Las protestas por La Manada vuelven a las calles en una nueva ola de indignación

La deliberación de los jueces de Navarra —con dos votos favorables y uno en contra— ha caido como un jarro de agua fría en Pamplona, sumida ya en los preparativos para el próximo San Fermín. Es la misma fiesta donde, hace dos años, cinco hombres metieron a una joven de 18 años en un portal de madrugada, la penetraron repetidamente, grabaron la secuencia y la dejaran abandonada tras robarle móvil.

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Los cinco integrantes de ese grupo —José Ángel Prenda, Alfonso Cabezuelo (militar), Antonio Manuel Guerrero (guardia civil), Jesús Escudero y Ángel Boza— han sido condenados en primera instancia a nueve años por abuso sexual, no por agresión. Tras cumplir casi dos años de prisión provisional, quedarán libres si reunen los 6.000 euros de fianza. Y esta última decisión judicial vuelve a generar un profundo rechazo en la calle y en los despachos políticos.

La frase más repetida en la primera concentración de Pamplona no dejaba lugar a la interpretación: “Esta justicia es una mierda”. Por tercera vez en menos de un año, miles de personas —sobre todo mujeres de colectivos feministas de todo el país— se movilizan por el devenir del caso judicial con mayor contestación social que se recuerda. Hubo una primera protesta que llenó el centro de Madrid de forma improvisada en noviembre, después de que el tribunal tomara en consideración el informe de un detective que siguió a la víctima en las semanas posteriores a la agresión. Esa misma noche, entre cánticos de apoyo, se anunció la huelga de Mujeres del 8 de Marzo, un hito sin precedentes en el movimiento feminista español.

“Sentimos una indignación enorme ante una justicia patriarcal que ni protege ni cree a las mujeres”, resume Justa Montero. Esta feminista y promotora de la huelga en la Comisión 8M augura que el clamor llenará de nuevo las calles como ocurrió el 26 de abril, cuando se hizo pública la sentencia. La indignación por el caso mutó entonces en una enorme tormenta política y social que vuelve a tomar fuerza tanto entre los colectivos feministas como entre los partidos. Ninguno de los grandes se quedó al margen.

Fuentes del Gobierno de Pedro Sánchez, que no se ha pronunciado, han señalado que “los hechos probados son gravísimos”, aunque dejaron claro que el Ejecutivo “no puede ni quiere interferir” en las decisiones judiciales. La secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo, destaca en las redes sociales que esta decisión “genera una alarma social”, a la espera de conocer el auto en el que se fundamenta la puesta en libertad. Desde la Ejecutiva Federal del partido consideran “una mala noticia jurídica por la gravedad de los acontecimientos y la reincidencia de los agresores”.

Insulto a las mujeres

José Antonio Bermúdez de Castro, secretario general del grupo Popular en el Congreso, considera por su parte que las resoluciones judiciales deben ser respetadas “gusten más o menos”. Un compañero de partido, el presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno, va un paso más allá. Ha manifestado en redes sociales su “asombro, rabia y estupor” por la puesta en libertad.

La dirigente de Podemos Irene Montero califica la libertad de los procesados de “insulto a las mujeres y con ello a nuestra democracia”. Y apoya las movilizaciones de los próximos días: “Llenaremos las calles para decirnos de nuevo que no estamos solas”. Izquierda Unida cree que “lanza un mensaje de impunidad”. Los sindicatos CC OO y UGT también han llamado a secundar las movilizaciones.

“Acato la decisión judicial pero no la comparto. Es preocupante que unos condenados por abuso sexual queden en la calle pudiendo reincidir mientras esperan sentencia firme. Debemos reforzar nuestro sistema penal para tapar estas grietas”, ha indicado Albert Rivera. Su partido, Ciudadanos,  no ha aclarado si sus dirigentes secundarán las protestas.