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Castilla-La Mancha garantizará el cuidado de los discapacitados psíquicos mayores de edad sin familia

Los beneficiarios de la ley, pionera en una comunidad autónoma y con un presupuesto de cinco millones en 2018, serán más de 35.700 personas

Emiliano García- Page, en las Cortes de Castilla- La Mancha. rn Ampliar foto
Emiliano García- Page, en las Cortes de Castilla- La Mancha. EFE

Castilla-La Mancha se convertirá este martes en la primera comunidad autónoma que garantiza por ley el cuidado de los casos más graves de personas con discapacidad psíquica mayores de 18 años sin apoyos familiares. Para los menores ya existe un sistema de protección específico. La Ley de Protección y Apoyo Garantizado está dirigida a 35.716 personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental, daño cerebral y deterioro cognitivo —25,36% de los ciudadanos de la comunidad autónoma con discapacidad— que tienen limitada su autonomía personal para la toma de decisiones. En la región hay 140.823 personas valoradas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que engloban a las personas con discapacidad física, psíquica y sensorial.

El presidente autonómico, el socialista García-Page —gobierna en coalición con Podemos desde el verano pasado (es el único Ejecutivo autonómico conjunto)— ya adelantó en el debate del estado de la región de octubre de 2016 su intención de impulsar la que, a su entender, era "la ley con más alma de las que se nos pudieran ocurrir". "Quiero que esta sea la primera región que apruebe una ley que garantiza a los padres que a su fallecimiento la sociedad se hará cargo [de sus hijos] afectados por alguna grave deficiencia o discapacidad (...) Las leyes no sólo tienen que tener un alto contenido moral, sino que tienen que estar a prueba de vendavales, de recortes y de cosas parecidas", fue su compromiso. La iniciativa de García-Page partía de una "pregunta vital que se hacen todos los familiares con personas gravemente dependientes". "¿Qué va a pasar con mi hijo cuando nosotros no estemos en esta vida?, se preguntan. Y no sé si una ley los consolará, no sé si una ley les dejará tranquilos, pero una ley tiene que cumplir con esta ansiedad vital", expresó en su discurso sobre el estado de la región. El dirigente del PSOE se ha comprometido a blindar el cuidado de los discapacitados psíquicos con su inclusión en el Estatuto de autonomía.

El Ejecutivo de García-Page presentó en junio del año pasado —por entonces estaba enfrentado a Podemos tras su falta de apoyo a los presupuestos y un gobierno de coalición era impensable— a información pública el borrador del anteproyecto de la ley. El objetivo era regular "un sistema de planificación de apoyos" para los beneficiarios potenciales de la ley que tengan limitada su autonomía personal para la toma de decisiones "y que en la medida de lo posible con el apoyo de su familia puedan manifestar sus preferencias sobre la atención integral, igualdad de oportunidades y la participación activa en el entorno comunitario cuando sus apoyos familiares falten".

La normativa contempla el "plan personal de futuro". Se trata de un proyecto diseñado por la persona con discapacidad y su familia, con asesoramiento y orientación de un agente mediador, que recogería las preferencias y prioridades sobre qué apoyo desearía recibir "cuando los apoyos naturales familiares no puedan desempeñar esa función". También establece "una garantía de apoyo residencial" una vez que la persona no cuente con sus apoyos familiares.

La dotación presupuestaria prevista para 2018 para el desarrollo de la ley es de cinco millones de euros. Se destinarían a la creación de "unidades de protección y apoyo" que serán las encargadas junto a las seis fundaciones tutelares de elaborar un plan personal de futuro para aquellas personas con discapacidad que tengan limitada su capacidad de toma de decisiones. Con el presupuesto se crearán 105 plazas residenciales para personas con discapacidad intelectual, 85 nuevas plazas residenciales para enfermedad mental y se impulsará la creación de plazas de atención especializada.

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, ha destacado la colaboración en la elaboración de la ley del CERMI Castilla-La Mancha y ha añadido que, durante la fase de consulta pública, se presentaron 26 alegaciones al texto, de las que se incorporaron 21 (80%). La mayoría corresponden a correcciones de errores o mejora de técnica normativa. De todas ellas la más importante es la que elimina del texto el término “discapacidad psíquica” referido a las personas que son destinatarias de la norma y que es sustituido por personas con discapacidad que presentan limitaciones en su autonomía para la toma de decisiones. Además se incorporan menciones a la accesibilidad de los documentos que contengan el plan personal de futuro.

El Gobierno de Castilla-La Mancha reclama al Estado casi 400 millones de euros que le adeuda por el mantenimiento del sistema de atención a la dependencia.