Los abogados de casos mediáticos, en la diana

“Sinvergüenza”, “¿Cómo se te ocurre aceptar un caso así?”, “Tiene cojones defender a la tía esta”. Esteban Hernández Thiel comenzó a escuchar comentarios de este tipo y a recibir mensajes en su buzón de Facebook y en su correo electrónico poco después de que le asignaran en el turno de oficio la defensa de Ana Julia Quezada, asesina confesa del niño Gabriel Cruz, de ocho años. Se trata de un prestigioso abogado almeriense que lleva 25 años ejerciendo y que está apuntado al turno de oficio por puro compromiso social. A su compañera de despacho no le ha ido mejor. “Beatriz Gámez Salcedo, abogada del diablo”, han escrito. “Y dormirás tranquila y todo...”. Se ha criticado hasta que sonría. La vida profesional de María Fernanda Álvarez, abogada de El Chicle, acusado de matar a la joven Diana Quer, ha sido analizada al milímetro después de que le encargaran en su colegio profesional llevar el asunto.

Ocuparse de la asistencia letrada de acusados de crímenes que han repugnado especialmente a la opinión pública puede generar una cierta presión extra en los abogados, pero las redes sociales la han multiplicado por mil en los últimos años y provocado en algunos casos campañas contra personas que se limitan a cumplir con su trabajo y cuyo cometido es esencial: sin ellos no puede haber juicio ni condena.

“Esto, que parece obvio, resulta que casi se está poniendo en duda en estos tiempos”, reflexiona Hernández Thiel. ““Notas muchísima hostilidad, incluso tu familia se preocupa de que te vayas a quedar sin trabajo por llevar un caso así. Es sorprendente que incluso a clientes particulares que han sido acusados ellos mismos de cometer delitos les ha parecido mal. Se debe hacer aún mucha pedagogía. Nosotros somos una pieza imprescindible del sistema, una pata de la mesa. Si no estamos, se cae. El principio contradictorio implica que el juez debe tener todos los puntos de vista: tanto el que favorece más al reo como el que más le perjudica”.

“Ahora parece que te tienes que disculpar por haber aceptado esta defensa”, añade Gámez. “Incluso entre compañeros, que es lo más sorprendente. En medio de este clima social, hay abogados que también te critican. Trato de no mirar las redes. Solo he pedido a mis amigos que, si ven alguna amenaza fuerte, me avisen. Me han llegado a decir que cómo puedo defender un caso así teniendo hijas… Pues haciéndolo. Te toca y te pones a ello. No podemos volver a la justicia vengativa de otras épocas”. Cuando el proceso es en una ciudad pequeña y el caso ha ocupado horas de televisión, todo se complica aún más.

Labor vocacional

En España hay 45.348 abogados apuntados al turno de oficio de un total de 142.061, según los últimos datos facilitados por el Consejo General de la Abogacía Española, de 2017. Uno de cada tres, más o menos. En el turno penal hay 38.499. Hay abogados que están empezando, pero muchos siguen haciendo esta labor toda la vida por responsabilidad social. Por lo general, cobran poco, tarde y mal por ello. Los baremos son distintos según las regiones. Las comunidades autónomas que tienen las competencias de justicia transferidas los fijan ellas. Para el resto, hay otro establecido por el Ministerio de Justicia. En todo caso, por un juicio de asesinato por jurado es fácil cobrar no más de 300 o 400 euros.

El turno de oficio, por otro lado, cada vez es más exigente y está más especializado (delitos graves, con jurado, violencia de género...), para garantizar una buena asistencia letrada. El trabajo de Cristóbal Sitjar, por ejemplo, que llevó de oficio la defensa de Antonio Ortiz, conocido como el pederasta de Ciudad Lineal —condenado a 70 años y medio de cárcel por secuestrar y agredir sexualmente a cuatro niñas de cinco a nueve años— fue elogiado por el Tribunal Supremo de forma expresa, algo poco habitual.

"En supuestos como el que ahora centra nuestra atención, el significado del turno de oficio como instrumento para hacer realidad el compromiso constitucional de asistencia jurídica gratuita a quienes carezcan de recursos para litigar adquiere todo su valor”, señala la sentencia, del pasado 16 de enero. “Nuestro reconocimiento, por tanto, a quien con su trabajo ha prestigiado la labor cotidiana y silenciosa de todos aquellos letrados que, día a día, hacen posible, con la máxima solvencia, el derecho a la defensa y a un proceso con todas las garantías”.

Cuando el abogado es especialmente brillante, parece que molesta aún más a algunos. En el caso de Hernández Thiel, por ejemplo, hay personas que se han indignado precisamente porque sea un buen abogado con fama de meticuloso. “Tiene narices que le toque este, que es capaz de que hasta salga absuelta', he llegado a escuchar”, relata. “Es hasta halagüeño, pero en fin. No tiene sentido desear que estos acusados tengan letrados sin experiencia para que no sean bien defendidos”.

La presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, tuvo que salir al quite ante las críticas a los letrados de Ana Julia Quezada. Publicó un artículo pidiendo respeto al derecho de defensa y a quien lo ejerce. “Sin defensa no hay justicia y sin justicia no hay Estado de derecho”, concluía.

"Además, no es nada sencillo renunciar a un caso del turno de oficio”, explica la letrada Yolanda Mompel, que lleva 30 años en el penal. “Tiene que estar autorizada por el decano de tu colegio profesional y por motivos personales y justos: que tengas alguna incompatibilidad clara que puedas probar”. “A un compañero que renunció y que tenía incluso cartas amenazantes del preso al que estaba defendiendo lo procesaron por obstrucción a la justicia, porque no se pudo celebrar el juicio”, añade Hernández Thiel. “Yo tengo claro cuál es mi deber: defender el asunto. ¿Cómo lo encajas? Pues pones los sentimientos en una cajita y te pones a trabajar. Yo soy un técnico que cumple con una obligación legal y deontológica, como un médico. Y lo mismo vale para los que aceptan casos así de manera privada. Un abogado es imprescindible para el sistema”.

"Antes se trabajaba con más tranquilidad"

Letrados de horrendos crímenes recuerdan que hace años esto no era así. No ocurrió, por ejemplo, en 2007 durante el juicio al 11M, un atentado que había causado 192 muertos, más de 1.500 heridos, y que había sumido al país en la conmoción. “A pesar de ello, no tuvimos la más mínima presión”, recuerda Eduardo García Peña, un abogado con 26 años de experiencia que sigue en el turno porque cree que es una obligación moral para los letrados. Su despacho llevó a tres acusados en aquel proceso: dos de oficio y uno de pago. “El caso se politizó, con algún medio en contra de la versión oficial, pero no hubo críticas por defender a terroristas. Jamás tuve sensación de rechazo, ni mi entorno estaba preocupado por la situación. Da un poco de miedo pensar que ahora hay que reivindicar cosas tan básicas como el derecho de defensa”.

El caso de Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo, llegó a manos de Paloma Pérez Sandino en 2009. “Trabajé muy tranquila”, recuerda. “Aunque es verdad que Carcaño ya había confesado y mi labor siempre ha sido más de mediación para tratar de encontrar el cuerpo. Cada caso es un mundo, pero creo que en el acoso a los compañeros tiene mucho que ver el tratamiento que hayan dado los medios al suceso, el anonimato de las redes sociales, la ignorancia sobre los mecanismos procesales y que, al final, los letrados somos el eslabón más débil. ¿Alguien va a por los jueces y los fiscales? No, es más fácil atacar al abogado. Pero que nadie olvide que para que las víctimas puedan ser de alguna forma resarcidas debe haber un letrado que defienda a ese acusado”.