Visto para sentencia el juicio a Kichi por decir que el PP suministró agua contaminada “a sabiendas”

“No hay explicación que justifique dejar a sabiendas a un barrio consumir agua contaminada durante varios días”. A José María González Kichi, alcalde de Cádiz, esta aseveración le persigue judicialmente desde que la pronunció en una asamblea vecinal, el pasado 7 de marzo de 2016. Se refería a la gestión que el anterior gobierno del PP realizó de una crisis que dejó a un barrio sin agua durante 13 días. Este viernes, dos años y tres meses después de aquello y tras varios giros inesperados, el caso ha acabado por sentar a González por primera vez en el banquillo desde que es regidor. Ha sido la querella presentada por los populares la que ha llevado al líder de Por Cádiz Sí Se Puede y dos colaboradores más a estar acusados de un delito de calumnias y otro de injurias.

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La foto de González sentado en un juicio como acusado —concretamente ante el Juzgado de lo Penal Número 5 de Cádiz— era la más ansiada por la acusación particular, encabezada por la exacaldesa Teófila Martínez y compuesta por los concejales populares del anterior equipo de Gobierno. De hecho, solo ellos han sostenido la petición de penas de 24 y 14 meses de multa para el regidor, el exconcejal de Medio Ambiente Manuel González Bauza y el jefe de gabinete del Ayuntamiento, José Vicente Barcia. La Fiscalía no ha llegado a presentar siquiera acusación alguna. Pide la libre absolución de los tres, como ya había hecho en dos ocasiones más a lo largo de la instrucción.

En ese proceso González también se había ratificado en sus palabras pronunciadas, algo que este viernes ha vuelto a hacer ante la magistrada, periodistas y algunos vecinos afectados por el corte de agua en octubre de 2014. A preguntas del fiscal, el alcalde ha manifestado que Martínez “mintió” cuando en un pleno celebrado el 27 de octubre de ese año afirmó que había “0,0 de E.Coli en el agua”. “Hubo mala praxis”, se ha reafirmado González, que ha apuntado que “la responsabilidad política” corresponde tanto a ella como al expresidente de la empresa municipal Aguas de Cádiz y concejal, Ignacio Romaní (PP).

Ya a la entrada del juicio, el alcalde ha dicho sentirse contento por colaborar con la justicia. “Es saber lo que pasó. Si eso supone que nos tengamos que sentar en el banquillo, pues estoy alegre”, ha afirmado ante los más de 20 periodistas congregados en el Juzgado. Fue la contaminación del agua corriente de la barriada gaditana de Loreto, en la que viven unos 13.000 vecinos, la que motivó el corte del suministro del 13 al 25 de octubre de 2014. Cuando González accedió a la alcaldía en las municipales de 2015 encargó un informe de lo ocurrido, dadas “las preguntas sin respuesta” que encuentra en Aguas de Cádiz.

La investigación determinó que las primeras incidencias por contaminación, principalmente de E.Coli, se comenzó a detectar a partir del 29 de septiembre, 14 días antes del corte. Eso llevó a González a la conclusión de que “lo sabían y no lo pusieron en conocimiento de la autoridad competente”, ha reconocido el alcalde. Pero no lo ve igual Martínez que, este viernes en su declaración ha dicho que “no tenía conocimiento de los análisis del agua, los técnicos son los que deciden cortar el suministro el 13 de octubre y a partir de ahí estoy perfectamente informada”.

Pero, lo que ha dirimido el juzgado no era la contaminación del agua en sí, sino la aseveración que González realizó en la asamblea del 7 de marzo en la que presentó el informe de lo ocurrido. Y, de sus palabras, ese “a sabiendas” es la que ha centrado buena parte del enrocado debate entre acusación y defensa. “Pone en tela de juicio no solo mi honorabilidad, sino mi moral como persona”, ha afirmado Martínez. Pero el alcalde no se ha movido un ápice de su postura: “Yo hablaba de una responsabilidad política y el principal objetivo es que no vuelva a ocurrir”. Para aclarar una y otra postura, cuatro periodistas de medios locales han tenido que declarar también como testigos.

El caso ha quedado esta tarde visto para sentencia. González y sus dos colaboradores se enfrentan penas de 24 y 14 meses con multas de 20 euros diarios por delitos continuados de injurias y calumnias con publicidad. Los populares también solicitan la publicación de la sentencia —a costa de los encausados—, y la indemnización a los querellantes. En total, el PP pide la cantidad de 30.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

El juicio que esta tarde ha quedado visto para sentencia es tan solo el último capítulo del azaroso proceso judicial del caso Loreto, iniciado con la querella de los populares en marzo de 2016. Apenas seis meses después, a punto estuvo de quedar la causa en nada. El Juzgado de Instrucción 3 de Cádiz decidió archivar la querella al considerar que las críticas se realizaron dentro del ámbito político y que no perseguían un interés difamatorio. Pero un recurso de la acusación particular hizo que la Audiencia Provincial lo reabriese ya en enero de 2017. En todo este tiempo ninguna de las partes han variado su postura y ni siquiera se ha podido alcanzar acuerdo previo que evitase el juicio de este viernes.