El caso de La Manada reabre el debate de la formación de los jueces

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en septiembre de 2017, ya contemplaba el clamor que recogen desde las asociaciones de mujeres hasta la Fiscalía de Violencia de Género: la formación de los jueces en estas materias. Los partidos representados en el pacto aún no se han reunido en la comisión prevista para analizar su seguimiento, pero el PSOE ya ha presentado una iniciativa para desarrollar esa formación, que está pendiente de debate.

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Lo hizo el 19 de abril, apenas una semana antes de que se conociera la sentencia de La Manada y el voto particular de uno de los tres jueces, Ricardo González, que pedía la absolución y vio en los vídeos grabados por los condenados aquella noche a una mujer (la víctima, de 18 años) practicando “actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo”.

La iniciativa prevé incluir formación en la escuela judicial y a lo largo de la carrera y pruebas específicas sobre violencia de género como requisito para concursar a órganos judiciales especializados. Algo que, en parte, ya se hace desde la judicatura pero no de forma constante.

“Falta perspectiva de género en la valoración de las circunstancias de los delitos contra las mujeres”, señala la fiscal coordinadora de la violencia contra la mujer, Pilar Martín Nájera. “Necesitamos más formación tanto los jueces como los fiscales para destruir estereotipos, para luchar contra ideas machistas que están tan interiorizadas que son invisibles”, continúa.

“Se ha avanzado mucho pero no lo suficiente”, concede José Fernando Lousada, magistrado y miembro de la comisión de seguimiento del Plan de Igualdad del Consejo General del Poder Judicial. Tras la aprobación del plan de igualdad del consejo en 2013, se incluyeron en los temarios de oposición materias como la discriminación por razón de género o la integración de los principios de igualdad. Lousada añade que los cursos de formación que se ofrecen —programas anuales sobre violencia de género, igualdad, trata de personas o discriminación— son obligatorios en caso de un cambio a juzgados especializados en violencia de género pero voluntarios en el resto de los casos.

La "segunda violación"

“Al proceso judicial que deben seguir las víctimas la llamamos la segunda violación”, denuncia Mariti Pereira, portavoz de la Federación de Asociaciones de Asistencia a Mujeres Víctimas de Agresiones Sexuales, FAMUVI, que funciona desde 1992. Volver a contarlo, enfrentarte a un careo con el agresor o “que te pongan en duda porque intentas seguir con tu vida”, desgrana la portavoz de FAMUVI como motivos que explican la necesidad de una mayor formación. Añade que se encuentran “a menudo” con pronunciamientos como el del de San Fermín, en los que los jueces estiman que hubo abuso en lugar de violación o en los que uno de los miembros del tribunal pide la absolución. “El mundo de la judicatura queda muy lejos de las ciudadanas, es otro mundo”, lamenta.