Las tomas de contacto acabaron en fracaso

Todos lo intentaron y todos fracasaron. Desde la Transición hasta el 2011 hubo en España intentos, formales y oficiosos, para conseguir que ETA dejara de matar. Sin contrapartidas. El diálogo terminó abruptamente en todos los casos y siempre fue ETA quien rompió al constatar que, del otro lado de la mesa, los representantes del Gobierno solo querían negociar la entrega de armas.

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Aunque hay apreciaciones diferentes sobre hasta dónde llegó cada Gobierno en su diálogo con ETA, en la hora final, cuando se ha producido la disolución de la banda terrorista, hay conclusiones coincidentes en los dos partidos que han gobernado España durante la democracia, el PSOE y el PP. Nunca se permitió discutir sobre la unidad de España; no se aceptó hablar de la incorporación de Navarra al País Vasco, del derecho de autodeterminación y de la derogación de la Ley de Partidos. Todo esto sí lo planteó ETA.

En los cuatro intentos de acabar con la violencia, el modo de operar fue diferente; aunque los expertos hablan de “tres más uno”, ya que el cuarto lo protagonizaron los nacionalistas con la izquierda abertzale en el llamado Pacto de Estella (1998).

Durante 1980, el presidente Adolfo Suárez autorizó a su ministro del Interior, Juan José Rosón, que explorara la división de la banda que terminó con la ruptura entre la ETA militar y la política; esta última se integró en Euskadiko Ezkerra y hubo reinserción de sus presos propiciada por el Gobierno de UCD.

Muy avanzadas estuvieron las negociaciones autorizadas por el presidente socialista Felipe González (1989) en las que hubo políticos al frente. Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, y Juan Manuel Eguiagaray, entonces delegado del Gobierno en Murcia. En la segunda fase de la negociación, o diálogo, ya con el Gobierno del PP presidido por José María Aznar, también hubo políticos. Javier Zarzalejos, secretario general de la Presidencia; Ricardo Martín Fluxá, secretario de Estado de Seguridad y Pedro Arriola, asesor del Presidente.

Negociadores sin cargos

En la última, con el presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba como ministro del Interior (2006), se eligió a interlocutores sin cargos institucionales para no involucrar a una autoridad del Estado. Jesús Eguiguren, dirigente socialista vasco; Javier Moscoso, ex fiscal general del Estado, y el abogado José Manuel Gómez Benítez fueron los elegidos. Con este esquema, los cuerpos de seguridad podían mantener su tarea de detención de los terroristas sin comprometer a ninguna autoridad del Estado, explican quienes conocieron de primera mano lo que ocurrió.

“Nunca pasaron de los prolegómenos, ETA siempre rompió el diálogo”, señalan actores de las distintas etapas. Durante las mismas no siempre primó la unidad de las fuerzas políticas. En este ámbito, los socialistas sienten que el PP en la oposición fue muy duro con los Gobiernos de Felipe González y, aún mucho más, con el de Zapatero. El único acercamiento de presos a cárceles vascas se produjo con José María Aznar en la presidencia, y no hubo reproches. La banda seguía su camino de muerte aunque con multitud de detenciones hasta llegar a “la tregua total e indefinida de 1998” que ETA declaró unilateralmente lo que hizo que el presidente Aznar autorizara a comprobar si había voluntad de abandonar las armas. Hubo acercamiento de presos al País Vasco, pero ETA quería negociaciones políticas y ante la negativa de Aznar rompió la tregua en noviembre de 1999.

En 2006, con Rodríguez Zapatero en la presidencia, la banda terrorista anunció “un alto el fuego permanente”. Pero el diálogo terminó de la peor manera posible ya que la banda puso una bomba en la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas que mató a dos personas. A partir de ahí, ya no hubo posibilidad de diálogo. Es ETA la que pone fin a sus días después de verse acosada permanentemente por las fuerzas de seguridad. La disolución ha llegado con un Gobierno del PP y es su presidente, Mariano Rajoy, el que escribirá que no hubo concesiones, como ayer enfatizó, aunque tendrá que hacer frente a quienes consideran que las hubo porque la izquierda abertzalese presenta a las elecciones, lo que ocurrió porque así lo autorizaron los tribunales, algo que no convence a las asociaciones de las víctimas. Pero, ahora sí, el PP y el PSOE caminarán juntos para escribir que el Estado nunca ha cedido ante los terroristas.