Miles de personas defienden a los detenidos de Alsasua

Miles de personas se manifestaron este sábado en Pamplona para defender a los detenidos por las agresiones a dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas el 15 de octubre de 2016. Más de hora y media de recorrido por las calles de Pamplona. Unas 50.000 personas, según los organizadores, y 35.000 según la Delegación del Gobierno de Navarra. Convocaban las familias de los ocho acusados de un delito de terrorismo y pedían que el suceso sea juzgado por un tribunal ordinario. Este próximo lunes los ocho se sentarán en el banquillo de la Audiencia Nacional.

La manifestación estaba encabezada por unas letras de tres metros de alto que formaban la palabra “Justizia” y culminaba en la Plaza del Castillo de Pamplona en la que Gotzon Urrizola y Belén Pozueta, dos de los padres de los acusados agradecieron la asistencia “a uno de los actos más multitudinarios de las últimas décadas en Navarra”.

Tres de los acusados están en prisión provisional desde noviembre de 2016, cuando el caso fue reclamado por la Audiencia Nacional al juzgado de Instrucción de Pamplona que lo estaba investigando. “No pedimos impunidad, exigimos justicia”, remarcaba Pozueta, madre de uno de los encarcelados. Los ocho jóvenes, siete hombres y una mujer, se enfrentan a peticiones de pena que van desde los 62 a los 12 años de cárcel. Los familiares reconocían que “son hechos que nunca debieron ocurrir”, pero señalaban que en 2016 se produjeron 9.571 casos de agresiones a agentes de la autoridad en España y sus hijos “ya han cumplido más tiempo en la cárcel que los 9.570 casos restantes”.

Respaldo de las instituciones navarras

La convocatoria contaba con el respaldo de la mayoría del Parlamento de Navarra, que el pasado lunes aprobó una declaración institucional llamando a la participación, con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e IE y la oposición de UPN, PP y PSN. También apoyaba la movilización el Gobierno foral, representado por la consejera portavoz, María Solana, presente en la marcha, así como el Ayuntamiento de Pamplona, representado por el alcalde Joseba Asirón (EH Bildu).

La presidenta, Uxue Barkos (Geroa Bai), no asistió, pero reclamó en una entrevista en la Cadena SER que “no se aplique el código penal en función del código postal” solicitando a la Justicia “proporcionalidad para unos hechos que habitualmente se dirimen en un juicio de faltas”. Al inicio de la marcha, el alcalde de Alsasua, Javier Ollo (Geroa Bai) destacó la pluralidad de quienes apoyaban la convocatoria: “Tenemos diferencias a la hora de valorar estos hechos, pero hay un elemento que nos une: que estos hechos no se pueden calificar como terrorismo".

Cargos de los cuatro partidos que apoyan al ejecutivo navarro y representantes de los sindicatos Comisiones Obreras, ELA y LAB fueron por detrás de los convocantes. La petición de que se retire la calificación de terrorismo a los sucesos de Alsasua también cuenta con el respaldo de “88 diputados de ocho partidos diferentes y 52 europarlamentarios”, señalaron Urrizola y Pozueta. También se sumaba a esa solicitud Amnistía Internacional. El presidente de la Sección Española de esa organización, Esteban Beltrán, consideró que esta calificación se debe a “la vaga definición del terrorismo en el Código Penal”.

Los hechos se produjeron la madrugada del 15 de octubre de 2016 cuando dos guardias civiles y sus parejas disfrutaban de la noche de Ferias de Octubre en Alsasua y fueron rodeados y agredidos por un grupo en el Bar Koxka de esta localidad. Uno de los agentes sufrió la rotura de un tobillo. Según la fiscalía, la agresión se enmarca en una estrategia para amedrentar a las Fuerzas de Seguridad del Estado. El próximo martes, varias organizaciones de víctimas del terrorismo han convocado una concentración de apoyo a los agentes agredidos.