El ‘Spanish Deep State’ y el arresto de Hervé Falciani

El arresto en Madrid del informático Hervé Falciani, colaborador de la justicia española y de autoridades tributarias de Estados Unidos y varios países de Europa en la caza de fortunas ocultas y fraudulentas ¿es un botón de muestra de cómo funciona el Spanish Deep State o Estado profundo?

Deep State. El término se utiliza en EE UU tanto en la ciencia política como en medios de comunicación: describe la existencia de ciertos estamentos con poder que son relativamente permanentes dentro de los diferentes gobiernos, estamentos cuyas políticas y planes no se ven afectados por el cambio de las administraciones. Estas se suceden, pero lo que allí se llama también the powers that be y aquí denominamos los poderes fácticos, permanecen.

Falciani (Montecarlo, 1972) fue detenido por la Policía española el pasado 4 de abril.

Veamos la secuencia de los hechos.

El domingo 18 de febrero se hace público que la exdiputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), Anna Gabriel, se encuentra en Suiza. Faltan tres días para su declaración como investigada en el Tribunal Supremo, citada por el juez instructor de la causa de rebelión Pablo Llarena el 21 de febrero. A raíz de la noticia, y aunque todavía no se aclara si Gabriel volverá a España para prestar declaración, envío, después de hacer algunas averiguaciones en Ginebra, a mi cuenta de twitter una primera interpretación:

Un diario digital de Cataluña se hace eco del tuit inmediatamente y ofrece a sus lectores, con titulares de noticia, el mismo domingo, la relación entre Falciani y la decisión de Gabriel, pendiente de confirmar, sobre no comparecer el miércoles 21 ante el juez Llarena.

Cualquier parecido con la realidad por supuesto puede resultar pura coincidencia.

Pero el hecho es que al meses siguiente, lunes 19 de marzo, la policía española informa a Suiza que una orden de búsqueda contra Falciani, enviada por la justicia helvética el 3 de mayo de 2017, es decir, casi un año antes, era “válida” en España.

La historia, pues, se repetía.

La primera vez, como tragedia.

Hervé Falciani ya había sido arrestado el 1 de julio de 2012 en Barcelona a solicitud de una orden internacional de detención para extradición de cuya ejecución se hizo cargo el juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, al frente del cual se encontraba el juez Eloy Velasco (el juez titular, Manuel García-Castellón, se hallaba en servicios especiales como magistrado de enlace en Roma, Italia).

Las autoridades helvéticas querían su entrega por cuatro delitos: sustracción de información, violación del secreto comercial, violación de secreto bancario y espionaje económico. Porque, en aquellas fechas, las autoridades judiciales ya estaban preparando el juicio contra él.

Falciani permaneció detenido cinco meses en la prisión de Valdemoro hasta el 17 de diciembre de 2012, cuando la sección segunda de lo penal de la Audiencia Nacional lo puso en libertad provisional.

La Agencia Tributaria conocía bien a Falciani.

El informático de nacionalidad francesa e italiana que había trabajado en el banco HSBC en Suiza había colaborado con sus técnicos tras descubrir una gigantesca red de evasión fiscal internacional, un caso único en la historia: 130.000 cuentas. De ellas alrededor de 18.000 se repartían entre Francia, Italia y España. Falciani aportó a la ministra francesa Christine Lagarde los datos recolectados, quien a su vez los envió en 2010 a distintos países de la UE, una operación que se conoció con el nombre de Lista Lagarde. Y así, Falciani se convirtió en un valioso colaborador de las autoridades tributarias de España y de la Fiscalía Anticorrupción.

Algunos de los nombres de defraudadores que trascendieron en aquellas fechas fueron los de Liliane Bettencourt, del grupo L´Oréal; la familia de joyeros Bulgari; Arlette Ricci, de la marca de perfumes italiana Nina Ricci; o el modisto Valentino.

La Agencia Tributaria española, por su parte, informó que había investigado con la información de Falciani a 659 importantes evasores, entre los cuales, a raíz de un procedimiento penal en la Audiencia Nacional, archivado en 2012, se pudo saber que estaba la familia del banquero Emilio Botín, que había presentado una regularización a Hacienda por alrededor de 2.000 millones de euros y abonado 211 millones.

El uso de los datos, en efecto, dio lugar a ese y a otros múltiples procedimientos en España, algunos de los cuales han llegado al Tribunal Supremo, órgano que, a través de varias sentencias, ha validado los datos utilizados que procedían de la aportación de Falciani.

Todavía es hoy el día en el que hay recursos de amparo pendientes de resolver ante el Tribunal Constitucional en relación a alguno de dichos procedimientos.

El caso es que una vez recibida la documentación de Suiza en España, el consejo de ministros, como es preceptivo, debió pronunciarse. El 3 de agosto de 2012, adoptó el acuerdo de abrir la vía judicial de la extradición.

En la Audiencia Nacional el caso de la extradición de Falciani había correspondido, según se ha apuntado, al juzgado central de instrucción número 6. En aquellos días, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional era Javier Zaragoza; la fiscal Dolores Delgado quedó encargada de llevar las actuaciones junto con el juez Velasco.

En la vista del juicio de extradición, celebrado el 15 de abril de 2013, en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional, prestaron declaración en calidad de testigos Luis Pedroche, director general de la Agencia Tributaria, entre 2004 y 2010; Carlos Ocaña, secretario de Hacienda entre 2006 y 2011, y el fiscal francés Eric Montgolfier. El abogado Juan Enrique Garcés asumió la defensa de Falciani.

La sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, integrada por los magistrados Ángel Hurtado, Julio de Diego y José Ricardo de Prada (ponente) denegó el 8 de mayo de 2013 la extradición tras señalar que no se daba el principio de doble incriminación al analizar los delitos, el de revelación de secreto comercial, entre ellos.

“En nuestro derecho, el secreto no es un valor o un bien en sí mismo que merezca en sí y por sí mismo ser protegido, sino como elemento puramente instrumental para proteger lo que son auténticos bienes jurídicos merecedores de protección, tales como son la intimidad, la libre competencia, el secreto de empresa, o la seguridad del Estado. Por ello resulta un elemento imprescindible la licitud de aquella información que se encuentra amparada bajo el secreto, bien sea bajo la protección de la intimidad o bajo la protección del secreto de empresa y, en todo caso, existen intereses superiores que relevan de este secreto y justifican la cesión de la información en favor de determinados sujetos públicos, además de interesados, legitimados para conocer la información, tales como son las autoridades administrativas competentes en materia de defraudación tributaria, y específicamente el Ministerio Fiscal y los Tribunales, en la investigación y persecución de ilícitos penales”, señala el auto firmado por los tres magistrados.

Los datos que Falciani había facilitado a las autoridades de Francia, España, Alemania, Italia y Estados Unidos, precisan los magistrados, son muy relevantes. “Consta que con su colaboración ha hecho llegar de forma eficaz dicha información a autoridades administrativas y judiciales de varios Estados, entre ellos España, lo que ha producido como efecto directo e inmediato que se hayan desvelado y se sigan desvelando muchas situaciones delictivas encubiertas, amparadas o permitidas por la propia entidad financiera y que han permanecido ocultas hasta el momento, dado que hasta ahora no había sido posible realizar una investigación eficaz”.

Las autoridades judiciales de Suiza celebraron el juicio para el cual habían solicitado la entrega de Falciani en noviembre de 2015. Sin presencia del informático.

Resultó, pues, condenado por un único delito, revelación de secreto comercial. Una vez confirmada la sentencia del Tribunal Penal Federal suizo, las autoridades cursaron en mayo de 2017, según hemos apuntado, una nueva orden internacional de detención por el delito —revelación de secreto comercial—, el único delito que había merecido condena.

Un delito, vale la pena recordar, que ya en mayo de 2013 había sido objeto de denegación por parte de la Audiencia Nacional. Es decir: se trataba de cosa juzgada.

La segunda vez, como farsa

El 3 de mayo de 2017, las autoridades helvéticas introducen los datos de la sentencia contra Falciani y emiten una nueva orden de detención internacional por el delito de revelación de secreto comercial.

Entre esa fecha y la detención de Falciani el 4 de abril, ¿qué ha pasado?

El 18 de febrero, según se ha apuntado, trasciende que la exdiputada Anna Gabriel, citada a declarar por el magistrado Llarena, se encuentra en Suiza desde hace varios días. Anuncia desde Ginebra antes del 21 de febrero, día en que debe comparecer en el Tribunal Supremo, que no lo hará.

Casi un mes después, el 23 de marzo, la diputada y secretaria general de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Marta Rovira, procesada por el magistrado Llarena no acude al Supremo y anuncia que ha huido a Suiza.

El 4 de abril, finalmente, la policía arresta a Falciani cuando se apresta a dar una conferencia en la Universidad de Pontificia de Madrid. El informático suele visitar la capital española para participar en reuniones en la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria, donde mantiene su colaboración. Falciani es enviado a los calabozos en la Comisaría General de Policía Judicial, Centro Policial de Canillas, en la calle Julián González Segador.

Al día siguiente, 5 de abril, Falciani es trasladado a las 11.30 horas a la Audiencia Nacional, para comparecer en el juzgado central de instrucción número 6, al que por antecedentes, al haber instruido la primera solicitud de arresto para extradición le corresponde el asunto.

Diego de Egea, juez de apoyo del titular, Manuel García- Castellón, le va a tomar declaración.

¿A quién corresponde por antecedentes el caso? A la fiscal Dolores Delgado.

La causa recae por turno en Enrique Miro Rodríguez, fiscal que ha llegado a la Audiencia Nacional en octubre de 2017. Miró y Delgado llegan al acuerdo de que es más eficaz, por su conocimiento de la causa, sea la fiscal que llevó el asunto en 2012 y 2013, la que acuda a la comparecencia de Falciani.

Sin embargo, no será posible. El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, asume la representación de la Fiscalía; la fiscal Delgado queda al margen.

En la comparecencia, Carballo solicita prisión extradicional provisional incondicional para Falciani. El teniente fiscal explica que no ha tenido tiempo de estudiar los detalles del caso y que por ello, por el riesgo de fuga, cabe prisión incondicional. Una medida cautelar que precisamente por su conocimiento y participación en la investigación de 2012, la fiscal Delgado de ninguna manera podía solicitar porque la orden de detención se hacía por el mismo delito —revelación de secreto comercial— que había llevado a la Audiencia Nacional a denegar la extradición.

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El juez Egea desestima la pretensión del fiscal Carballo en atención al auto de denegación de la extradición del 8 de mayo de 2013 y al hecho que Falciani tiene domicilio conocido pero impone rigurosas medidas cautelares que prácticamente confinan a Falciani al destierro en Jávea.

La versión de la policía española a posteriori de los hechos: el 19 de marzo se desempolva la orden de detención helvética y se introduce en la base de datos del sistema SIRENE.

El 19, dicen las fuentes policiales, la policía española, envia esa información a Suiza después de sugerir al juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional.

"La instrucción de la autoridad judicial fue la de retirar el escrito de validez para convertirlo en una nueva orden de detención", señalan las fuentes policiales, según información de la agencia Europa Press del pasado 7 de abril.

Según esta versión la sentencia del tribunal helvético contra el experto informático “es firme desde el 02.05.2016 conforme a la legislación suiza, no hay necesidad de emitir una orden de detención contra esta persona al tener la sentencia el mismo rango/validez que una OEDE (Orden de Detención y Entrega Europea)”.

Problema: fuentes judiciales de la Audiencia Nacional con acceso a la tramitación de la causa en el juzgado central de instrucción número 6 han negado a EL PAÍS la versión policial de los hechos. El juez De Egea no tuvo conocimiento de esas presuntas gestiones policiales ante el juzgado.

Por su parte, fueron las autoridades helvéticas quienes han aclarado públicamente que la orden de detención internacional de Falciani se remonta a mayo de 2017 y no al 19 de marzo de 2018 como parecía desprenderse de la actuación policial.

Fuentes consultadas por este periódico señalan que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha asumido esta operación de Deep State a sabiendas de que los jueces no admitirían la solicitud de prisión. Sin embargo, han querido enviar el mensaje a las autoridades helvéticas de que el Gobierno de Rajoy —vía Fiscalía— hace lo que está en sus manos para entregar a Falciani.

Sin embargo, este “mensaje” ha recibido un golpe también desde Suiza. Folco Galli, portavoz de la Oficina Federal de la Justicia (OFJ) o Ministerio de Justicia en Suiza, ha declarado que Falciani no será “moneda de cambio” con Marta Rovira.

Ahora tendrá que llegar la documentación desde Suiza. Y corresponde al consejo de ministros, como en 2012, abrir la vía judicial de la extradición de Falciani. En base a la resolución de la Audiencia Nacional del 8 de mayo de 2013 y al hecho de que Suiza está solicitando la entrega de Falciani por el mismo delito ya denegado, las circunstancias han cambiado, por lo que sería difícil entender una luz verde de Rajoy al proceso de extradición.