Justicia solo convence a dos catedráticas para formar parte de la comisión de delitos sexuales

La comisión que estudiará una posible reforma sobre los delitos sexuales en España tras la polémica surgida por la sentencia del caso de La Manada y por encargo de ministro de Justicia, Rafael Catalá, se ha convertido en un problema antes de empezar a trabajar. Primero se conoció que la sección penal de la comisión general de codificación estaba formada solo por hombres (20 en total), lo que provocó una carta de protesta de una veintena de catedráticas de Derecho Penal. El presidente de la misma, Esteban Mestre, decidió entonces invitar a participar a seis de ellas en esta ponencia en concreto, como vocales adjuntas. Pero le ha resultado difícil que acepten. De hecho, solo lo han hecho dos mientras otras rechazaban la oferta. La inmensa mayoría de las catedráticas de penal opinan que este parche no es suficiente y quieren que la representación femenina en la sección penal sea permanente, no algo puntual para este caso. Uno de los miembros varones, el catedrático de la Universidad Pablo de Olavide Francisco Muñoz Conde, ha renunciado al cargo en solidaridad con sus compañeras y otros podrían hacer lo mismo este jueves 10 de mayo, cuando se celebre la primera sesión.

Aparte de las dos catedráticas que han aceptado -Avelina Alonso Escamilla, de la Universidad San Pablo CEU y Carmen Lamarca, de la Carlos III- también formará parte de la ponencia como vocal adjunta la letrada de las Cortes Generales Blanca Hernández. Como vocal nata ha sido convocada Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Así al menos consta en la lista facilitada por el Ministerio de Justicia, que incluye también a Mirentxu Corcoy, quien ha declinado la oferta. Ella pensaba que se trataba de incorporarse de forma permanente a la comisión, pero rechaza también la solución de incluir mujeres solo para la ponencia.

La presidenta de la abogacía española acude en calidad de tal, no a título individual. En la nota de prensa sobre la comisión se ha incluido que "el Consejo General de la Abogacía Española espera que la presencia de mujeres en las comisiones de estudio no se limite a un momento ni una situación concreta, ya que para que sean realmente representativas de nuestra sociedad, deben ser paritarias y plurales en su constitución, máxime en un ámbito como el de la Justicia en el que las mujeres ya son mayoría entre las profesionales".

Un portavoz del Ministerio de Justicia explica que la comisión ha sido convocada de urgencia, ante las protestas derivadas de la sentencia de La Manada, para analizar con la máxima urgencia si hace falta alguna reforma, y que la intención del ministerio es que sea un primer paso para la incorporación de mujeres de forma estable. 

"No es razonable"

Mientras tanto, la inmensa mayoría de las catedráticas de derecho penal del país (25 de una treintena) remitieron el lunes por la noche al presidente de la sección una carta pidiendo a todos los miembros del órgano que dimitan para que este pueda renovarse "conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

"No puede haber en 2018 un órgano de estas características formado solo por hombres", explica Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal del País Vasco. "No es razonable. Por eso pedimos una nueva composición en la que la presencia femenina sea al menos del 30%, que sea representativa de la sociedad. No nos vale con que para este caso, y porque se trata de delitos sexuales, se llame a cuatro o cinco mujeres. Nosotras estamos cualificadas también, por supuesto, para estudiar delitos financieros, la prisión permanente revisable o cualquier otra cuestión". Algunos de los miembros actuales de la comisión, hombres, se están planteando su continuidad en el mismo ante las protestas de sus compañeras.

La carta, firmada por 25 mujeres catedráticas de Derecho penal, dice lo siguiente: "A la vista de la rotunda aceptación del manifiesto en el que la práctica totalidad de las catedráticas de Derecho Penal del Estado español hemos coincidido en denunciar la escandalosa exclusión de todas las mujeres académicas y otras profesionales de la sección cuarta de la Comisión General de Codificación de la que ustedes forman parte, y teniendo en cuenta que no nos parece aceptable la solución que se ha propuesto desde el Ministerio de Justicia de incorporar de forma excepcional a seis de nosotras para participar en la elaboración de un informe sobre la actual regulación de los delitos sexuales y sus posibles modificaciones a través de un método de selección arbitrario que permanece en la más absoluta oscuridad, solicitamos la inmediata renuncia de todos los miembros de la mencionada comisión con el fin de que este órgano se reconstruya conforme a los principios de transparencia, calidad académica, trayectoria profesional y paridad de género".

Algunos nombramientos de la actual sección son antiguos, de finales de los años 70, cuando apenas había mujeres catedráticas de Derecho Penal en España. Pero los últimos se hicieron en noviembre de 2015. En estos momentos hay una treintena de mujeres al frente de cátedras de penal en universidades españolas.

Pluralidad geográfica pero ninguna mujer

Según los estatutos de la comisión, los vocales permanentes “serán nombrados libremente por el ministro de Justicia entre juristas de reconocido prestigio que acrediten, al menos, 15 años de dedicación científica al Derecho o ejercicio profesional en el ámbito jurídico”. Y añaden: “Se procurará en su designación asegurar la pluralidad de profesionales del Derecho y de procedencia geográfica dentro de España”. El órgano tiene, efectivamente, pluralidad geográfica, pero ninguna mujer.

Los vocales permanentes de la sección penal son el abogado Javier Boix, los catedráticos de derecho penal Enrique Gimbernat, Francisco Muñoz Conde, Gonzalo Rodríguez Mourullo, Carlos García Valdés, Juan Carlos Carbonell, Juan Córdoba Roda, Luis Arroyo Zapatero, José Luis González Cussac, Manuel Cancio, Borja Mapelli, Jesús María Sánchez Silva, Miguel Polaino, Gonzalo Quintero y Enrique Peñaranda -muchos de ellos, también abogados y algunos han ostentado importantes cargos institucionales- , Francisco Hernández Gil, Gustavo Lescure, el fiscal y exministro de la presidencia Javier Moscoso, y el catedrático de Psicología Ricardo Pellón.

Se trata de una sección de la comisión de codificación que ha sido poco consultada y que como tal no ha participado en las últimas reformas penales que se han llevado a cabo en nuestro país. En los últimos tiempos solo ha sido convocada una vez, durante el verano de 2017, para estudiar los delitos de manipulaciones financieras. Las otras secciones (que tienen también una presencia mínima de mujeres, del 16% en total) son más activas. La de derecho civil, por ejemplo, se reúne de forma habitual y ha participado en numerosas reformas legales.