El PP encuentra su sitio en la oposición con el decreto del Gobierno para renovar la cúpula de RTVE

La aprobación de un decreto ley por parte del Consejo de Ministros para desbloquear la situación en la que se encontraba la RTVE se previó como una solución drástica para alejar a la corporación del área de influencia del PP y una medida de presión al PP y Ciudadanos, que con un acuerdo en la Mesa del Congreso que les garantizaba la llave para seleccionar al presidente en el concurso público, rompieron el acuerdo que había concitado la nueva ley. Pero este proceso que se había calculado al milímetro y preveía un desenlace rápido está erosionando la imagen del Gobierno con los sucesivos traspiés y condescendencias con los aliados, que han aprovechado la debilidad parlamentaria de los 84 diputados del PSOE para marcar perfiles (como Unidos Podemos) o insertar el conflicto catalán en RTVE (como ERC y PDeCAT).

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Pese a estar enzarzado en las batallas internas, al PP no le ha pasado por alto la oportunidad que este asunto le ofrece para asegurarse el protagonismo parlamentario y político. El partido, ante la imposibilidad de conseguir cinco de los diez consejeros, renunció a estar en el consejo para tener las manos libres. La falta de consenso ha frenado este proceso en el que ya han sido necesarios cuatro plenos extraordinarios (dos den el Congreso y dos en el Senado) para aprobar los 10 consejeros que corresponde a la Cámara baja (seis) y alta (cuatro).

Pero no será el próximo pleno del Congreso, previsto para el día 10, el que lo cierre. Para culminarlo, con la elección en el Congreso de los cuatro consejeros que el Senado no ha podido designar como marca el decreto ley y luego votar al presidente del consejo de administración, serán necesarios otros tres plenos extraordinarios antes del día 18, puesto que se requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara y cuatro grupos o la mayoría absoluta en una segunda votación.

La profusión de plenos brinda al PP mucha munición y sucesivas ocasiones de resonancia parlamentaria para desgastar desde la oposición frontal al Gobierno y su el decreto ley, que a partir de este viernes está recurrido ante el Tribunal Constitucional. Los populares son conscientes de las brechas que el decreto le ha abierto al Gobierno, que después de la dimisión del ministro de Cultura Màxim Huerta había conseguido estabilizarse. Y no están dispuestos a que Ciudadanos, que abandonó el hemiciclo a la hora de la votación en señal de protesta, le quite la bandera.

Por una parte, el decreto implica un golpe de autoridad del Gobierno de fácil contestación para el PP, que lo califica de “decretazo” y hurga en la falta de pluralidad del órgano, cuando la nueva ley de RTVE ya ha cumplido los trámites y el borrador normativo del concurso público sigue su curso, pese al conflicto con el resto de grupos. Por la otra, la validación parlamentaria del decreto ley y las consecutivas votaciones necesarias para ratificar los nombramientos han subrayado en fosforescente la precariedad parlamentaria del PSOE y su necesidad de apoyarse en partidos que exigen concesiones a cambio de respaldos y que según el PP quieren romper España. Para el PP la situación reúne todos los ingredientes oportunos para zarandear al Gobierno con las supuestas hipotecas con los independentistas.

Además, el grupo popular del Senado, donde el partido cuenta con mayoría absoluta está ultimando los detalles para convocar un pleno extraordinario para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé cuenta de “la usurpación de funciones” a la Cámara alta que conlleva el decreto ley al modular la mayoría con la exigencia del aval de cuatro grupos, requisito que hizo naufragar la lista de consejeros del PP. El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro considera que la mayoría del Senado se suplanta por el Congreso y, en consecuencia, el partido va a utilizar todos los mecanismos desde el punto de vista legal para frenar el decreto. El grupo valora la conveniencia de solicitar el pleno extraordinario todavía en julio o en septiembre.

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, ha asegurado este viernes ante las puertas del Tribunal Constitucional que el decreto fue “escrito por Podemos al más estilo bolivariano”. La portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha reiterado tras el Consejo de Ministros que el decreto para reformar la cúpula de RTVE es una figura jurídica que cubre un vacío cuando el mandato del consejo de administración de la corporación había caducado.