especificar cantidades. En septiembre, el anterior Gobierno aprobó ese acuerdo, que prevé 211 medidas y 200 millones de euros anuales. De ellos, 20 corresponden a los Ayuntamientos y son los que la vicepresidenta quiere ampliar. A finales de julio las comunidades se reunirán para “recibir las líneas de trabajo” autonómicas relacionadas con el pacto.
El Gobierno ha encargado un informe a la Real Academia Española de la Lengua, la RAE, para que aborde qué cambios hacen falta en la Constitución para que contenga un lenguaje “inclusivo” que contemple también la realidad de las mujeres. La intención es tener listo el informe para incluir los cambios cuando se aborde una reforma más amplia de la Ley Fundamental.
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