El Supremo se inclina por rechazar a Puigdemont si Alemania no lo entrega por rebelión o sedición
El alto tribunal prepara para junio la suspensión de una decena de separatistas que ocupan cargos públicos, y que no podrán votar ni delegar el sufragio
“Mucha preocupación” y “escepticismo”. Así están los ánimos en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la de lo Penal, tras conocerse la pasada semana la decisión de un tribunal alemán de mantener en libertad al expresidente Carles Puigdemont pese a las nuevas pruebas (vídeos y declaraciones) aportadas por la justicia española a través de sus colegas alemanes. Si Alemania persiste en no entregarlo por rebelión o sedición y, en su caso, lo hace solo por malversación, el Tribunal Supremo no aceptaría recibir al cabecilla secesionista, según fuentes del alto tribunal. Los jueces alemanes insistieron por segunda vez la semana pasada en que no ven el delito de alta traición (equivalente al de rebelión) ni el de graves desórdenes públicos (sedición) por los que España reclama a Puigdemont.
Mientras cunde la incertidumbre en el Supremo, el tribunal alemán de Schleswig-Holstein (análogo a una audiencia provincial española) ha decidido tomarse otros 30 días (el límite máximo para la decisión es de 60 días, prorrogables otros 30) antes de resolver definitivamente sobre las condiciones para la entrega, o no, de Puigdemont.
El Supremo varió el criterio de transigir con Alemania y aceptar a Puigdemont solo por malversación al ver que ello supondría en la práctica dejarle libre en España
De la segunda resolución provisional del tribunal alemán (que sigue sin ver rebelión ni sedición, y que fue avanzada el pasado miércoles), el Supremo español interpreta que la decisión final puede correr el mismo camino que la primera. Es decir, que todo apunta a que la intención alemana es entregarlo únicamente por malversación de caudales públicos. Pero si así fuera, el juez Llarena, con el aval de sus colegas del Supremo, lo rechazaría y no aceptaría la entrega de Puigdemont, según han explicado a EL PAÍS fuentes del alto tribunal. Y esta opinión es casi unánime en el Supremo.
En un principio, el Supremo se planteó aceptar a Puigdemont por malversación continuada de caudales públicos, castigada con hasta 12 años de cárcel. Pero pronto varió ese criterio, ya que en la práctica permitía a Puigdemont quedar impune. Bastaba que alguien le pagase el monto de lo malversado (casi dos millones) y no tendría que ir a prisión. Por ese criterio fue desechado. Ahora, tras sugerir Alemania que su opinión sigue siendo la misma que al principio, Llarena incluso duda de si acudirá al Tribunal de la Unión Europea (con sede en Luxemburgo) para que, en su caso, determine si Alemania ha interpretado correctamente la euroden. Esta se diferencia de la extradición en que es un asunto entre jueces europeos, basada en la confianza recíproca y sin intervención de los gobiernos, que en la extradición sí tienen la última palabra.
Las costas españolas son refugio de numerosos criminales europeos perseguidos en sus países. "España siempre se ha mostrado muy colaboradora y acatado el principio de confianza mutua entre los jueces europeos", señalan fuentes jurídicas
Fuentes del Supremo señalan: "Aceptar a Puigdemont solo por un delito patrimonial, aparte de que supondría un agravio para los procesados no fugados, generaría un mensaje errático: que los separatistas piensen que todo lo sucedido en los meses de septiembre y octubre pasados en el Parlament y en la calle sale gratis y que, por tanto, no es delito celebrar un referéndum ilegal si se hace con dinero privado. Por eso, no aceptaremos traerlo si Alemania lo entrega solo por un delito patrimonial; que se quede en Alemania o donde quiera el prófugo", señalan fuentes jurídicas, que no entienden cómo un tribunal inferior "que ni siquiera ha investigado este asunto, trate de enmendarle la plana al Tribunal Supremo de España".
La decisión alemana sobre Puigdemont es un asunto trascendental para España, e incluso la que adopte Bélgica sobre los tres fugados allí. Si el tribunal mantiene su criterio actual, ello puede tener consecuencias, advierten fuentes del Supremo, puesto que "socavaría el contenido y finalidad de la euroorden". España es de los países europeos que más peticiones de euroorden reciben del resto de Europa. Las costas españolas son escondite de numerosos criminales perseguidos en sus países, incluida Alemania.
Reinterpretación de la euroorden
“Bastaría que el fiscal general diera una instrucción a sus subordinados reorientando la tramitación de la eurorden para que esa colaboración se endureciera sustancialmente”, señalan fuentes jurídicas. “No es aceptable que cuando España más necesita ayuda de sus socios europeos, porque Puigdemont ha atentado contra las estructuras del Estado, se lleve este revés”. También reina la “preocupación” en el Supremo sobre la postura que adopte Bélgica con los tres secesionistas que se esconden allí, entre ellos el ex conseller Toni Comín. “Si finalmente ambos países no entregan en las condiciones solicitadas por el Supremo español a los fugados, habrán reinterpretado a su modo la euroorden y vaciado su contenido”.
"España siempre se ha mostrado muy colaboradora y acatado el principio de confianza mutua entre los jueces europeos", destacan fuentes jurídicas. “Aquí hemos entregado a Alemania mediante euroorden hasta a un señor que debía 600 euros por impagos reiterados en una autopista”, señala un juez de la Audiencia Nacional. Es esta instancia judicial la que se encarga de tramitar las euroórdenes que llegan de Europa. Por ejemplo, Alemania suele pedir anualmente a España casi el triple de euroórdenes que España a Alemania. Y, a diferencia de lo que está haciendo el citado tribunal alemán, "la Audiencia Nacional no entra en el fondo de las peticiones, los entrega de acuerdo con los postulados de la euroorden y sin cuestionar las investigaciones", señalan.
En el Supremo existe el convencimiento de que los líderes separatistas han logrado imponer su relato "plagado de mentiras" ante gran parte de la opinión pública belga y alemana, y que los jueces de estos países no han sido inmunes.
El juez Llarena está acabando ya el sumario. Su conclusión definitiva llegará previsiblemente a mediados de junio: falta que la Sala de Apelaciones que ve los recursos contra las decisiones del instructor resuelva los recursos sobre el auto de procesamiento. Además, Llarena está a la espera de que el Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, que también investiga a una treintena de separatistas, le envíe una grabación que han pedido las defensas sobre un pasaje relacionado con los tensos acontecimientos de los días 20 y 21 de septiembre pasado frente a la Consejería de Economía, cuando fueron destrozados tres coches de la Guardia Civil durante un registro judicial.
Suspensión de funciones
Por otro lado, el juez Pablo Llarena suspenderá en sus funciones públicas a una decena de líderes separatistas (entre encarcelados y fugados) a finales del próximo junio. Todos ellos elegidos diputados en los comicios del pasado 21 de diciembre. Si finalmente es confirmado el auto de procesamiento dictado por Llarena, los líderes independentistas Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Josep Rull, Josep Turull, Marta Rovira, Carmen Forcadell, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, e incluso Puigdemont, tendrán que dejar sus cargos, puesto que no podrán votar ni delegar el sufragio en otros colegas como viene sucediendo ahora. Ello traerá consecuencias: si los secesionistas pretenden mantener la ajustada mayoría absoluta que ostentan ahora en el Parlament, necesariamente tendrá que correr la lista. Y si no obedecen, incurrirían en un delito de usurpación de funciones, aseguran fuentes del alto tribunal.
O corre la lista, o el independentismo perdería la mayoría
El juez Pablo Llarena ha creado dos piezas separadas sobre el proceso separatista. Una, para los secesionistas procesados y presos o en libertad provisional, y otra para los fugados. Los primeros serán juzgados en octubre. El sumario sigue, pues, adelante.
Los otros, los fugados, serían juzgados si alguna vez regresan a España, en caso de que Alemania y Bélgica persistan en poner pegas a la entrega. Si finalmente es confirmado el auto de procesamiento, los líderes independentistas contra los que exista una orden de prisión, advierten fuentes jurídicas del Supremo, serán suspendidos en sus cargos por el juez Pablo Llarena, que lo comunicará así a la Mesa del Parlament. En ese caso no podrán votar ni delegar el voto. “Y para que corra la lista deberán renunciar expresamente al cargo que ostenten”, añaden estos medios. Es diferente la suspensión de la inhabilitación. Ésta se produciría una vez que los acusados estén, en su caso, sentenciados y condenados.
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