Los juristas discrepan sobre la puesta en libertad de La Manada

Que la decisión de dejar en libertad a La Manada es controvertida lo dicen todos los juristas consultados por EL PAÍS, pero ahí acaban las opiniones unánimes. Expertos penalistas, jueces y abogados tienen valoraciones discrepantes sobre el auto en el que la Audiencia de Pamplona expone sus argumentos para excarcelar a los miembros de La Manada a la espera de que la sentencia sea firme. Algunos califican de “llamativa, pero no sorprendente” la postura a la vista del voto particular que en su día ya tuvo la sentencia y que pedía la absolución de los condenados. Otros, sin embargo, la creen bien argumentada y ajustada a derecho.

Para Coral Gimeno, del Foro de Abogados de Izquierdas, el auto es la “lógica continuación de una sentencia que ya produjo indignación y estupor y muestra la falta de una perspectiva de género” del ordenamiento jurídico español. Gimeno llega a calificar algunos de los argumentos esgrimidos por los dos magistrados que han apoyado la excarcelación de los miembros de La Manada como “obscenos”. Entre ellos, el del arraigo familiar y la insolvencia de los condenados, que considera que también tienen otros penados a los que, sin embargo, se les mantiene en prisión en circunstancias similares. “Es inadmisible que el auto haya sido dictado teniendo en cuenta el punto de vista del agresor, en lugar del de la víctima”, critica.

Por el contrario, Borja Mapelli, catedrático de Derecho Penal y director del Instituto de Criminología de la Universidad de Sevilla, advierte de que el derecho a permanecer en libertad hasta que haya una sentencia firme es “una garantía del Estado de derecho que va en beneficio de todos”. Él insiste en que la prisión preventiva hay que aplicarla siempre con carácter restrictivo, y, en caso de duda, hay que decantarse por la libertad. “Urdangarin ha estado en Suiza hasta la sentencia del Supremo”, recuerda.

También surgen discrepancias al valorar si en el caso de La Manada se debía haber aplicado la medida extraordinaria, pero no inusual, de prorrogar la prisión preventiva más allá de los dos años. Prueba de que la respuesta no es fácil son los desacuerdos surgidos en el seno del tribunal, donde dos magistrados votaron a favor de excarcelarles y otro de mantener su reclusión. Concepción Rodríguez, presidenta del Foro Judicial Independiente, considera que el auto está “muy fundado”, aunque pueda generar opiniones dispares. En el lado opuesto se sitúa Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía, que admite que la decisión del tribunal le causó “sorpresa”.

Para Ortega la “gravedad” de los hechos ha generado “una alarma social” que exige que los poderes públicos, tanto los jueces como los políticos, actúen con “especial sensibilidad” y hagan un esfuerzo en mejorar el tratamiento penal de los delitos sexuales. Este argumento lleva a la petición, por parte de algunos de los expertos consultados, de que el Gobierno se replantee un cambio legal para endurecer la tipificación de estos delitos, una posibilidad que está valorando el Ejecutivo. La presidenta de los abogados españoles lo cree necesario. “El concepto de violencia que se recoge en el Código Penal para los delitos de naturaleza sexual es absolutamente arcaico y estereotipado”, considera Ortega, que cree que también hay que “reforzar y mejorar la formación de jueces y fiscales en materia de perspectiva de género”.

Mercedes García Arán, catedrática de la Universidad Autónoma de Barcelona, advierte sin embargo contra el peligro de alentar estos cambios de leyes en caliente. “No me gusta el auto, pero me gustan mucho menos las interpretaciones que se están haciendo en las que se dice que hay impunidad para los violadores”, afirma García Arán, que añade: “Están condenados a nueve años y los cumplirán cuando la sentencia sea firme. Hay que distinguir entre una medida cautelar y el cumplimiento de una condena”.

Esta catedrática cree que “posiblemente” había razones para poder prolongar la prisión provisional, pero insiste en que las discrepancias a la decisión no pueden plantearse con argumentos que se alejan de los criterios legales. “Hay que parar este discurso de que los delitos quedan impunes y que aquí no pasa nada cuando se viola a una mujer. Es peligroso. Si se quieren discutir las razones de la puesta en libertad hay que hacerlo con los argumentos de la ley, no inventándose otros”, advierte.

Su opinión es compartida por el penalista Mapelli, que califica el auto de la Audiencia de Pamplona de “inteligente aparte de legal”. Mapelli coincide con el tribunal en que no hay un riesgo de reincidencia delictiva que justifique mantenerles en la cárcel. “No son depredadores sexuales”, sostiene este catedrático. “Con independencia de lo repugnante que me resulta el delito que han cometido, no responden al perfil criminológico de un depredador sexual, en el que el riego de reincidencia es extremo. Son cinco imbéciles que se autoestimularon y cometieron un delito por el que pagarán, pero yo no creo que vayan a volver a hacer lo mismo”, sostiene, y recuerda que al valorar la peligrosidad de un condenado para decidir si se le deja en libertad provisional “siempre hay que aventurar un futuro incierto”.

Partiendo de esa premisa, Mapelli coincide en parte con los dos magistrados que han optado por excarcelar a La Manada en que su pérdida de anonimato disipa el riesgo de fuga. “Visto el fuerte estigma social que tienen, creo que no van a volver a hacer nada parecido”, afirma el penalista.

Por el contrario, la abogada Berta Barcia, del colectivo Activat, cree que la decisión adoptada por la Audiencia Provincial de Navarra es “injusta” y constata que se deben recortar la distancia “entre los jueces y el sentir de las mujeres y la sociedad en general”. “No pido un endurecimiento de las penas, sino que se aplique una visión de género a las decisiones judiciales para impedir sentencias y autos como los de La Manada”, añade.

Tampoco hay unanimidad respecto a las medidas cautelares impuesta por el tribunal para evitar la reincidencia. Mapelli las considera "severas". “Una cosa es que estén en libertad y otra que estén libres”, dice. Gimeno, sin embargo, critica estas medidas, sobre todo la que impide a los cinco jóvenes a acercarse a la Comunidad de Madrid, donde reside a la víctima: “Al final, esto se convierte en una prohibición implícita para ella de salir de Madrid si quiere evitar encontrarse con alguno de ellos”, recalca. La abogada considera que el tribunal ha olvidado un dato clave al tomar su decisión: “Ninguno de los cinco detenidos ha reconocido aún su culpabilidad. Siguen defendiendo que aquello que hicieron no era delictivo. ¿Quién nos asegura, por tanto, que no lo volverán a repetir?”, se pregunta.