“Hay firmas no tan relevantes que han apoyado desde las cámaras de Comercio más secesionistas”

José Bou, presidente de Empresarios de Cataluña, asociación contraria a la independencia, cree que no hay grandes empresarios tras el procésy que no es significativo el porcentaje de los medianos o pequeños que han contribuido económicamente al mismo. “Los empresarios importantes que se manifestaron a favor de la independencia, como Víctor Grifols (Grupo Grifols) o Artur Carulla (Agrolimen), se han descolgado poco a poco porque han visto que ya estaba bien de hacer el ridículo, pero hay otros no tan relevantes que han apoyado económicamente el proceso desde las numerosas cámaras de Comercio que hay en comarcas donde se respira secesionismo por todas partes. Estoy convencido de que saldrán nombres y los jueces tendrán que decidir si han incurrido o no en delito, porque hacer aportaciones a un partido o una entidad es legal, pero si ese partido o esa entidad se dedican a deteriorar el marco legal ya no lo tengo tan claro”, prosigue el empresario. “Sin esos recursos económicos, la Generalitat no habría podido llevar adelante el proceso. Por vía pública o privada se ha invertido muchísimo dinero en España y en Europa para quebrar la legalidad”.

El Círculo Catalán de Negocios, que asocia a empresarios independentistas, declina dar su visión: “No podemos opinar sobre algo que desconocemos”.

Entre los empresarios sometidos a investigación figura de manera destacada Oriol Soler Castanys, uno de los cerebros en la sombra de la hoja de ruta de la ruptura soberanista. Presidente del grupo cooperativo SOM, en 2014 lideró la campaña Ara es l’hora (Ahora es la hora) de la ANC y Ómnium Cultural a favor de la consulta del 9 de noviembre de aquel año, y fue codirector de la campaña electoral de Junts pel Sí en los comicios autonómicos de 2015. Fuentes de la compañía consideran ridículo que se le pretenda implicar en la financiación del procés. “No podría utilizar la cooperativa para esos fines, aunque quisiera”, dicen.

También figuran varias sociedades de Mediapro, que dirige Jaume Roures, a quien la Guardia Civil considera en un informe integrante del comité ejecutivo que estaría encargado del día a día de la implantación de la hipotética república, en su caso como experto en comunicación. Preguntada por este diario por si ha efectuado alguna aportación al procés, una portavoz de la compañía manifestó que no tienen por norma “contestar preguntas capciosas” y declinó dar información sobre los contratos suscritos con la Generalitat, a la que se remitió para cualquier aclaración.