Jueces y fiscales rechazan la “intromisión” de Catalá y los ataques de los políticos por La Manada

El amplio rechazo social que ha recibido la sentencia que condena a los cinco miembros de La Manada a nueve años de cárcel por abuso sexual y no por agresión por violar a una joven de 18 años en los sanfermines de 2016; y las movilizaciones y declaraciones de diferentes líderes políticos contra el fallo, han hecho reaccionar a las asociaciones de jueces y fiscales. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJPD) reclamó este sábado la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por sus “inadmisibles” declaraciones del viernes, en las que sugirió al Consejo General del Poder Judicial que actuara disciplinariamente contra el magistrado que firmó el voto particular en el que pedía la absolución de los cinco condenados. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en el ministerio público, lamentó “la intromisión en la labor jurisdiccional de representantes políticos e institucionales”, en especial la del ministro Catalá.

El pasado viernes, el titular de Justicia realizó un viraje en su posición sobre la sentencia de La Manada. Mientras el jueves por la noche recordaba en Twitter que “un principio básico del Estado de Derecho es el respeto a las sentencias judiciales” y recordaba la posibilidad que tienen las partes de recurrir aquello en lo que discrepen, el viernes añadió un matiz notable. A la vista de la ola de indignación que había suscitado la redacción del voto particular en el que el magistrado Ricardo González defendía la absolución de los cinco acusados, Catalá, en una entrevista en la Cadena SER, manifestó: "Si las consideraciones del voto particular se considera que están fuera de lo razonable, existen vías disciplinarias. Hay que dejar que el CGPJ actúe".

Estas declaraciones del ministro de Justicia, para la progresista JJPD, “se suman al descrédito” y “alientan la deslegitimación del Poder Judicial”. La asociación judicial recuerda que el órgano de gobierno de los jueces “carece de competencias” para revisar un voto particular de una sentencia. “La crítica pública y razonada a las resoluciones judiciales es deseable en una sociedad libre y democrática, pero observamos con estupor declaraciones de responsables políticos carentes del más mínimo respeto institucional a nuestra legislación y a nuestros Tribunales”, señalaron en un comunicado.

El mismo jueves en que se hizo pública la sentencia de La Manada, miles de personas se manifestaron delante de los juzgados de toda España contra el fallo, que pese a creer el testimonio de la joven en su integridad, entendía que los cinco jóvenes no actuaron con violencia para mantener relaciones sexuales en grupo con ella intimidándola, sino que se prevalieron de su superioridad física y numérica para ello. Siguiendo la estela de estas concentraciones, los líderes de todo el espectro político expresaron su discrepancia en términos más duros a los habituales. Javier Maroto, del PP, manifestó su “profundo rechazo” y Albert Rivera, de Ciudadanos, dijo que le costaba “asumir” el fallo. En la izquierda, el líder socialista Pedro Sánchez dijo “qué entendemos entonces por violación” y el máximo dirigente de Podemos, Pablo Iglesias habló de “vergüenza y asco”.

"Desprecio a jueces y fiscales"

La Asociación de Fiscales, en otra nota, lamentó “la facilidad con que, en tantas ocasiones, se desprecia la labor de los jueces y fiscales, se realizan juicios paralelos” y “se realizan manifestaciones carentes de rigor”. Esta organización, mayoritaria en las últimas elecciones al Consejo Fiscal criticó que el ministro Catalá, en vez de cumplir con su “responsabilidad” de “fomentar la confianza entre las instituciones”, realice una “intromisión” en la labor de otro poder del Estado. El viernes, la Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente llamaron a la “cordura” y a la “necesidad de respetar” la sentencia y “el trabajo de los tres magistrados” y de los jueces que puedan resolver el recurso contra ella.

Las asociaciones también rechazaron la premura con la que el Gobierno y las fuerzas políticas anunciaron la revisión del Código Penal para aclarar la tipificación de los delitos contra la libertad sexual y endurecer las penas. “Se tiene la tentación de legislar a golpe de noticia”, señalaba la Asociación de Fiscales. Por su parte, Jueces para la Democracia entiende el reclamo de una mayor severidad y contundencia contra la violencia machista, pero recuerda que “el debate legislativo sobre reformas del Código Penal debe de hacerse en sede parlamentaria bajo un sosegado debate público y transparente”.

La Unión Progresista de Fiscales ha expresado su desacuerdo con la sentencia. “En el hecho probado se describe lo que a nuestro juicio son claramente violaciones, pensamos que es necesaria una formación de los jueces en temas de género”. Sobre el voto particular añadieron: “se descalifica solo, victimiza de nuevo a una mujer víctima de graves delitos de forma inadmisible”. Respecto a las críticas políticas, afirmaron que se trata de “un tema delicado del que todos tratan de sacar redito electoral”, y “seguramente muy pocos habrán leído la sentencia”.